SEVILLA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los miembros de las cinco familias que ocuparon varias de las 220 viviendas protegidas construidas por la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa), en los suelos del antiguo barrio de Regiones Devastadas, aseguran que no tienen notificación oficial sobre la decisión de la sociedad municipal de retirar la denuncia promovida en su contra a cuenta de la usurpación de los pisos. Las familias, por cierto, regresarán este viernes a las viviendas para recoger los enseres que dejaron en ellas.
"Mañana a las 11,00 horas volvemos a las viviendas a recoger nuestras pertenencias. Estará también la Policía", ha dicho a Europa Press María, una de las portavoces de estas familias. María, igualmente, explica que no media comunicación oficial en cuanto a la decisión de Emvisesa de retirar la denuncia formulada contra estas familias por la ocupación ilegal de las mencionadas VPO, extremo anunciado en el pleno del Ayuntamiento por el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez. El día antes del pleno, las familias celebraron una reunión con este concejal, el gerente de Emvisesa y la concejal delegada de Bienestar Social, Dolores De Pablo-Blanco, para que sus casos sean "estudiados".
El asunto está conectado con el proyecto promovido por el Ayuntamiento para regenerar por completo el antiguo barrio de Regiones Devastadas, ubicado en el distrito Cerro Amate y ahora rebautizado como Nuevo Amate. Las antiguas viviendas de protección oficial de este barrio fueron demolidas y en su lugar han sido levantados cinco edificios que contienen un total de 220 nuevas viviendas protegidas, todo ello de la mano de la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla.
OCUPACIÓN DE NUEVO AMATE
Los inquilinos de las antiguas viviendas protegidas, todos ellos arrendatarios, fueron realojados en viviendas municipales como medida transitoria y a la espera de que las citadas 220 nuevas viviendas estuviesen a su disposición. Una vez listas las nuevas viviendas protegidas, el pasado mes de septiembre sólo 71 de los inquilinos recogieron las llaves de los pisos que les correspondían, porque buena parte de este colectivo de ciudadanos no ha ejercido su derecho a habitar estas viviendas y optan por permanecer en las viviendas de realojo que les fueron asignadas.
Bajo la premisa de la necesidad de contar con un techo y la ausencia de recursos económicos para tal aspecto, cinco familias accedieron a varias de las viviendas protegidas actualmente desocupadas en esta promoción, pero sin contar con relación contractual alguna con los pisos. Emvisesa, como titular de las viviendas, denunció la usurpación de las mismas e inmediatamente después fue desplegado un cordón policial que ha cosechado diversas críticas a cuenta de sus rigores y restricciones. Las familias abandonaron las viviendas después de que la denuncia de Emvisesa se tradujese en su imputación por un presunto delito de usurpación con el correspondiente llamamiento judicial.
Mientras las familias alegan que llevan "toda la vida" reclamando a Emvisesa una VPO, el gobierno municipal del PP esgrime que dos de estas familias ni siquiera habrían tenido contacto con Emvisesa para optar a una vivienda protegida y las tres restantes "se habían interesado por carta" en la posibilidad de solicitar una VPO y "se les contestó" emplazándoles a comenzar el procedimiento administrativo correspondiente a la solicitud de una vivienda protegida, pero no habrían llegado a materializar nada.
Las familias, en ese sentido, reclaman una "rectificación" del Gobierno local en este aspecto. "Yo llevo desde 2011 reclamando una vivienda protegida y tengo mis papeles, porque vivo una situación muy grave", dice por ejemplo esta joven llamada María.
