'Detea' reclama 22 millones al Ayuntamiento

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compañía andaluza de ingeniería y construcción 'Detea' ha cursado ante los juzgados de lo Contencioso Administrativo cuatro demandas contra el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por Juan Ignacio Zoido (PP), reclamando más de 22 millones de euros por los conflictos de las obras de la nueva sede de la Delegación municipal de Seguridad y Movilidad y de la operación de compraventa de los antiguos edificios de la Policía Local en la isla de la Cartuja.

Según la compañía, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número cuatro de Sevilla acoge el proceso por la construcción de la sede de la Delegación municipal de Seguridad y Movilidad, edificada a partir de las antiguas instalaciones de la cárcel de La Ranilla. 'Detea' reclama al Ayuntamiento cuatro millones que obedecen, fundamentalmente, "a costes añadidos por las modificaciones de proyecto, modificaciones que no sólo fueron autorizadas sino instadas por el propio Consistorio, y certificadas por sus técnicos municipales sin que en ningún momento se planteara objeción alguna sobre las obras realizadas y sus costes".

El importe reclamado se completa con las paralizaciones de varios meses en las obras por la falta de definición del proyecto, las cuales conllevaron "constantes incrementos en los costes añadidos que fueron soportados por 'Detea' y que el Ayuntamiento no abonó a pesar de que la normativa de contratos es clara sobre la responsabilidad de la administración por los gastos que se deriven de la suspensión".

Por su parte, los juzgados de lo Contencioso Administrativo número 11, 14 y 13 acogen las reclamaciones de 'Detea' por el "incumplimiento" de los contratos firmados en 2008 para la compraventa de tres parcelas, con sus correspondientes edificios C-3, C-1 y S-1, ubicados todos ellos en la banda de servicios y próximos al apeadero del tren de Cercanías de la Cartuja, tratándose de los antiguos 'charlies', los edificios que acogían la sede central de la Policía Local.

Las demandas, cuyo valor supera los 18 millones de euros, obedecen al retraso de dos años y medio en la recepción de estos edificios, así como a la entrega de uno de ellos en estado de "ruina", concretamente el edificio C-3, y otro, el C1, "en un estado de gran deterioro, con graves desperfectos".

La empresa alega que tras resultar adjudicataria del concurso público convocado en 2006 por la Gerencia de Urbanismo para desprenderse de estos edificios, 'Detea' formalizó con el Ayuntamiento de Sevilla la compraventa de estos edificios en contrato suscrito el 11 de enero de 2008, por el cual la constructora andaluza debía abonar un importe total de 23,7 millones, correspondiendo 7,8 millones a la parcela SC-5, 5,7 millones a la parcela SC-3.1 y 10,2 millones a la parcela SC-4, cantidades todas ellas abonadas en su día al Ayuntamiento.

CUESTIÓN DE PLAZOS

El acuerdo estipulaba que el Ayuntamiento seguiría haciendo uso de los tres edificios durante un plazo máximo de dos años, tras los cuales debería de entregar los edificios comprados por DETEA. En el supuesto de que hubiera algún retraso, el contrato contemplaba una indemnización de 13.000 euros mensuales en el caso de los edificios SC-5 y SC-4 y de 10.000 mensuales por el edificio SC-3.1.

En las demandas, 'Detea' pone de manifiesto que la entrega de los edificios se ha producido más que duplicando el plazo inicialmente previsto, hecho que, además de "inaceptable", le ha ocasionado un notable perjuicio, dada la evolución del mercado inmobiliario y financiero, y ha imposibilitado el normal desarrollo de la operación fijada en el año 2007.

Asimismo, subraya que el Ayuntamiento de Sevilla hizo una "dejación absoluta" en su compromiso de conservación de estos edificios, particularmente el de la Policía Local, recepcionado en estado de "casi ruina y reducido a un montón de escombros" después de una inversión de más de diez millones ya abonados por Detea.

La reclamación por el edificio C-3 está en fase de presentación de la demanda definitiva por parte de 'Detea', que no ha podido cursarla debido a las "maniobras dilatorias" del Ayuntamiento, consistentes en no aportar al juzgado el expediente administrativo completo, pese a los sucesivos requerimientos efectuados por el Juzgado "en más de seis ocasiones", lo que impide el normal desarrollo del procedimiento judicial. La reclamación por los edificio C-1 y S-1 está en fase de prueba (una vez formulada la demanda, tras numerosos requerimientos del juzgado para que se completara el expediente administrativo, y contestada por el Ayuntamiento), por lo que pasará próximamente a la fase conclusión de la misma, antes de quedar los procesos vistos para sentencia.

Después de esperar durante más de dos años una propuesta concreta "que nunca ha llegado", 'Detea' considera "agotada la vía negociadora, manifiestamente falsa la pregonada voluntad del Ayuntamiento de llegar a un acuerdo y acreditadas las maniobras dilatorias para retrasar los procesos judiciales".