Empleo no halla "en principio" nuevas anomalías en el ERE de 2003 y Recio defiende la "potestad" de Rivas

RTVA

SEVILLA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La "investigación interna" promovida por la Consejería de Empleo sobre cada una de las prejubilaciones del expediente de regulación de empleo (ERE) acordado en 2003 por la sociedad mixta Mercasevilla, participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, no ha localizado "en principio" ninguna anomalía como la protagonizada por María del Carmen Fontela, quien figura en el procedimiento como aspirante a la prejubilación pese a no haber trabajado jamás en la empresa. El consejero de Empleo, Manuel Recio, aclara no obstante que la investigación está aún "por concluir" y ha defendido que el por entonces delegado provincial del ramo, Antonio Rivas, tenía "potestad" para autorizar los ERE de 2003 y 2007.

En declaraciones a los medios de comunicación, Manuel Recio ha insistido este jueves, una vez más, en que la Consejería de Empleo no tiene "ningún compromiso" en cuanto a la financiación de las prejubilaciones consumadas en Mercasevilla merced al expediente de regulación de empleo promovido en 2007, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros como mayor losa financiera del mercado central de abastos. Mientras los aproximadamente 40 prejubilados de este ERE ven peligrar sus prestaciones al desligarse de sus pagos la Junta de Andalucía, que figuraba en la documentación como la principal fuente de financiación, Recio ha recordado que el ERE de 2003 fue autorizado e incentivado por la Administración autonómica, si bien el expediente de regulación de empleo de 2007 "no pasa" los filtros correspondientes a la incentivación pese a haber sido aprobado.

El expediente de regulación de empleo promovido en 2007 en el mercado central de abastos de Sevilla, de cuya financiación se desliga la Consejería de Empleo, figura entre las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis a cuenta de la posible comisión de un delito societario a manos de los antiguos directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, ambos imputados en estas actuaciones y en las otras dos líneas de investigación existentes en torno a la anterior gestión del mercado central de abastos. En concreto, aunque el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, había autorizado diversos pagos para sufragar las prejubilaciones, cuyo coste global se eleva a 9.046.976,95 euros, la Consejería de Empleo entiende estos documentos firmados por Guerrero como "meros actos de comunicación huérfanos" de sustento jurídico.

A tal efecto, las prestaciones implicadas en las prejubilaciones pactadas en el ERE han quedado paralizadas, toda vez que en las últimas semanas, ha quedado confirmado que en dicho procedimiento figuraba, en calidad de aspirante a la prejubilación, un ya ex miembro de la Ejecutiva socialista de Baeza (Jaén) que jamás había trabajado en el mercado central de abastos. Este hombre, Antonio Garrido Santoyo, ha dimitido de su cargo orgánico en el PSOE baezano a la espera de que sean esclarecidas estas circunstancias, toda vez que el PP le relaciona con el ex sindicalista de UGT Juan Lanzas, asociado a su vez a la negociación de este expediente de regulación de empleo.

Además, tanto el comité de empresa como la propia sociedad mixta han confirmado que en el ERE de 2003, autorizado e incentivado por la Junta de Andalucía, figura como aspirante a la prejubilación una mujer identificada como María del Carmen Fontela González, quien como ha quedado constatado, nunca ha trabajado en el mercado central de abastos.

"NI UN CÉNTIMO" PARA EL ERE DE 2007

Ante los medios de comunicación, Recio ha insistido en diferenciar el ERE de 2003 y el de 2007, pues el primero contó con el "apoyo" financiero del Gobierno andaluz y en el caso del segundo, la Administración autonómica "no tiene ningún tipo de compromiso financiero" y "no ha hecho desembolso de ni un céntimo siquiera" por lo que a sus prejubilaciones se refiere. Tanto la sociedad mixta, participada mayoritariamente por el Ayuntamiento, como el colectivo de prejubilados del ERE de 2007, han emprendido ya sus respectivas acciones ante los tribunales para reclamar los "compromisos de pago" relativos a este procedimiento.

De cualquier forma, y en relación al conflicto del ERE de 2007, cuyo coste figura como pasivo en las cuentas de la compañía, Manuel Recio ha advertido de que este tipo de procedimientos "empiezan y terminan en la empresa" promotora de tal proceso. Y es que, según ha defendido, el ERE de 2007 "pasa por todos los pasos" hasta su autorización, si bien su incentivación, "a pesar de ser firmada por Francisco Javier Guerrero, no pasa el resto del procedimiento interno. Por lo tanto, no se incentiva".

RIVAS "TENÍA POTESTAD" Y SU AUTORIZACIÓN FUE "LEGAL"

A tal efecto, ha recordado que Guerrero "ya no está en el cargo" que entonces ocupaba, el de director general de Trabajo y Seguridad Social, y ha asegurado que el Gobierno andaluz se "reserva cualquier acción" en el caso de que de la investigación judicial de este procedimiento derive "alguna responsabilidad que no sea estrictamente institucional". Cuestionado sobre el papel de Antonio Rivas al autorizar dicho ERE, Recio ha asegurado que éste "tenía potestad" para tal extremo y firmó la aprobación del ERE de 2007 de manera "legal". Rivas, como se recordará, está imputado en las diligencias incoadas por el juzgado de Instrucción número seis a cuenta del supuesto intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado por Mellet y Ponce.

De cualquier manera, Manuel Recio ha señalado que también las prejubilaciones del ERE de 2007 serán sometidas a examen administrativo, toda vez que "en un principio, hasta el momento", la investigación de las prejubilaciones del ERE de 2003 se ha saldado sin localizar nuevas anomalías como la correspondiente a María del Carmen Fontela González.