Fiscalía pide dos años de cárcel para el exalcalde de Guillena por verter aguas residuales a un río

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado dos años de cárcel y el pago de una indemnización de 16.001,92 euros para el exalcalde de Guillena Justo Padilla (PSOE) y dos exconcejales de Medio Ambiente del Ayuntamiento por verter aguas residuales sin depuración previa al río Ribera de Huelva, pues la depuradora no estaba siquiera construida, y provocar con ello la muerte de gran cantidad de peces.

En su escrito de acusación, consultado por Europa Press, el fiscal pide para Justo Padilla y los exconcejales de Medio Ambiente entre 1999 y 2011 José Martín y Carmen Puntas un año de cárcel, multa de 3.600 euros y dos años de inhabilitación para el ejercicio de cargo alguno relativo a gestión de aguas por un delito contra el medioambiente, y un año de prisión y multa de 3.600 euros por un delito de daños al dominio público.

Padilla fue entre 1999 y 2009 alcalde de Guillena y presidente de la empresa Emusin S.L., encargada a través del Ayuntamiento de la gestión del saneamiento de la localidad, mientras que José Martín ocupó el cargo de concejal de Medio Ambiente entre 1999 y 2007, fecha en la que fue sustituido por la otra imputada, que ejerció en el cargo hasta junio de 2011.

El fiscal señala que, durante esa década, la Consejería de Medioambiente y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) incoó "numerosos" expedientes sancionadores al Ayuntamiento por incumplimientos relativos tanto a la gestión de residuos como de vertidos de aguas residuales.

Así, ya en 1999 le fue incoado al Consistorio y a Emusin S.L. un expediente por la existencia de un vertedero municipal en zona inundable del río Ribera de Huelva, cuyos lixiviados afectaban la calidad de las aguas, lo que motivó la imposición de una sanción "muy grave", pues el Ayuntamiento "vulneró" una serie de estándares de contaminación fijados por la CHG a la hora de concederle la autorización para el vertido de aguas residuales.

Pese a lo anterior, "lejos de adoptar medidas serias que garantizasen el respeto a las condiciones medioambientales del dominio público", el Ayuntamiento y la empresa gestora "mantuvieron la misma dinámica de actuación, lo que les llevó a que se incoaran nuevos expedientes sancionadores" por, entre otras actuaciones, verter aguas residuales procedentes del colector municipal al cauce del río.

SIN ESTACIÓN DEPURADORA

El fiscal destaca que el Ayuntamiento "llevó a cabo sus actuaciones contaminantes" a pesar de que, desde el 1 de enero de 2006 y en atención a su volumen de población, "la localidad debía disponer de una estación depuradora de aguas residuales urbanas, cuya implantación le correspondía al Ayuntamiento".

El fiscal añade que, "en este escenario", en noviembre de 2007 se produjo "una alta mortandad" de peces en el tramo del vertido de las aguas residuales de la localidad, por lo que agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y de la Guardería Fluvial inspeccionaron la zona, resultando dos puntos de vertido.

El primero de estos puntos coincidía con el vertedero municipal del que emanaban lixiviados con capacidad de entrar en contacto con el cauce del río, mientras que el segundo correspondía a las aguas residuales urbanas "que todavía se vertían sin depuración previa, ante la inexistencia de un tratamiento secundario a través de la correspondiente depuradora, que no se había empezado todavía a construir, y violando los parámetros establecidos en la autorización condicionada".

AFECCIÓN A LA CALIDAD DE LAS AGUAS

Los agentes tomaron muestras del vertido en diciembre de 2007 y enero de 2008, resultando que el mismo "había afectado negativamente la calidad de las aguas por sus altos valores de materia orgánica y amoniaco", a lo que se suma que "impedía la recuperación natural de los niveles de oxígeno en el río, haciendo con ello imposible la vida para la mayoría de las especies piscícolas".

El fiscal concluye que, "al margen de la naturaleza del vertido y de su aptitud para alterar gravemente las condiciones naturales del río, se causaron daños efectivos" por valor de 16.001,92 euros, cantidad que el Ministerio Público solicita que los acusados paguen al Estado a través de la CHG.