SEVILLA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
La exdirectora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio Coto ha declarado este jueves ante la juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, en calidad de investigada, en la nueva ronda de declaraciones tras la nueva reapertura del caso judicial sobre el concurso de la mina de Aználcollar (Sevilla), y ha asegurado que no hubo ningún trato de favor a ninguna empresa de las que se presentaron al citado concurso.
En concreto la causa investiga presuntas irregularidades de la adjudicación a la agrupación empresarial México Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar en 2015, unas actividades extractivas que inicialmente se adjudicó el grupo Magtel en un concurso al que también se presentó la empresa Emerita.
Durante su declaración, en instrucción y en la que el Ministerio Fiscal no ha formulado preguntas, la exdirectora general ha subrayado que se le dio el mismo trato a todas las empresas que se presentaron al concurso, han informado a Europa Press fuentes judiciales.
En su declaración, que ha durado más de una hora, Asensio ha dejado claro que no recibió ninguna directriz sobre el concurso y si se hubiera producido, no lo habría consentido, al igual que también ha rechazado haber recibido sugerencias sobre las personas que debían formar parte de la Mesa o de la Comisión Técnica.
Sobre las expresiones "matrimonio de un día" o "tus amigos los indios", encontradas en algunos correos investigados, ha precisado que no lo escuchó, en el primer caso, y sobre el segundo ha remarcado que jamás se habría referido a un mexicano llamándolo indio.
La exdirectora de Minas también ha indicado que el auto de la Audiencia que reabre la causa incluye datos erróneos, como la acusación de malversación por no haber tenido en cuenta la inversión del proyecto y ha aclarado que ésta no estaba en los pliegos del concurso.
A su vez, ha puntualizado sobre la cifra de inversión de 640 millones de euros de Emerita y su comparación con los más de 300 de Minorbis, que esta es falsa, ya que no es una cifra real de inversión, puesto que la mitad de la primera es para arrancar la explotación.
A preguntas del abogado de la Junta, Asensio ha detallado que la adjudicación del concurso no ha supuesto ningún desembolso para las arcas públicas, sino todo lo contrario, y ha subrayado que la Administración autonómica se está ahorrando varios millones por el mantenimiento de los pasivos ambientales tanto en Aznalcóllar como en Riotinto.
MAGTEL NIEGA EL TRATO DE FAVOR
Por su parte, también estaban citados a declarar los hermanos I.L.M., y M.L.M., ambos representantes de Magtel, los cuales se han acogido a su derecho a no declarar. No obstante, su letrado, Juan Carlos Alférez, ha presentado un escrito con unas declaraciones, las cuales han sido ratificadas ante la juez a pregunta única de su abogado.
"Ni Minorbis, ni ninguna filial o empresa perteneciente al grupo Magtel ha recibido jamás ningún trato de favor ni de la Junta de Andalucía ni de ningún funcionario", según recoge el documento, consultado por Europa Press, así como que ellos "no han tenido relación personal ni de amistad ni de ninguna otra clase que pudiera conducir al menor tráfico de influencias" ni con el que fuera secretario de la Consejería de Economía e Innovación y expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, que declaró hace un par de semanas, ni con María José Asensio ni con el resto de investigados.
A su vez, aseguran que "ni la pareja de Fernández ni nadie de su entorno jamás le ha facilitado ni contactos, ni relaciones ni nada relacionado" con una empresa con sede en Brasil, así como la afirmación de que "Magtel tenía la llave del concurso" ni que Emerita "recibiría una llamada en cinco minutos confirmando lo anterior", siendo "completamente falso que alguien del grupo Magtel llamara a Vicente Fernández".
Al respecto, su abogado ha señalado que, "respetando al máximo las acusaciones", cree que tras la tanda de declaraciones practicadas es "imposible encontrar el menor indicio de tráfico de influencias ni de cualquier otro ilícito penal" que pudiera afectar a sus clientes.
REAPERTURA DEL CASO
Este caso ha sido reabierto por la Audiencia para ver si existen más delitos a parte del de prevaricación que se atribuyó inicialmente, motivo por el que, desde mediados de noviembre, han acudido a declarar como investigados los miembros de la Comisión Técnica y de la Mesa de Contratación; el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y la ex subdirectora general de Minas, actual presidenta de Navantia, Susana de Sarriá, en calidad de testigo, negando todos este supuesto trato de favor.
Concretamente, Fernández dejó claro que Emerita "se dirigió con antelación y en reiteradas ocasiones a la Junta, durante el tiempo que duró el proceso de adjudicación, para que le indicase con qué compañía local debía aliarse o, incluso, fusionar su proyecto, con tal de conseguir una clara ventaja en el citado concurso" destacando su "escasa solvencia".
En concreto, la magistrada amplió la investigación con respecto a los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y fraude y exacciones ilegales, y aún faltan por practicar una serie de declaraciones que han sido pospuestas para mediados de enero.
En el auto la juez también acordó solicitar a la Junta de Andalucía, a través de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, para que informe sobre los cargos que ostentaban los miembros de la Mesa de Contratación y de la Comisión Técnica, tres meses antes de iniciarse la licitación para adjudicación de la explotación de las actividades extractivas del recinto minero de Aznalcóllar y los puestos que desempeñaron tras el mismo.
La magistrada considera "necesario" discernir si existió delito de tráfico de influencias y, en su caso, de fraude y exacciones ilegales que fuera determinante de que, "formalmente, la presentación al concurso la hiciese Minorbis, sirviéndose presuntamente Grupo México de las ventajas que pudiera ofrecerle aquella entidad, consistentes en valiosos contactos en la administración pública, en particular, derivados de la buena relación que pudiera existir entre Vicente Fernández y los representantes de Magtel".
REAPERTURA DE LA CAUSA
Cabe recordar que el pasado 1 de octubre la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ordenó la reapertura de esta causa al estimar íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la representación legal de la sociedad Emerita Resources revocando así el auto de archivo que dictó el pasado mes de marzo el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla.
Así, la Sala estima un recurso que pedía la investigación de una presunta elección ilícita de la oferta de Minorbis-Grupo México que no cumplía los requisitos de las Bases del Concurso y que además era menos rentable económicamente para las arcas públicas, así como el presunto cohecho en tanto que determinados miembros tanto de la Comisión Técnica como de la Mesa de Contratación fueron ascendidos en fechas muy próximas al concurso.
Igualmente, el recurso señala el presunto tráfico de influencias de I.L.M. y M.L.M., en virtud de las relaciones amistosas de los mismos con Vicente Fernández, "considerando igualmente que en la medida que las decisiones de la Comisión Técnica y de la Mesa de Contratación se tomaban conjuntamente serían responsables todos sus integrantes, por lo que resulta ilógico que se cite como investigados a unos y a otros no".
