Actualizado 23/12/2013 19:06 CET

Grupo Cooperativo "avanza" en el contrato de salida de Caja Rural de Extremadura

SEVILLA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

   Grupo Cooperativo Ibérico avanza a buen ritmo y está "acelerando" la formalización del contrato de salida de Caja Rural de Extremadura de dicho grupo cooperativo de crédito, para lo cual ha citado a los auditores para el 2 de enero para elaborar los números que se incluirán en el contrato definitivo de salida.

   Fuentes de la entidad han explicado a Europa Press que tras la reunión celebrada este lunes en Madrid entre todas las partes, la comisión económica de dicha operación seguirá sus trabajos el 2 de enero, fecha en la que ha convocado a los auditores, a los que se les dará las indicaciones y los números para concretar y redactar el contrato formal de salida.

   De esta forma "se está avanzando y en la siguiente reunión de trabajo  estarán los auditores, a los que el 2 de enero se les dirán las prioridades para poder hacer la auditoría lo más rápidamente posible; por ello se les ha pedido adelantar los parámetros que consideren prioritarios para hacer el contrato definitivo".

   Asimismo, la comisión jurídica "debe esperar a la comisión económica para trasladar los números al documento jurídico".

   "Son necesarias unas valoraciones técnicas para hacer efectivo el desenganche, y, por ello, es necesario conocer los datos auditados a 31 de diciembre", han agregado las fuentes.

   Las fuentes resaltan que las conversaciones "van por buen camino y se han mantenido perfectamente", de forma que "se intenta acelerar el proceso lo más posible, aunque se desconoce la decisión del Banco de España" en ese sentido.

EL PROCESO

   Grupo Cooperativo Ibérico abordó este lunes la segunda ronda de reuniones para avanzar en la salida de Caja Rural de Extremadura de dicho grupo cooperativo de crédito.

   Según indica Grupo Cooperativo en una nota remitida a Europa Press, se han establecido dos comisiones de trabajo, una económica y otra jurídica, que tienen que presentar a los consejos rectores un  documento final basado en cuentas previamente auditadas para que tenga el visto bueno del Banco de España.

   De esta forma, después de que se celebrara en Madrid la primera de las reuniones de trabajo para redactar el contrato formal para una  salida ordenada de Caja Rural de Extremadura del SIP Grupo Cooperativo Ibérico --integrado también por Rural del Sur y Rural de Córdoba-- estaba convocada para este lunes, en Sevilla, la segunda ronda de reuniones de las dos comisiones que quedaron ya establecidas tras el primer encuentro. Por un lado, una comisión económica y, por otro, una de carácter jurídico.

   La comisión económica debe aguardar al cierre de las cuentas anuales al 31 diciembre y que éstas, previamente, hayan sido auditadas a fin de que los técnicos "puedan cerrar los términos del desenganche económico sobre unos números contrastados y avalados por unos auditores externos ya que es un condicionamiento necesario en la normativa de entidades financieras". La idea es que los respectivos consejos rectores "den su obligado visto bueno al contrato definitivo en base a unas cuentas anuales que ya vengan con el visto bueno preceptivo de la auditoria que se hace en las tres entidades que conforman todavía el Grupo Cooperativo Ibérico (incluida la Rural de Córdoba, además de la Extremadura y Rural del Sur)".

   Por su parte, la otra comisión de carácter jurídico, que quedó acordada en la reunión de Madrid, tiene que cerrar todos los términos que entrañan esta salida ordenada que fue pactada y aprobada por los respectivos Consejos Rectores, en su momento, que sería de mutuo acuerdo.

   Para ello se hace necesario que todos los mismos puntos que estaban reflejados en el extenso documento que formalizó el Sistema Institucional de Protección (SIP), sobre el que se creó el Grupo Cooperativo Ibérico, estén consensuados por ambas partes, teniendo en cuenta, según recuerdan las fuentes, que "es la primera vez en España en que se produce la salida de uno de los integrantes de un SIP que fue formalizado hace tan sólo tres años y no existen precedentes jurídicos sobre los que se puedan establecer términos comparativos de una situación idéntica a la que se ha dado".

   Así, recuerdan que "hay que volver a deshacer contratos y compromisos adquiridos de permanencia que establecían contrapartidas muy rígidas para las tres entidades que decidieron, por iniciativa en su día de la misma caja extremeña, formalizar el Grupo Cooperativo Ibérico".

   Por tanto, la formalización, tanto económica como jurídica, de una salida ordenada de Caja Rural de Extremadura "tiene que hacerse sobre la base de unas cuentas anuales que sean previamente auditadas como que los términos del nuevo contrato reflejen de una manera justificada y razonada la decisión del no cumplimiento del contrato de constitución del Grupo Cooperativo Ibérico, lo que ya en 2011, cuando se formalizó también, requirió la aprobación tanto de los respectivos consejos rectores como de las asambleas y el visto bueno del Banco de España".

   Ha precisado que "por la propia seguridad jurídica, y al margen de la decisión ya adoptada de la voluntad de autorizar la salida SIP de la Rural de Extremadura, las reuniones que ahora se están celebrando son fundamentales para que sean los mismos órganos que en su día aprobaron la constitución del Sistema Institucional de Protección --y que su puesta en marcha requirió de una nueva configuración organizativa y de funcionamiento interno de las tres cajas firmantes--  los que ahora puedan dar la aprobación a los términos de esta salida ordenada".

   Las fuentes han apuntado asimismo la necesidad de que "lo acordado esté tan bien fundamentado para que el Banco de España, que hasta la fecha no se ha pronunciado, autorice la propuesta que se le va a presentar por los representantes del Grupo Cooperativo Ibérico, los consejos rectores de las tres cajas rurales, que son los que asumen la responsabilidad de acordar el contrato final y que el mismo se ha hecho de mutuo acuerdo, como quedó acordado en el protocolo firmado en el mes de abril y  aprobado por las respectivas asambleas para dar respuesta a la petición formulada por los representantes de Rural de Extremadura de salirse, antes de los diez años que se fijó en el contrato de integración, del Sistema Institucional de Protección".