9 de abril de 2020
 
Publicado 21/02/2020 18:51:11 +01:00CET

Fijado en abril un juicio de faltas por la denuncia de un taxista de Sevilla ante "amenazas" en el aeropuerto

Taxis en el aeropuerto de Sevilla
Taxis en el aeropuerto de Sevilla - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla tiene previsto celebrar el 20 de abril un juicio de faltas derivado de una denuncia por presuntas "amenazas e insultos" promovida por un taxista que presta servicios previamente concertados por clientes con relación a enclaves como el aeropuerto de Sevilla, contra uno de los taxistas que habitualmente trabaja en la parada de dicho espacio, donde en paralelo el Juzgado de Instrucción número ocho indaga presuntos ataques y amenazas de un grupo de miembros del sector para acaparar la parada de taxis, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

Las mismas fuentes han precisado que el señalamiento de dicha fecha constituye el aplazamiento de un juicio previsto para esta semana, precisamente después de que tres taxistas que trabajan realizando servicios previamente concertados por clientes hasta el aeropuerto ratificasen recientemente ante la Policía Nacional las denuncias promovidas por los daños perpetrados en sus coches, en todos los casos por la noche y cuando los vehículos estaban estacionados junto a las viviendas de estas personas.

Además, media la petición de que el asunto sea incorporado a las diligencias que tramita el Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla, en torno a presuntos ataques y amenazas sufridos en Sevilla por conductores de vehículos de transporte concertado (VTC) a manos de taxistas y supuestas coacciones y amenazas de un grupo de taxistas a otros miembros del sector, para acaparar la parada de taxis del aeropuerto hispalense, sujeta a una tarifa única.

En las segundas diligencias figuran como investigados los principales responsables de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, con sede precisamente en el aeropuerto de Sevilla y cuyas instalaciones fueron objeto de un registro policial allá por junio de 2017, así como la propia asociación como persona jurídica, toda vez que en su conjunto la Policía Nacional llegó a investigar a más de 30 taxistas.

EL REGISTRO DE LA SEDE

Al respecto, los informes derivados de dicho registro policial en la sede de Solidaridad Hispalense, recogidos por Europa Press, reflejan que los agentes habrían encontrado en la sede de Solidaridad Hispalense del Taxi documentación relativa a sanciones de la asociación a sus miembros, con prohibiciones temporales respecto al uso de la parada de taxis del aeropuerto o medidas punitivas por no participar en las movilizaciones convocadas por la entidad.

De estos extremos, a juicio de los agentes, se infiere "que la Asociación Solidaridad Hispalense del Taxi impone su propio calendario de días de descanso o bien se arroga la potestad sancionadora de la administración" en la parada de taxis del aeropuerto.

Entre la documentación decomisada, además, figurarían "fotografías de coches patrulla de la Policía Local en la que sale la placa de matrícula y fotografías de policías locales, además de anotaciones de números de carné de policías locales que señalan como perseguidores de los taxistas de la asociación".

FOTOS DE VTC "ESTACIONADOS"

Igualmente, los agentes habrían encontrado, siempre según los atestados policiales, "fotografías de vehículos VTC estacionados" en un lugar donde "se produjeron daños grabados en las cámaras de video vigilancia los días 9, 21 y 25 de enero" de 2017, así como "fotografías de un conductor de Tussam", entre otros aspectos.

La defensa de los dirigentes de Solidaridad Hispalense del Taxi investigados en esta causa, de su lado, ve "novelescos" estos atestados policiales al considerar que se basan en meras "elucubraciones ayunas del más elemental soporte probatorio", toda vez que el pasado mes de diciembre, la Policía Nacional retiraba la cámara de circuito cerrado instalada en el túnel de llegadas del aeropuerto, que permitía la visión directa de dicho túnel desde el local usado como sede por la asociación investigada, merced a una orden judicial al respecto.

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