Avisa de que el Consistorio cuenta con un "listado" de los taxistas investigados por presuntas coacciones y amenazas
SEVILLA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -
El subdelegado del Gobierno central en Sevilla, Ricardo Gil-Toresano, ha recordado este viernes que el Ayuntamiento hispalense, gobernado por Juan Espadas (PSOE), "puede tomar medidas administrativas" a cuenta de la investigación judicial sobre presuntas coacciones y amenazas por parte de un grupo de taxistas a compañeros de profesión o conductores de vehículos de transporte concertado (VTC), una causa en la que figuran los miembros de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi.
Después de que el concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento, el socialista Juan Carlos Cabrera, reclamase más efectivos de la Policía Nacional en enclaves como el aeropuerto de San Pablo, Gil-Toresano ha señalado las pesquisas promovidas por la Brigada de Información de la Policía Nacional, con 32 taxistas investigados por presuntas coacciones y amenazas a otros taxistas y a conductores de VTC, especialmente por situaciones conectadas con los servicios relacionados con el aeropuerto.
Y es que diferentes voces avisan de supuestas situaciones de violencia y coacciones por parte de un grupo de taxistas, para mantener un monopolio sobre la parada del aeropuerto de San Pablo, sujeta a una tarifa única con un precio de 22,2 o 24,75 euros.
Las citadas diligencias policiales, en ese sentido, han derivado en una causa incoada por el Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla, que mantiene como investigados a los principales miembros de la directiva de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, cuya sede reside precisamente en el aeropuerto.
Pesa en la investigación, en ese sentido, un registro policial en dicha sede de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, una de las dos principales organizaciones gremiales del sector en la capital andaluza.
Ricardo Gil Toresano, al respecto, ha indicado que el conflicto de la parada de taxis del aeropuerto "viene desde hace años" y "la Policía Nacional ha hecho su trabajo, porque han sido investigados más de 30 miembros de asociaciones" y el Juzgado de Instrucción número ocho ha abierto una causa atribuyendo incluso "asociación de banda criminal" a "alguno" de los taxistas investigados.
Es más, el subdelegado del Gobierno central ha manifestado que el Ayuntamiento hispalense cuenta ya con un "listado" de los taxistas afectados por dicha investigación y como institución, "puede tomar medidas administrativas con estas personas". "Nosotros hacemos el trabajo que tenemos que hacer", ha defendido respecto a la Policía Nacional, indicando en paralelo que hasta el momento, "el Ayuntamiento no ha tomado ninguna medida con estos taxistas".
