Junta advierte que el 'apagón eléctrico' del Gobierno pone en riesgo más de 5.100 empleos en la industria de Andalucía

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha advertido este jueves de que las nuevas condiciones del servicio de 'interrumpibilidad', también denominadas 'apagón eléctrico', impuestas por el Gobierno de España a la industria española pone en riesgo en Andalucía un total de 5.130 empleos y una producción de 4.487 millones, según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

Sánchez Maldonado ha explicado en el Parlamento que hasta hace dos meses las industrias españolas con mayor consumo energético lograban una factura eléctrica más barata a cambio de su disposición a cortar la luz siguiendo órdenes del Gobierno en situaciones de emergencia, para evitar el desplome del sistema eléctrico nacional y garantizar su seguridad y estabilidad.

Esta interrupción del suministro se activaba en respuesta a una orden de reducción de potencia que daba Red Eléctrica Española a las industrias asignadas como proveedoras del servicio de 'interrumpibilidad'. El sistema posibilitaba a los operadores económicos predecir la compensación económica que obtendrían a cambio de poder ser "apagados".

Sin embargo, ha indicado el consejero, el Ejecutivo central ha puesto en marcha un nuevo modelo, que entró en vigor en noviembre, que modifica las reglas del juego y deja a la gran mayoría de las empresas acogidas a este sistema sin rebaja de la factura eléctrica. Este modelo establece que Red Eléctrica Española gestionará un sistema de subasta de la 'interrumpibilidad' para que las compañías puedan ofrecer la potencia que tienen contratada, lo que significa que la retribución se fijará en función de la demanda de fluido y la oferta de las empresas que pujen.

Sánchez Maldonado ha señalado que "al ser Red Eléctrica quien decide cada año de cuánta potencia interrumpible quiere disponer, ninguna empresa que reúna las condiciones para ser proveedor de 'interrumpibilidad' podrá prever si tendrá una compensación en su factura eléctrica ni su montante aproximado, lo que conlleva incertidumbre a las empresas y dificulta la adopción de decisiones económicas".

Asimismo, ha añadido, los nuevos requisitos suponen una modificación de las condiciones de competencia, ya que pueden beneficiar a un número reducido de empresas industriales y dejar fuera a otras más pequeñas, como es el caso de algunas firmas andaluzas, y puede conducir al cierre de algunas empresas industriales.

Según el consejero, datos del IECA indican que este nuevo sistema pone en riesgo en Andalucía un total 5.130 empleos y una producción de 4.487 millones de euros, ya que las empresas afectadas concentran el siete por ciento de la producción y el 2,5 por ciento del empleo industrial. Del mismo modo, se verán afectadas las exportaciones, ya que el 78 por ciento de la producción de estas industrias se vende fuera de Andalucía y más de la mitad (51 por ciento) en mercados exteriores.

Por ello, ha explicado que el Gobierno de la Junta de Andalucía está actuando desde que tiene conocimiento de este cambio de sistema, lo que ha motivado que traslade al Ministerio de Industria antes y después de la publicación de la nueva Orden su preocupación al respecto y la solicitud de modificación de la normativa. Asimismo, a través de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía se ha solicitado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que impugne ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa este reglamento, por las distorsiones que genera en términos de competencia.

El consejero ha señalado que lo que reclama la industria española y andaluza es otra política energética, una factura eléctrica más barata acorde con la de otros países europeos, para poder competir en condiciones de igualdad y sin recurrir a mecanismos como la potencia interrumpible.

En este sentido, ha insistido en que la reforma energética del Gobierno de España "genera gran inseguridad jurídica, no consigue la eliminación del déficit de tarifa, contribuye al incremento del precio de la electricidad del ciudadano y a la pérdida de competitividad de la industria".

También ha resaltado que no se debe permitir que el precio de la electricidad "aumente los costes de producción y haga perder competitividad a la industria y ha recordado que los propios los sectores de consumo eléctrico más intensivos han advertido de la imposibilidad de competir con la nueva estructura del sistema y amenazan con la deslocalización de la industria".