SEVILLA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Sevilla juzgará a partir de este lunes a los seis hombres acusados de hacerse pasar por fiscales, secretarios o peritos judiciales para llevar a cabo distintas estafas relacionadas con la venta de pisos embargados, estafa dentro de la cual lograron defraudar 1.579.940 euros entre 2009 y 2012 en un total de 17 operaciones distintas, resultando afectado incluso un exdiputado del PSOE.
Fuentes del caso han informado a Europa Press de que el juicio contra los seis acusados se celebrará entre los días 17 y 21 de diciembre en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla. En la vista oral, la Fiscalía pedirá condenas de hasta nueve años de cárcel para los imputados, de los que tres están actualmente en prisión, entre ellos Aitor I.A., sobrino del mítico boxeador Urtain, para quien su letrado pide la libre absolución.
En este sentido, el abogado del sobrino de Urtain, Julián Rabadán, se ha mostrado "convencido" de que, en el acto del juicio, se demostrará" que su cliente "ha sido una víctima más y que se ha visto envuelto en todo este proceso únicamente debido a elementos circunstanciales de tiempo y espacio, ya que se le sitúa en cierto lugares, momentos y en compañía de determinadas personas".
"Pudiendo ser ello así, no es menos cierto que obedecía a motivos que nada tienen que ver con los hechos que se le imputan, desconociendo por completo" su cliente "las operaciones presuntamente delictivas que se estaban realizando, no habiendo engañado a ninguno de los denunciantes", mientras que "ni ha obtenido ni pretendía obtener beneficio alguno", ha añadido en declaraciones a Europa Press.
LOS HECHOS
En su escrito de acusación, el Ministerio Público dice que, entre 2009 y 2012, los acusados Pedro G.C. y Manuel L.A. --ambos encarcelados por estos hechos--, "puestos de común acuerdo, idearon un procedimiento para enriquecerse con dinero ajeno, consistiendo ello en que el primero se hiciera pasar por perito judicial frente a terceros, manifestándoles la facilidad que ello le reportaba para poder acceder a inmuebles o vehículos que iban a salir a subasta procedentes de embargo".
Así, prosigue la fiscal, "para adquirirlo debían entregarle el dinero en efectivo y a cambio recibían un documento, elaborado" por Manuel L.A., "redactado en su formato y apariencia a modo de los documentos judiciales, en los que se recogía el depósito del dinero entregado en el Juzgado para participar en esa subasta y posterior adjudicación del bien en cuestión".
En esos documentos "se simulaba la firma del supuesto secretario judicial y se estampaba el sello del Juzgado", añade la fiscal, que asevera que el papel desempeñado por cada uno de los imputados varió en función de la persona con la que trataban", de manera que el acusado Aitor I.A., "de acuerdo" con los otros dos procesados, "colaboró en algunos de estos hechos con el mismo propósito de enriquecimiento personal, haciéndose pasar por miembro del Ministerio Fiscal y por secretario judicial".
SE HICIERON PASAR POR SECRETARIOS JUDICIALES
De esta manera, "hacía creer a los futuros adquirientes que todo era legal y que él se encargaba personalmente de tramitar toda la documentación de los bienes que adquirían en los juzgados, instándoles a comprender la lentitud en el trámite de esos documentos por el retraso habitual de la administración de justicia cuando alguno reclamaba la entrega de esa documentación".
De su lado, el acusado Antonio Jesús C.R., "de acuerdo con el resto de imputados y con el mismo propósito, solía acompañar a Pedro G.C. en sus visitas a los futuros adquirientes, desempeñando funciones diversas", de forma que "les enseñaba los inmuebles, reforzaba los comentarios" de éste último "sobre su facilidad para adquirirlos a buen precio en las subastas, se hacía pasar a veces por secretario judicial, presenciaba la entrega de dinero y documentos e informaba a Pedro de los bienes que iban a salir a subasta en los diferentes juzgados".
Asimismo, el imputado José Antonio M.R. "realizó tareas similares" a las de Antonio Jesús, mientras que Antonio C.R., "con ánimo de ilícito beneficio y de acuerdo con el resto de acusados, intervino sólo en un hecho, haciéndose pasar por propietario de uno de los inmuebles que se vendían".
LLEGARON A UTILIZAR LA SEDE DEL COLEGIO DE ABOGADOS
La Fiscalía imputa a los acusados, que llegaron a utilizar las dependencias del Colegio de Abogados, delitos continuados de falsedad en documento oficial y estafa, y pide para Pedro G.C., Manuel L.A. y Aitor I.A. nueve años de prisión; para Antonio Luis C.R., siete años y medio de cárcel; tres años y medio para José Antonio M.R., y un año de cárcel para Antonio C.M., así como que indemnicen de forma conjunta y solidaria a los afectados en las cantidades defraudadas.
