SEVILLA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -
Las constructoras e ingenierías andaluzas continúan "sin poder levantar cabeza", ya que "ninguno de los mecanismos" de pago, en concreto, el Plan de pagos a proveedores y la inyección económica del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), ha resuelto el problema de la deuda que la Administración mantiene con las empresas de la obra civil.
En torno a esta problemática, el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) ha reunido a medio centenar de firmas andaluzas, afectadas por la morosidad pública, que han participado en una jornada donde han conocido diferentes opciones y los recursos legales para reclamar esta deuda judicialmente. Esta jornada se ha celebrado en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Andalucía, Ceuta y Melilla.
El presidente de Ceacop, Enrique Figueroa, ha subrayado al inicio de este acto que "el plan de pagos a proveedores ha sido una oportunidad perdida, por parte de la Junta de Andalucía, que tenía en su mano la posibilidad de aliviar la sequía financiera de las empresas, pagándoles todo lo que se les debe de obras que se han ejecutado y que están en uso". Sin embargo, ha apuntado que "se ha dejado escapar, jugando con la supervivencia de las constructoras e ingenierías andaluzas".
En referencia al FLA, Figueroa ha animado a la Junta de Andalucía "a seguir pagando, después de que entre el 27 y el 28 de diciembre el Gobierno autonómico abonara a las empresas cerca de 200 millones de euros de pagos pendientes", ya que "aún quedan más de 500 millones de euros y que la Junta todavía no nos ha aclarado cómo va a pagar y cuándo. Y con esta incertidumbre las empresas lo tenemos muy difícil para permanecer vivos".
En la apertura de la jornada, el decano de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, José Abraham Carrascosa Martínez, ha lamentado que la Ley de Lucha contra la Morosidad, vendida hace unos meses "a bombo y platillo", "no ha servido para nada, porque sencillamente se incumple y no hay ninguna consecuencia para la Administración".
En su opinión, se está ante un problema que crea "un privilegio de la Administración y pone en peligro realmente la continuidad de las empresas; y, con ella, la de sus trabajadores y familias", por lo que, ha subrayado que no se trata de una mera cuestión económica, sino de una cuestión social y de supervivencia.
