IU-CA pide una comisión de investigación por la presunta existencia de fondos públicos ilegales para empresas en crisis

Diego Valderas
EP
Actualizado: viernes, 4 febrero 2011 14:52

Valderas considera que Recio, al que demanda que comparezca en el Parlamento, está realizando "una huida hacia adelante"

SEVILLA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, ha anunciado que su formación va a solicitar en el Parlamento andaluz la creación de una comisión de investigación para el "esclarecimiento y determinación", en su caso, de responsabilidades políticas ante la presunta existencia de un sistema de ayudas públicas a empresas en crisis, "gestionado al margen de lo dispuesto en la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía".

En un comunicado, Valderas ha exigido al consejero de Empleo, Manuel Recio, que comparezca de manera urgente en el Parlamento para que dé explicaciones sobre el posible uso irregular de más de 647 millones de euros por parte de la Consejería de Empleo, tal y como aparece en las declaraciones policiales del ex director general de Trabajo, Francisco Guerrero.

El líder de IULV-CA ha considerado que Recio "sólo está realizando una huida hacia delante, hablando de declaraciones falsas, sin mostrar razones que prueben lo contrario de lo declarado por Guerrero", por lo lleva al grupo parlamentario de IULV-CA va a solicitar una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía con el fin de que se aclare todo lo relacionado con este caso.

Para el máximo responsable de la organización en Andalucía, "estos supuestos hechos son de tal magnitud y gravedad, que ponen en entredicho la solvencia del actual Gobierno andaluz, además de dar de lleno en la gestión del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán". "Lo conocido hasta ahora huele bastante mal y arroja dudas sobre la honradez y la ética del Ejecutivo", ha añadido.

En esta línea, ha considerado que, de ser ciertas las acusaciones, "estaríamos ante una serie de delitos graves como el de malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, prevaricación o favoritismo hacia una red de empresas que tienen su inicio en Mercasevilla pero que se extienden a otras compañías como Dhull, Santana, Egmasa o Cárnicas Molina".

Por todo ello, Valderas considera necesario que se aclare todo y que se asuman responsabilidades políticas "caiga quien caiga". En su opinión, no sólo Griñán estaría afectado por este caso, sino que también el ex presidente Manuel Chaves y los ex consejeros de Empleo, José Antonio Viera y Antonio Fernández. "Por el bien de lo público y de la imagen de las instituciones andaluzas este caso se debe aclarar con el luz y taquígrafos", ha concluido.