SEVILLA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-Facua y la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa, Al-Andalus, presentaron esta semana una demanda judicial contra Cajasol ante el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla por vetar de su Asamblea General a las organizaciones de consumidores.
Según informó Facua en un comunicado, ambas federaciones consideran que "tras el veto subyacen intereses ajenos a lo que la normativa quiere, que es posibilitar la participación y democratización de los órganos de gobierno de las cajas, mediante la incorporación de representantes de intereses sociales, entre ellos las organizaciones de consumidores".
Para aceptar la incorporación de las organizaciones de consumidores a su Asamblea General, "Cajasol sólo daba por válida una propuesta que incluyese a la Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE, vinculada al PSOE".
Si UCA-UCE no figuraba en la propuesta de designación de consejeros de las organizaciones de consumidores, "Cajasol no la admitía". El motivo argumentado por la caja es que "los consejeros debían ser elegidos por unanimidad entre las federaciones de consumidores y no por mayoría democrática". Y esa unanimidad estaba condicionada a que uno de los dos consejeros fuese de UCE, "organización que rechazaba cualquier otra propuesta que no incluyese a su presidente, Juan Moreno Rodríguez".
Así, Cajasol rechazó la propuesta de designación de consejeros aprobada por Facua Andalucía y Al-Andalusm, a pesar de que ambas federaciones "la realizaron cumpliendo tanto el espíritu como la letra de la legislación que regula a las cajas de ahorros y sus órganos rectores y el propio Reglamento Electoral de Cajasol".
Facua Andalucía y Al-Andalus denuncian que Cajasol "no acepta un principio básico en la adopción de acuerdos, la mayoría democrática, permitiendo así con su posición que una sola organización pueda vetar decisiones adoptadas por una mayoría, e impidiendo que las organizaciones de consumidores estén presentes en los órganos de gobierno de Cajasol", cuya Asamblea constituyente tuvo lugar el pasado 3 de abril.
La Ley 15/1999, del 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía, establece en el capítulo dedicado a su Asamblea General que los consejeros generales correspondientes a la categoría "otras organizaciones" se distribuirán en tres subgrupos, uno de los cuales "estará integrado por las organizaciones de consumidores y usuarios y del sector de la economía social representadas en el grupo tercero del Consejo Económico y Social de Andalucía".
SENTENCIA POR LA COMPOSICIÓN DEL CES
No es la primera vez que Facua Andalucía y Al-Andalus acuden a los tribunales por "este tipo de irregularidades". El año pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirmó que la Junta de Andalucía impuso ilegalmente en 2003 al presidente de UCA-UCE como miembro del Consejo Económico y Social (CES) de Andalucía.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA estimaba así el recurso presentado en su día por Facua Andalucía y Al-Andalus. Tras la sentencia, el en esas fechas presidente de la Junta, Manuel Chaves, hizo efectivo el nombramiento de los consejeros titulares elegidos de forma democrática cinco años antes por las federaciones de consumidores: Francisco Sánchez Legrán, entonces presidente de Facua, y María Ángeles Rebollo Sanz, presidenta de Al-Andalus.
La sentencia del TSJA desestima, "por su disconformidad a Derecho", el turno rotatorio impuesto por la Administración, que pretendió justificar en que las federaciones no habían elegido a sus representantes en el CES por unaminidad, cuya necesidad también rechaza la sentencia.
Las consejerías de Gobernación --responsable de las políticas de Consumo y Empleo, a la que está adscrita el CES--, "presionaron sin éxito durante meses a las federaciones de consumidores para que eligiesen a sus representantes en el Consejo por unanimidad".
La pretensión no era otra que "imponer que Juan Moreno Rodríguez fuese propuesto como titular del órgano, eliminando a uno de los miembros de las federaciones que venían manteniendo una posición crítica con las políticas de Consumo del Ejecutivo andaluz durante esa legislatura".
