SEVILLA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
El juicio de las facturas falsas del Distrito Macarena --en el que se acusa de falsedad documental y malversación de fondos públicos al contratista José Pardo, el ex secretario del distrito José Marín y el colaborador Manuel Portela-- llegó hoy a su última sesión, antes de la deliberación del jurado, con las calificaciones finales de las partes, en las cuales el Ministerio Fiscal y el PA, que ejerce la acusación particular, matizaron sus peticiones al retirar la afirmación de que existieron facturas duplicadas y rebajar la consideración penal de Portela de cooperador necesario a cómplice, entre otros aspectos.
Fue el fiscal, Antonio Ocaña, el que abrió la ronda de calificaciones al considerar que las irregularidades existentes en las órdenes de actuación urgentes no eran "relevantes" como para acusar a Marín de uno de los delitos de falsedad que se les atribuían --en el sentido, como explicó al inicio de la vista, de que el presupuesto aparecía a veces como anterior a la solicitud de obra o posterior al inicio y sin constar a veces la fecha de la solicitud, fecha de inicio o de terminación--, así como que la falsedad no había sido continuada en su caso, al firmar los cheques añadiendo el nombre de Pardo en "un solo delito no continuado".
Asimismo, el Ministerio Público subrayó que, ante la duda razonable de saber si las facturas duplicadas detectadas por obras que no se hicieron --en referencia al derribo de los módulos de San Diego-- pudieran obedecer a un fraccionamiento de los expedientes --práctica "ilegal pero que no cuenta con castigo", según el fiscal--, extremo que no pudieron confirmar los peritos, retira la acusación por este concepto, extremo que hace extensivo a dos obras en Plaza de la Barzola y calle Burgos, por haberse hecho la pericia en un sitio distinto el primer caso y por no poderse acreditar que la obra no se hiciera por actuaciones posteriores en el segundo.
Con la adhesión de la acusación particular a estas modificaciones --aunque solicitando penas más duras el PA--, la petición de penas queda finalmente de tal forma que el fiscal pide para Pardo dos años y seis meses de prisión como cooperador de malversación y 21 meses por falsedad documental, mientras que los andalucistas solicitan seis años y cuatro años y seis meses, respectivamente.
Para Marín, el Ministerio Fiscal pide tres años y seis meses por malversación y un año y seis meses por delito de falsedad documental no continuada, mientras que el PA pide seis años de cárcel por cada uno de los dos conceptos. Por último, la Fiscalía solicita para Portela un año y cinco meses como cómplice de malversación, elevando la acusación particular la pena a dos años.
En lo referente a la falsedad, Ocaña volvió a expresar su convicción de que los presupuestos y facturas facilitados por Pardo para las obras que realizó Contratas y Obras de Sevilla (COS) son "falsos" y que el contratista no tenía poder de representación de la empresa, apelando al testimonio que así lo aseveraba del administrador de la empresa, David Velázquez. En cuanto a Marín, el fiscal recordó que, siendo la firma de un cheque la parte "más esencial", el ex secretario del Distrito Macarena lo había "alterado" poniendo el nombre de Pardo al lado del logo de la empresa, desmintiendo que ello se hubiera llevado a cabo para, según sostiene Pardo, evitar problemas bancarios.
Asimismo, en lo que respecta a la malversación, indicó que, pese a no haberse llevado dinero, Marín permitió que Pardo cobrara por obras no realizadas. Finalmente, reconoció que Portela no tenía "capacidad" sobre los resultados de las obras, si bien reafirmó su calificación de cómplice al señalar que tenía que haber informado de que la obra "no iba bien".
Por su parte, el letrado del PA, Juan José Sánchez, cifró hasta en siete los trabajos que, a su entender, ha quedado demostrado que no fueron ejecutados según lo reflejado en la factura, subrayando que, aunque no haya quedado acreditado un acuerdo previo, los hechos delictivos se produjeron, lo que no pudo descartar el informe de los peritos municipales, que a su entender adolecía de "imprecisión" e "inexactitud".
"NO ES ADMISIBLE"
Los abogados defensores solicitaron, en todos los casos, la libre absolución de sus defendidos. El letrado de Marín, José María del Nido, incidió en lo "mediático" del caso y en la necesidad de que los acusados sean absueltos "si existiera la más mínima duda". Criticó los errores que a su juicio se cometieron en las pruebas realizadas por los peritos judiciales --aludiendo a los casos de la Plaza de la Barzola y la calle Burgos y a la falta de datos o directrices más concretas por parte del juzgado--, señalando que "no es admisible" basar la acusación en el informe de estas pruebas.
Centrándose en su defendido, Del Nido recalcó que la empresa COS no era la que más obras hacía en el distrito, pretendiendo así desterrar la acusación de una red clientelar, e hizo hincapié en que Marín "no se llevó un euro" y en que "no sabía que Pardo ya no era COS", agregando que, en este sentido, no existió "dolo" por parte de su cliente.
Por su parte, el abogado de Pardo, Javier Prados, aseguró que su cliente siempre había actuado como apoderado general y legítimo de la empresa, habiendo avisado "varias veces" al distrito de que la obra de San Diego, la más emblemática del caso, no se había realizado, y con especial hincapié en la falta de intencionalidad y las "enormes vaguedades" de las pruebas periciales; abogó, asimismo, por resolver el caso dentro del ámbito administrativo. Por último, la letrada de Portela, Rosa García, interesó la libre absolución de éste al entender que no ha existido en el juicio "ni un solo hecho o motivo" por el cual se le pueda condenar.
