La familia de las jóvenes señaladas por Alaya le aclara que son hijas de un prejubilado difunto

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La familia de las dos jóvenes beneficiarias del préstamo por anticipo asignado por el mercado central de abastos de Sevilla, Mercasevilla, al prejubilado del expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007 Ignacio P.S. ha interesado aclarar ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número seis, Mercedes Alaya, que ambas son receptoras del préstamo como descendientes de este ex trabajador prejubilado en el citado procedimiento y ya fallecido. La juez había señalado a estas dos personas reclamando aclaraciones del "motivo" por el que ambas, y no el aludido prejubilado, percibían el préstamo por anticipo que la sociedad mixta otorga mensualmente para cubrir las prestaciones de este extrabajador cuya prestación permanece paralizada por el conflicto que rodea al ERE de 2007.

Mediante un auto fechado el 10 de enero de 2011 y recogido por Europa Press, la juez Mercedes Alaya profundizaba en la investigación del posible delito societario que habrían perpetrado los antiguos directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce en la gestión de esta sociedad mixta participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa. Fernando Mellet y Daniel Ponce, como se recordará, están imputados tanto en estas actuaciones como en el presunto intento de cobro de comisiones ilegales y las posibles irregularidades de la enajenación de los suelos del mercado central de abastos.

En cuanto a los expedientes de regulación de empleo promovidos por Mercasevilla en 2003 y 2007, si bien ambos fueron autorizados por la Consejería de Empleo, sólo el primero de ellos ha gozado del respaldo financiero de la Administración autonómica por lo que al pago de las prejubilaciones acordadas se refiere. Y es que el expediente de regulación de empleo impulsado en 2007 por el mercado central de abastos de Sevilla, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros, fue resuelto con aproximadamente 40 prejubilaciones cuya financiación ha quedado en el aire al haberse desligado de ella la Consejería de Empleo.

EL ERE DE 2007

De un lado, entre finales de 2007 y comienzos de 2008, el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, firmó varios documentos mostrando su "conformidad" en cuanto al libramiento de fondos para las prejubilaciones de los trabajadores de Mercasevilla acogidos al ERE de 2007. No obstante, el vigente director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Rivera, advierte en un documento oficial de que estos actos firmados por Guerrero fueron "meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio".

En este marco, destacan los casos de María del Carmen Fontela González y de Antonio Garrido Santoyo, cuyos nombres figuran como aspirantes a la prejubilación en varios documentos de los ERE de 2003 y 2007, respectivamente, pese a que ninguna de ellos ha formado nunca parte de la plantilla. Sus prejubilaciones, de hecho, son dos de las 39 posibles prejubilaciones fraudulentas descubiertas por la Consejería de Empleo en la investigación interna incoada a cuenta de la salida a la luz de estos hechos.

ACLARACIONES

A tal efecto, la juez Alaya había pedido en el mencionado auto fechado el 10 de enero de 2011, entre otras cosas, que fuesen investigados los vínculos de dos mujeres con el mercado central de abastos y el ERE de 2007, al objeto de esclarecer el "motivo" por el que ambas son "beneficiarias" del préstamo por anticipo con destino al prejubilado de este procedimiento Ignacio P.S. La familia de las jóvenes, según han informado a Europa Press fuentes del caso, ha interesado aclarar a la juez que el citado prejubilado ha fallecido y que ambas perciben las cuantías como sus descendientes.