Facua exige una respuesta coordinada ante los continuos cortes de luz en barrios vulnerables de Sevilla

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Facua Andalucía se ha dirigido a las consejerías de Industria, Energía y Minas y de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, así como al Ayuntamiento de Sevilla, para exigir una actuación urgente y coordinada ante los reiterados cortes de electricidad que continúan padeciendo numerosos barrios andaluces en plena ola de calor.

Según ha detallado la organización en una nota de prensa, esta actuación de la federación se produce como consecuencia de las protestas que los vecinos de los barrios sevillanos de Torreblanca y Los Pajaritos están llevando a cabo para denunciar las interrupciones en el suministro eléctrico que, en algunas zonas, se han llegado a prolongar durante doce horas en una época en el que la temperatura está superando los 40 grados.

Estos cortes de luz, además, han provocado la pérdida de alimentos, perjuicios para los comercios y un grave riesgo para personas mayores, menores, enfermas y dependientes, entre otros.

Sin embargo, estos dos barrios no son los únicos que han sufrido interrupciones recientemente. Vecinos de otras zonas como el Polígono Sur, Tres Barrios-Amate, Palmete, San Pablo, San Jerónimo, Padre Pío y Elcano se han visto obligados a abandonar sus viviendas ante las altas temperaturas y la falta de electricidad, que les impide utilizar ventiladores y aires acondicionados. Además, otras ciudades andaluzas, como Granada, Almería o Málaga también están sufriendo cortes prolongados de luz.

En este sentido, Facua ha advertido que las interrupciones del suministro eléctrico han alcanzado ya la categoría de "problema social, sanitario y de seguridad", que exige la "intervención conjunta" de la Junta, los ayuntamientos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la empresa distribuidora.

AFECTADOS AL CORRIENTE DE PAGO

La Federación ha señalado que esta situación está afectando a usuarios con contratos en vigor y al corriente de pago que, sin embargo, no reciben electricidad de forma continua y segura. Problema que se agrava aun más si cabe durante los episodios de temperaturas extremas, ya que la falta de electricidad impide utilizar sistemas de climatización y ventilación, conservar alimentos y medicamentos, emplear ascensores o mantener equipos necesarios para personas enfermas, dependientes o electrodependientes.

En este sentido, la federación ha calificado como "intolerable" que el pretexto para justificar estos cortes generalizados de luz en los barrios sea "el fraude cometido por determinadas personas". "Las administraciones y la empresa distribuidora no pueden trasladar indiscriminadamente las consecuencias de las conexiones ilegales a quienes cumplen con sus obligaciones", ha añadido.

Asimismo, han advertido que este grave problema golpea "con mayor intensidad" a barrios obreros y zonas socialmente vulnerables, profundizando las desigualdades existentes y generando en sus vecinos una sensación de "abandono institucional".

Por otro lado, la federación ha afeado que la Junta de Andalucía sólo ha hecho público un resumen de la auditoría que la Secretaría General de Energía llevó a cabo sobre la red de distribución eléctrica de los barrios afectados. Resumen, que señala que las instalaciones "tienen capacidad suficiente para atender la necesidad de electricidad de la zona y que achaca los cortes a conexiones ilegales y a acciones de carácter delictivo".

Pero la falta de acceso al documento completo, según ha señalado Facua Andalucía, impide conocer con precisión la metodología llevada a cabo por la administración, así como los datos obtenidos y las actuaciones propuestas para solventar el problema. "Si la Junta considera acreditado que los enganches ilegales son la causa principal de las interrupciones, debe explicar qué medidas ha adoptado", ha sostenido.

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIAL

Ante esta situación, la organización ha exigido que se impulse un programa autonómico específico en las zonas afectadas que identifique los hogares vulnerables, valore individualmente sus necesidades y elimine las barreras técnicas, económicas y documentales que les impiden la contratación del suministro, así como que habilite ayudas para afrontar los costes de regularización cuando resulte necesario.

También han considerado necesarios protocolos homogéneos de protección y emergencia para personas mayores, menores, enfermas, dependientes y electrodependientes durante las interrupciones del suministro y los episodios de temperaturas extremas. Protocolos que no pueden depender exclusivamente de "iniciativas aisladas" de cada ayuntamiento ni activarse solo si las familias afectadas "acuden motu proprio a servicios sociales".

Por último, Facua ha exigido la constitución de una mesa "estable" en la que participen las consejerías competentes en energía y servicios sociales, los ayuntamientos afectados, las fuerzas y cuerpos de seguridad, la empresa distribuidora, las entidades vecinales y las organizaciones de consumidores. Un espacio que sirva para compartir información, identificar las zonas de mayor incidencia, diferenciar las situaciones sociales de las vinculadas a actividades delictivas y establecer actuaciones concretas.