Junta, convencida de que la imputación de Rivera no se va a mantener porque no hay "en qué sostenerla"

La consejera de Presidencia, Mar Moreno, ha expresado este martes que el Gobierno andaluz está plenamente convencido de que la imputación del actual director de Trabajo de la Consejería de Empleo, Daniel Rivera, por parte de la juez que instruye el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), "no se va a mantener porque no hay en qué sostenerla en cuanto se pueda producir la primera aclaración y explicación".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Mar Moreno ha expresado que lamenta muchísimo que se haya producido la imputación de Rivera, que es la persona que está "limpiando, investigando y poniendo patas arriba" la Dirección General de Trabajo para que saliera "lo que tuviera que salir, tal y como está haciendo la Junta desde el primer minuto".

Ha insistido en que Rivera tiene todo el respaldo del Gobierno andaluz, que, a su vez, está convencido de que su imputación va a "desaparecer".

En cuanto al hecho de que el exdirector general de Empleo Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados en el caso, declarara ante la Guardia Civil que funcionarios de la Junta destruyeron documentación, Moreno, que ha apuntado que las manifestaciones de esa persona habría que ponerlas todas "muy en cuarentena", ha agregado que, para la Junta, si se afirma que se ha destruido algún documento en la administración autonómica, inmediatamente, hay que conocer "quién y qué" porque si no se queda solo en palabras.

A su juicio, sería muy grave que se hubieran destruido documentos que afectan a una investigación judicial y ha querido dejar claro que la Junta es la primera interesada en que se investigue de manera inmediata si "se han destruido, quién y qué", ya que de lo contrario estaríamos simplemente ante palabras. "Lo que no vale es decir una cosa, sin señalar inmediatamente quién y qué", ha apuntado Moreno, quien ha asegurado que el Gobierno andaluz está muy interesado en saberlo.

Asimismo, Mar Moreno ha querido dejar claro que la Junta distingue claramente lo que es la instrucción judicial de este caso de lo que es la instrucción paralela y política que lleva adelante el PP y algunos medios de comunicación con gran éxito de audiencia.

PETICIÓN DE INFORMACIÓN A LAS ASEGURADORAS

De igual manera, la consejera de Presidencia ha informado de que la Junta ha iniciado una nueva línea de investigación respecto a los gastos de gestión en la contratación de pólizas de expedientes de regulación de empleo (ERE), de forma que ha remitido esta semana una petición a las aseguradoras para que aporten información sobre el detalle de los pagos realizados.

Ha recalcado que el Gobierno andaluz no va a compartir ni defender si se han producido comisiones abusivas o que estén claramente por encima de lo que es la normalidad, apuntando, en cualquier caso, que si se hubieran pagado comisiones abusivas, la Junta va a emprender las acciones necesarias para recuperar hasta el último euro de los andaluces.

Se ha mostrado convencida de que las aseguradoras aportarán la información tanto al juzgado que instruye el caso como a la Junta.

De otro lado, ha indicado que no se puede confundir la existencia de la partida 31L en conjunto con el fraude que se haya podido cometer con determinadas subvenciones. Ha aludido, por ejemplo, al hecho de que el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zodio, haya demandado hace unos días recursos para Mercasevilla "de la partida 31L", con lo que se ha preguntado si acaso dicho gobernante "estaba sumándose al fraude o estaba cometiendo un delito". "Evidentemente no", según ha expresado acto seguido Moreno, quien ha expuesto que de la 31L, la mayor parte de las ayudas han sido legales, mientras que una minoría, que está por determinar, forma parte de este fraude.