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SEVILLA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha defendido este martes en el Pleno del Parlamento la actuación "legal" y "justa" de la Junta en relación con el realojo transitorio de familias de la Corrala Utopía de Sevilla y ha reclamado al Ayuntamiento que agilice la actualización de los informes sociales de 17 de familias, ocho de ellas ya realojadas y nueve cuyo realojo ha quedado suspendido, en espera de dichos informes.
Cortés, que es la primera vez que ha hablado de este asunto ante el Pleno del Parlamento, ha indicado que el desalojo de las familias de la Corrala Utopía fue ordenado por la Delegación del Gobierno en Andalucía, sin asegurarse de que tuvieran alternativa habitacional y a pesar de que la Consejería de Fomento y Vivienda, el viernes 4 de abril, había llegado a un principio de acuerdo con la propiedad, para que ésta realojase a estas familias mediante alquiler conforme al programa 'Llaves solidarias'. "¿Por qué ordena el desalojo la delegada del Gobierno el domingo 6 de abril? y ¿por qué no lo comunica a la consejería?", ha preguntado Elena Cortés.
Ha señalado que la consejería se tuvo que enterar por las propias familias de que estaban siendo desalojadas y éstas permanecieron acampadas tres días frente al edificio del Ayuntamiento de Sevilla, sin que el gobierno municipal actuase, tal y como se había comprometido en una reunión con la Junta del 5 de marzo.
Ante la existencia de menores y personas en riesgo de exclusión social, según Cortés, la Dirección General de Vivienda de la Junta dictaminó una resolución para el realojo transitorio y urgente de esas personas, en cumplimiento del auto judicial. Así, se realoja a ocho familias, para las que en ese momento había viviendas disponibles.
"No sólo es que pudiéramos realojar a las familias con menores o en riesgo de exclusión social, es que debíamos hacerlo. Con la ley, podíamos. Con el auto judicial, debíamos", ha sentenciado Elena Cortés.
Asimismo, ha indicado que las "discrepancias" surgidas en el seno del Gobierno sobre este asunto quedaron resueltas con el acuerdo sobre los reajustes en los realojos y la devolución de competencias en materia de adjudicación de viviendas públicas a la Consejería de Fomento y Vivienda.
Ha señalado que en estos momentos, los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla deben actualizar los informes sociales de 17 de familias, ocho de ellas ya realojadas y nueve cuyo realojo ha quedado suspendido, en espera de dichos informes.
Para Cortés, ya es hora de que el Ayuntamiento haga lo que la Junta le solicitó por escrito el pasado 14 de abril, esto es, que actualice los informes de las 17 familias.
"La actuación de la Consejería de Fomento y Vivienda es siempre legal y justa y eso espero también del Ayuntamiento de Sevilla, legalidad, justicia y también agilidad", según ha expresado Cortés.
Ha manifestado que el Gobierno andaluz cuida a la gente y para ello también hay que "cuidar de este Gobierno y seguir cumpliendo el acuerdo por Andalucía, las 250 medidas y las 28 leyes que en él están contenidas". Ha garantizado que el Ejecutivo andaluz va a seguir defendiendo a la mayoría social a pesar del "boicot" del PP a la Ley de Función social de vivienda.
DECISIONES "SECTARIAS Y ARBITRARIAS"
Por su parte, el portavoz del grupo popular, Carlos Rojas, ha manifestado que la consejera de Fomento y Vivienda debería estar "cesada desde el minuto uno por pisotear la legalidad" y tomar decisiones "sectarias" y "arbitrarias", como se ha puesto de manifiesto con el episodio de la Corrala. Ha anunciado que el PP-A pedirá una comisión de investigación sobre este asunto para que se conozcan todos los expedientes y qué ha pasado.
Ha indicado que en este caso, IULV-CA ha sido la "ganadora", la "arbitrariedad, el sectarismo y el trato de favor". "Ha sido un asunto (el de la Corrala) de escaparate político y no de derecho a la vivienda", según ha señalado Rojas, para quien no hubo más criterio que la "afinidad política". Por el contrario, según Rojas, el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, desde el "minuto uno", veló por el cumplimiento de la legalidad, mientras que la Junta se ha saltado ese principio.
El diputado del PSOE-A Enrique Benítez ha manifestado que el PP "no perdona" a la Junta que ponga en marcha medidas para defender a las familias que están perdiendo sus viviendas como consecuencia de la crisis y, por ello, el Gobierno central recurre la Ley de función social de la vivienda en el Tribunal Constitucional. Ha preguntado al PP que aclare si está de parte de los débiles o de los poderes financieros y de las políticas de austeridad a ultranza que han llevado a la ruina a este país.
Sobre el asunto de Corrala Utopía, ha preguntado por qué un problema que está a punto de resolverse, se dinamita y un domingo se envía a antidisturbios para desalojar a las familias. Ha señalado que la actuación de la Junta ha tenido siempre en cuenta la justicia social.
La diputada de IULV-CA Inmaculada Nieto ha defendido la decisión de la Consejería de Fomento y Vivienda de realojar temporalmente a las familias que fueron desalojadas de la Corrala y a las que el Ayuntamiento de Sevilla "niega un techo a pesar de tener más de 500 viviendas vacías". Con ese realojo, según ha agregado, la consejería hacía lo exigido por un auto judicial, lo "procedente legalmente y lo correcto políticamente" y con el respaldo de la Oficina del Defensor del Pueblo, que durante meses medió y colaboró activamente en la búsqueda de una solución que estuvo al alcance de la mano hasta que se dio la orden del desalojo.
Ha lamentado las "inexactitudes", "mentiras" y una "gran manipulación malintencionada" que ha dado a Izquierda Unida mucho que reflexionar y que aprender. Respecto al anuncio de la consejera, ha indicado que es vital que los ayuntamientos agilicen la habitación de las viviendas protegidas vacías, como ha hecho la Junta.
