La Fiscalía pide archivar la causa de Emasesa también respecto a las subcontratas de las EDAR

SEVILLA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha elevado un escrito al Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, que investiga posibles delitos contra el medio ambiente por vertidos "contaminantes" en tres estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas (EDAR) de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas (Emasesa), solicitando el sobreseimiento provisional de la causa respecto a los responsables investigados a cuenta de las entidades privadas contratadas para el mantenimiento de tales estaciones.

En un escrito fechado el pasado 2 de diciembre y recogido por Europa Press, la Fiscalía rememora que Emasesa tiene contratada con Drace Infraestructuras los servicios de mantenimiento y supervisión de la EDAR de El Copero; con la unión temporal de empresas (UTE) SAV/DAM/Las Misiones tales servicios de la EDAR de Tablada y con la UTE Acciona Agua/Depuración de Aguas del Mediterráneo y Agricultores de la Vega de Valencia la EDAR de San Jerónimo.

La causa, recordémoslo, gira en torno a vertidos de residuos contaminantes derivados de las estaciones depuradoras de aguas residuales de El Copero, Tablada y San Jerónimo, pertenecientes a Emasesa.

"Partiendo de los límites y exigencias derivados de la debida observancia de la normativa, el Seprona informa de vertidos de alta potencialidad contaminante, en particular de fósforo y nitrógeno, en las EDAR de El Copero, Tablada y San Jerónimo; siendo así que el exceso de fósforo y nitrógeno produce eutrofización de las aguas e implica un alto consumo del oxígeno disuelto en ellas, impidiendo la vida de los seres vivos", exponía el Juzgado de Instrucción número seis en un auto sobre el asunto, agregando que estos vertidos generan "mal olor, disminuyen la calidad y potabilidad del agua y modifican el ecosistema de los seres vivos acuáticos y de organismos aerobios, pudiendo causar su muerte y eventualmente pudiendo perjudicar la salud humana".

"LA CAPACIDAD DE MANIOBRA" DE CADA CUAL

Al respecto, la Fiscalía expone que a la hora de "analizar la capacidad de maniobra que tenía cada uno de los agentes para modificar la situación o mejorarla con cierta trascendencia", lo cierto es que "en lo referente a las entidades adjudicatarias" por Emasesa del control y supervisión de las EDAR, "aun cuando ejercían de forma directa la gestión de las depuradoras, de acuerdo con los pliegos de contratación, no estaban facultadas para implantar estos procesos químicos sin la previa autorización de Emasesa, que ejerce un control absoluto de la actividad".

Con relación al fósforo, las entidades privadas contratadas por Emasesa para el mantenimiento de sus EDAR "carecían de autonomía de gestión", mientras en el caso del nitrógeno, "sólo puede ser completamente eliminado con sistemas de depuración terciarios, lo que requiere la construcción de nuevas depuradoras o la ampliación de las existentes".

Dado que se trata de aspectos que "exceden el control y la competencia de las empresas adjudicatarias" del mantenimiento y supervisión de las citadas tres EDAR de Emasesa, la Fiscalía solicita el "sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto a los responsables investigados por cuenta" de Drace y las UTE de las EDAR de Tablada y San Jerónimo.

PETICIONES DE ARCHIVO

En otro escrito paralelo a este, recordémoslo, el Ministerio Público aboga además por archivar las actuaciones respecto al diputado nacional del PSOE y exdelegado provincial de la Consejería de Medio Ambiente José Losada; la también exdelegada del ramo Dolores Bravo; el secretario de dicho departamento provincial de la Junta de Andalucía y dos jefes de la sección de Informes y Sanciones de tal departamento.

Con relación a estos ex altos cargos y funcionarios de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente investigados en la causa, la Fiscalía ve "dejación de funciones", porque "no hay expedientes sancionadores abiertos frente a los reiterados incumplimientos de los índices por parte de Emasesa", pero "en cuanto a las medidas cautelares a ejercer, difícilmente podía acordarse ninguna que permitiera el cese de los vertidos contaminantes por cuanto no podía paralizarse el curso de las aguas residuales urbanas".

Y especialmente, la Fiscalía ve "discutible que pueda hablarse de prevaricación omisiva en la no incoación de expedientes sancionadores" por parte de los citados investigados, porque "la capacidad de reversión" de la situación "estaba esencialmente en la propia Consejería de Medio Ambiente", que desde 2010 tenía la "obligación de construir las (nuevas) EDAR respecto de las que se venía cobrando un canon para las obras y había recibido fondos Feder" para ello, además de que "Emasesa, al menos desde 2013, venía instando la ejecución de las obras".