Advierten de que Andalucía "se enfrentaría a una sanción de 40 millones el próximo año por incumplir con la directiva europea"
SEVILLA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
Las asociaciones Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción y Obras Públicas (Ceacop), la patronal de empresas de la construcción Fadeco Contratistas y la Asociación de Ingenieros Consultores de Andalucía (Asica) han presentado en el Juzgado de Guardia de Sevilla una denuncia formal donde ponen de manifiesto el "presunto delito" que podría estar cometiendo la Junta de Andalucía, en relación con la aplicación del canon del agua, toda vez que lamentan que el Gobierno andaluz "no ha utilizado el canon de mejora del agua y ha paralizado la construcción de depuradoras".
En su denuncia, han explicado que en 2010 la Junta presentó un plan de 1.765 millones de euros para la construcción de obras de depuración y saneamiento "y cinco años después sólo se han invertido 59 millones". En ese sentido, han apuntado que el Gobierno autonómico "ha recaudado 346 millones a través del canon del agua".
Asimismo, han precisado que Andalucía "se enfrentaría a una sanción de 40 millones de euros el próximo año por incumplir con la directiva europea".
Han explicado que el canon de mejora de infraestructura hidráulica de depuración de interés de la comunidad autónoma, el llamado canon del agua, se incorporó a la factura del suministro de todos los andaluces desde mayo de 2011. Este canon nace en 2010 recogido en la Ley 9/2010 de Aguas de Andalucía, una legislación que deriva la Directiva europea Marco de Aguas, que establece que a 31 de diciembre de 2015 todos los núcleos urbanos superiores a 2.000 habitantes deben depurar sus aguas.
Han recordado que en octubre de ese año el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprueba un listado de 300 obras de depuración y saneamiento declaradas de interés para la comunidad y que financiarían con cargo al canon del agua. La inversión total presentada por la Junta alcanzaba los 1.765 millones de euros.
Estos tres colectivos han asegurado que "desde 2011 hasta hoy la Junta de Andalucía ha recaudado a través de esta tasa 346 millones de euros, sin embargo la contratación ha sido mínima". Así, ha explicado que "hasta el momento únicamente se han invertido 59 millones de euros", cifra que, en palabras del presidente de Ceacop, Francisco Fernández Olmo, "no se aproxima ni de lejos a lo que sería el cumplimiento de la Ley". La patronal señala que el grado de cumplimiento de las inversiones comprometidas se queda en el 3,3 por ciento.
El presidente de Fadeco Contratistas, Francisco Carmona, ha apuntado que con esta denuncia "las tres organizaciones representamos los intereses de las empresas del sector de la construcción, con el objetivo de preservar el hecho de que haya el mayor grado de dinamismo en esta etapa tan difícil".
Carmona ha añadido que presentan esta denuncia como consecuencia de la actuación de la Cámara de Cuentas de Andalucía, que "en su informe sobre Fiscalización del seguimiento contable de los gastos con financiación afectada en el ámbito de la Junta de Andalucía arroja una serie de cuestiones que son de suficiente entidad como para ponerlas de nuevo en conocimiento del Juzgado y que sea quien valore y tome decisiones sobre las averiguaciones o las diligencias que haya que realizar".
Ha recordado que en el citado informe la Cámara de Cuentas de Andalucía "recoge que hasta 2013 la Junta ha recaudado 133,1 millones de euros, pero solo se han invertido 31,4 millones".
Respecto a la inversión prevista del Gobierno autonómico para estas actuaciones en 2016, el presidente de Ceacop ha enfatizado que "el problema es que nos encontramos con que las ejecuciones presupuestarias escasamente llegan al 40 por ciento de lo que se presupuestaba. Todos los años el presupuesto ha incluido una partida para obras de depuración y saneamiento que no se ha concretado, salvo los 59 millones de euros que estamos comentando, que están adjudicados aunque no son obras finalizadas".
Por su parte Ignacio Sánchez de Mora, presidente de Asica, ha matizado "que ni muchísimo menos están pagados. La Junta de Andalucía no está pagando a sus proveedores, bien de construcción, bien de ingeniería". A lo que ha añadido que "lo poco que se está licitando no se está pagando".
"PROBLEMA DE EFICIENCIA"
Francisco Carmona ha subrayado la importancia de esta cuestión, ante la tasa de desempleo de nuestra región, "cuando hay un recurso financiero que se está cobrando y es una fuente para financiar la ejecución de estos proyectos aquí no cabe relativizar ni quitar importancia. Nos parece que aquí lo que hay es un problema de eficacia y eficiencia en la gestión pública".
Ha añadido que "si no hay una prórroga de la Directiva Marco Comunitaria, a partir del 1 de enero todos aquellos vertidos de aguas que no tengan el grado de depuración que exige la normativa, empezará a generar sanciones económicas de una cuantía económica importante".
Respecto a este asunto, el presidente de Asica ha apuntado que España "tiene en este momento tres procedimientos de sanción abiertos por motivos medioambientales, dos de ellos corresponden a vertidos de aguas no depuradas por infraestructuras no construidas". Ha añadido que "aunque aún no han llegado las sanciones, a partir del mes de enero si no se construyese nada más Andalucía se enfrentaría a una sanción de 40 millones de euros el primer año, y 20 millones los años sucesivos hasta la construcción de estas dotaciones".
Ha añadido que Portugal "es un ejemplo de la puesta en marcha de estas sanciones, ya que recientemente la Unión Europea ha multado a nuestro país vecino por estos conceptos".
Con la denuncia presentada este miércoles, estas tres asociaciones demandan a la Junta que, en primer lugar, cumpla la Ley de Aguas y defina un calendario de ejecución de las actuaciones declaradas de interés.
Sánchez de Mora ha destacado que "nuestras tres organizaciones llevan años pidiendo un listado de actuaciones para dimensionar la estructura de las empresas, y saber cuál es el trabajo que tenemos que hacer entre el sector público y el privado. Nunca nos han dado ningún tipo de documento".
En paralelo las constructoras e ingenierías reclaman a la Administración conocer el destino de la recaudación del canon del agua apelando a la transparencia en la gestión del Gobierno autonómico.
