El juez niega delito en una "contratación verbal" del Consistorio de Tomares

SEVILLA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha sobreseído una causa incoada en 2015 como consecuencia de una denuncia del Ayuntamiento de Tomares, gobernado por José Luis Sanz (PP), contra el que fuera concejal delegado de Vías y Obras durante el primer mandato de Sanz como alcalde y actual edil de Ciudadanos, Faustino Rodríguez. El juez constata "una contratación verbal asumida por el Ayuntamiento", pero sólo atisba "una mala gestión del gasto y una conducta negligente" más allá de "uno sólo de los concejales".

En un auto emitido el 12 de abril y recogido por Europa Press, la citada instancia judicial expone que la denuncia del Ayuntamiento contra su exconcejal de Vías y Obras Faustino Rodríguez se produjo en mayo de 2015, mes en el que se celebraron las últimas elecciones municipales, con Faustino Rodríguez concurriendo a las mismas por Ciudadanos tras haber formado parte del Gobierno municipal del PP entre 2007 y 2011.

Según el juzgado, la denuncia atribuía "irregularidades" a este concejal cuando dirigía el área de Vías y Obras durante el primer mandato del PP en el gobierno municipal de Tomares, por "contrataciones verbales de servicios de retirada de cubas de escombros por importes anuales de 60.000 euros sin presupuesto y sin ajustarse a la Ley de Contratos del Sector Público". El denunciado, de su lado, defendía que "no suscribió ni por escrito ni verbalmente contrato alguno, toda vez que no estaba facultado para ello", sino que sólo "propuso dicha contratación" y "su labor se limitó a certificar la realización del servicio y firmar como proponente de la propuesta de gasto, visada por el interventor, el alcalde y el edil de Hacienda".

El auto, en ese sentido, ve "constatado" tal extremo dadas las "propuestas de gasto refrendadas por el alcalde y el interventor", y colige "una mala relación entre las partes fruto de desavenencias políticas".

"CONTRATACIÓN VERBAL ASUMIDA"

"Nos encontramos ante una contratación verbal, asumida por el Ayuntamiento de Tomares cuanto menos desde 2008 hasta finales de 2010, no siendo hasta mayo de 2015 cuando se decide denunciar", señala el auto en cuanto a aquel periodo preelectoral. "Analizado el expediente y valoradas las diligencias practicadas, no entendemos que aparezcan indicios racionales de criminalidad en lo que parece más bien una mala gestión del gasto y una conducta negligente en lo que concierne a la fiscalización del presupuesto para contratación pública, por otro lado no repercutible exclusivamente en la conducta de uno sólo de los concejales", zanja el juzgado.

Dado el caso, la citada instancia judicial resuelve que "no aparece justificada la perpetración del delito" denunciado, lo que deriva en el sobreseimiento de las actuaciones.