Junta alerta de que las tasas judiciales beneficiarán a las grandes empresas que realizan "cobros indebidos"

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría General de Consumo de la Junta ha alertado de que las nuevas tasas judiciales aprobadas por el Gobierno central suponen un "retroceso" en la protección de consumidores y usuarios frente a las grandes empresas, en especial frente a aquellas que realizan "cobros indebidos", que pueden quedar "impunes" al no compensar al consumidor reclamar judicialmente su derecho en algunos casos.

Desde el departamento de Consumo, dependiente de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, han puesto de manifiesto en un comunicado que estas tasas van a afectar "negativamente" a la ciudadanía en general y "muy especialmente" al sistema arbitral de consumo, señalando que a partir de la entrada en vigor de la Ley 10/2012, quienes pretendan ejecutar judicialmente un laudo favorable que la empresa se niega a cumplir "deberá abonar una tasa mínima de 200 euros".

En la práctica, según la Junta, esto supone que, por ejemplo, en un laudo estimatorio contra una compañía de telefonía por el cobro indebido de una tarifa por una cuantía de cien euros, la persona consumidora deberá solicitar judicialmente la ejecución del mismo y pagar 200,5 euros en concepto de tasas para poder plantear la demanda.

Por tanto, desde Consumo han asegurado que esta medida "sólo beneficia a las grandes empresas, que son las que más conflictos tienen con los consumidores por el reclamo de pago de pequeñas cuantías que a lo largo del año les reportan millones de euros".

Así, señalan que las consecuencias de la aplicación de la tasa se dejarán notar especialmente en reclamaciones relacionadas con la telefonía, con una cuantías medias de unos 70 euros, o el sector energético, donde a veces se reclaman correcciones en las facturas mensuales de pocos euros.

La Secretaría General de Consumo advierte que la exigencia de una tasa "hará la justicia, arbitral o judicial, inaccesible y obligará a muchísimos ciudadanos a renunciar a reclamar sus derechos". En este sentido, Consumo recuerda que, en la actualidad y siendo gratis el procedimiento, "no deja de ser un proceso gravoso debido a la desigualdad y la falta de reciprocidad existente entre las personas consumidoras y usuarias y las empresas".

La Junta defiende y apuesta por que el Sistema Arbitral de Consumo se conciba como un Servicio Público a disposición de la ciudadanía para la resolución extrajudicial de los conflictos que pudieran surgir en este ámbito, en colaboración con las organizaciones empresariales y de personas consumidoras.

Para la administración andaluza, el Sistema Arbitral de Consumo debe fundamentarse, entre otros principios, en un servicio público de calidad, eficiencia, eficacia, gratuidad, igualdad y buena fe. Igualmente, reitera su rechazo a que una solicitud de arbitraje pueda ser inadmitida o excluida de su tramitación por razón de la cuantía.