IU Sevilla tilda de "ilegal" el acuerdo de PP y Vox sobre el padrón municipal: "Vulnera derechos fundamentales"

Archivo - El edil de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, en un Pleno municipal, en foto de archivo.
Archivo - El edil de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, en un Pleno municipal, en foto de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo
Europa Press Andalucía
Publicado: martes, 30 diciembre 2025 13:50

SEVILLA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha anunciado que exigirá explicaciones al Gobierno municipal en la próxima Comisión de Control ante las medidas incluidas en el acuerdo presupuestario entre el Partido Popular y Vox para "endurecer" el empadronamiento de inmigrantes, una iniciativa que IU considera "abiertamente ilegal".

Sánchez advierte en una nota de prensa que el padrón municipal no puede utilizarse como instrumento de control migratorio, ya que su única finalidad legal es acreditar la residencia habitual en el municipio, con independencia de la situación administrativa de las personas. "Cualquier intento de condicionar o dificultar el empadronamiento por razones de origen o estatus administrativo vulnera la normativa estatal y los principios básicos de igualdad y no discriminación", señala.

Desde Izquierda Unida denuncian que el PP "está asumiendo sin pudor" el planteamiento de Vox, situando al Ayuntamiento "en una senda peligrosa de inseguridad jurídica y vulneración de derechos fundamentales". "No estamos solo ante una cuestión ideológica, sino ante un incumplimiento flagrante de la legalidad, que puede dejar a miles de vecinos fuera del acceso a la sanidad, la educación o los servicios sociales", subrayado el concejal.

"Sevilla no puede permitirse un Ayuntamiento que actúe al margen de la ley para contentar a la extrema derecha. El padrón no es un arma política ni un mecanismo de exclusión; es una obligación legal de la administración", concluye el edil.

Izquierda Unida avisa de que si el Gobierno municipal avanza en esta dirección, no descarta acudir a otras instancias políticas y jurídicas para frenar una medida que consideran "ilegal, discriminatoria y profundamente irresponsable".

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