Defiende que ningún "letrado", autoridad de la Junta o "colaborador" avisó de "ilegalidad" alguna por el pago de las ayudas
SEVILLA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla ha tomado este miércoles declaración como testigo al ex director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea) Miguel Ángel Serrano Aguilar, en el marco del juicio promovido sobre las ayudas autonómicas a empresas vinculadas al sector del corcho, como Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera, con cargo a la partida presupuestaria 31L de la Junta de Andalucía, con la que eran sufragados los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y subvenciones arbitrarias y sin publicidad.
Serrano Aguilar, como ya lo hicieran los exconsejeros socialistas de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández este pasado martes, ha comparecido asistido de su abogado. Y es que todos ellos figuran como condenados en la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia por el denominado como "procedimiento específico" mediante el cual eran orquestadas y tramitados los fondos públicos para los ERE fraudulentos o las ayudas arbitrarias a empresas.
Mientras el Tribunal Supremo prevé revisar los días 4 y 5 de mayo los recursos de casación interpuestos contra dicha sentencia condenatoria, el presidente del tribunal ha preguntado a Serrano Aguilar sobre su relación o no con los acusados.
Se trata, en concreto, de Ángel Rodríguez de la Borbolla, --hermano del expresidente socialista de la Junta José Rodríguez de la Borbolla y exalcalde de Cazalla de la Sierra por el PSOE--, por su papel de socio mayoritario, administrador único o apoderado de las empresas investigadas; el actual alcalde de Cazalla, Sotero Manuel Martín Barrero, como partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias de las empresas; el coadministrador de las empresas Rogelio B.M.; un empresario portugués administrador de hecho de varias de las entidades, identificado como Fernando Pedro M.O.; y un responsable bancario identificado como Gerardo C.E.
En conjunto, el caso abarca las ayudas concedidas entre 2001 y 2007 por importe de 8.408.096,42 euros a este grupo de empresas, "prescindiendo absolutamente de los principios y procedimientos legalmente establecidos para ello, sin fiscalización, justificación ni control previo, y, en definitiva, de forma fraudulenta y arbitraria", según el juez instructor José Ignacio Vilaplana.
BORBOLLA COMO ALCALDE
En ese sentido, Serrano Aguilar ha precisado que él ya "conocía" a Ángel Rodríguez de la Borbolla, dado que el mismo era alcalde de Cazalla y trabó con él desde la Administración andaluza para las políticas de desarrollo rural promovidas en la Sierra Norte con cargo a las ayudas Leader. Además, ha rememorado una reunión con él con relación a las ayudas a las empresas del sector del corcho, sin que recordase concretamente si dicho encuentro respondía a las "demoras" en la entrega de los fondos o por un "retraso en la operatividad" del convenio regulador de tales fondos.
En cualquier caso, el exdirector general de IDEA ha negado que le uniese una relación de amistad con Ángel Rodríguez de la Borbolla, quien como el resto de acusados comparecerá ante el tribunal tras las pruebas testificales y periciales.
Serrano Aguilar ha respondido a la fiscal del caso que el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA, actualmente IDEA) no tramitó "expediente alguno" respecto a las ayudas en cuestión, sino que "toda la documentación" estaba en poder de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, ostentada por Francisco Javier Guerrero, también condenado en la mencionada sentencia por el "procedimiento específico" orquestado para canalizar estos fondos y fallecido en octubre de 2020.
LA "ÚNICA MISIÓN" DEL IFA
La "única misión" del IFA/IDEA, según Serrano Aguilar, era "pagar" esas ayudas tramitadas por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, precisando que los pagos eran acometidos con fondos "de la Consejería de Empleo", no con cargo al presupuesto propio del IFA. Es más, ha negado que el personal del IFA/IDEA tuviese "relación" alguna con los beneficiarios de las ayudas que pagaba, considerando que sería la Dirección General de Trabajo quien tendría esa "relación" con los beneficiarios.
De cualquier modo, ha asegurado que con relación al pago de estas ayudas y al resto de la misma naturaleza, "nunca" le fueron planteados "reparos" o avisos de "ilegalidad" por parte de ninguna autoridad, toda vez que según la investigación los pagos habrían sido canalizados a través del IFA para evitar la fiscalización previa a la que está sujeta la Consejería de Empleo.
A colación, Serrano Aguilar ha asegurado que la justificación del gasto de las ayudas pagadas por el IFA se realizaba "ante la Dirección General" de Trabajo que comandaba el ya fallecido Francisco Javier Guerrero, insistiendo en que ningún "letrado", autoridad de la Junta o "colaborador" hizo aviso alguno respecto a que hubiese incidencia alguna en el pago de estas ayudas.
