SEVILLA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Sevilla ha solicitado tres años de cárcel y el pago de una multa de 1.200 euros para un guardia civil de Tráfico que presuntamente se apropió del dinero procedente de hasta 21 multas formuladas durante dos meses en la provincia de Sevilla, todas ellas impuestas a extranjeros no residentes en España y por lo que el imputado se habría incautado de un total de 2.670 euros.
Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, el imputado, J.M.M., prestaba sus servicios como guardia civil en el cuartel de San Juan de Aznalfarache, siendo una de sus funciones interponer denuncias por infracciones de tráfico, "estando incluso facultado para cobrar el importe de determinadas sanciones en el acto", con un descuento por abono inmediato.
No obstante, debía proceder posteriormente a su gestión y a la devolución de las cantidades pagadas por los infractores según normas internas aplicables a todos los agentes del Instituto Armado destinados en puestos de trabajo de la Agrupación de Tráfico. Así, y en el periodo comprendido entre los meses de marzo y abril de 2010, el acusado, "incumpliendo las normas", se quedó con el dinero de hasta 21 multas.
El detenido, según añade la Fiscalía, se quedó presuntamente con el dinero procedente de hasta 21 infracciones de tráfico, todas ellas cometidas por extranjeros no residentes en España en distintos puntos de la provincia de Sevilla. La cantidad sustraída procedente de las multas variaba, según el caso, entre 63 y 420 euros, con lo que supuestamente se apropió de una cantidad total de 2.670 euros y en ninguno de los casos el imputado entregó en su unidad ni el dinero ni el boletín de denuncia.
Según relata el escrito de la Fiscalía, en el transcurso de un mismo día, el 6 de marzo, y en un mismo lugar, en la carretera A-66 en el término municipal de Salteras, el detenido formuló hasta diez denuncias a tres conductores extranjeros, quedándose con el dinero aportado por todos ellos para el pago de las infracciones de tráfico, que sumaban un total de 1.260 euros.
Por todo ello, el Ministerio Fiscal considera que los hechos constituyen un delito continuado de malversación de caudales públicos, por lo que solicita para el acusado tres años de prisión, la suspensión de empleo o cargo público durante tres años, así como el pago de una multa por valor de 1.200 euros.
Además, pide que indemnice, en concepto de responsabilidad civil, a la Dirección General de Tráfico en la suma de 2.670 euros.
El juicio comenzará este próximo viernes con la constitución del jurado popular encargado de enjuiciar estos hechos.
