Gobierno requiere a la Junta cambiar una orden de ayudas al alquiler

Actualizado: martes, 19 mayo 2015 17:51

El Gobierno anuncia que si no se modifica la orden irá a la vía contencioso administrativa", algo calificado de "desleal" por la Junta

   SEVILLA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

   La Consejería de Fomento y Vivienda ha criticado que el Gobierno central le haya enviado un requerimiento por el que se solicita cambios en la orden de ayudas al alquiler, dirigido a familias desfavorecidas, según han indicado fuentes de la Consejería, que apuntan que el Ejecutivo central les da un mes para realizar dichos cambios "o de lo contrario anuncian que irán a la vía contencioso administrativa".

   Fuentes de la Consejería han recordado a Europa Press que la Consejería de Fomento y Vivienda publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el pasado 9 de marzo una orden para la concesión de ayudas al alquiler, donde se fijaba un plazo de un mes para presentar las solicitudes por los interesados.

   Dichas orden contemplaba ayudas por un total de 15 millones de euros, preveía unas 7.150 familias destinatarias y la ayuda máxima era el 40 por ciento del valor de la renta, con un tope de 2.400 euros al año por ayuda.

   Entre los requisitos generales para solicitar la ayuda figuraba que "el alquiler no puede exceder de 500 euros; o que los ingresos familiares deben ser inferiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta (Iprem), lo que equivale a 18.600 euros netos al año". La convocatoria se resolvería por concurrencia competitiva, baremando a los solicitantes "y dando prioridad a los que presenten peor situación socioeconómica".

   La Junta ha explicado que la presentación de solicitudes se abrió el 10 de marzo y se cerró el 30 de abril y se han recibido en ese plazo 22.658 solicitudes "aunque esta cifra se incrementará al computar aquellas presentadas telemáticamente o en registros no preferentes", han agregado.

   Frente a esta medida, la Consejería ha precisado que el pasado 6 de mayo se presentó en el registro de la Consejería un requerimiento de la Delegación del Gobierno en Andalucía "por el que se solicita cambios en la orden y se nos da un mes para realizarlos o de lo contrario anuncian que irán a la vía contencioso administrativa".

   El requerimiento del Gobierno se fundamenta en dos cuestiones, esto es, recurre el artículo 2.1 de la orden, en el que se dice que estas subvenciones 'se regirán por lo previsto en la Orden y con carácter supletorio la normativa estatal'; y recurre el artículo 4.4ª de la orden, en el que 'se excepciona a los beneficiarios de la ayuda de la prohibición general prevista en la legislación de subvenciones que obliga a los perceptores de ayudas a estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social'.

   La Consejería lamenta que "el Gobierno advierte de que en caso de que no atendamos a su requerimiento irán al contencioso administrativo, quedando paralizada la transferencia del dinero hasta la resolución del asunto en los tribunales, lo que puede significar varios años".

   Para la consejera de Fomento y Vivienda en funciones, María Jesús Serrano, "resulta sorprendente el requerimiento del Gobierno, ya que los dos motivos que alegan han sido incluidos con anterioridad en órdenes pasadas de la Consejería sin que hubiera ningún problema".

   La Junta ha apuntado que el informe jurídico del letrado de la Consejería "considera sin base los dos elementos incluidos en el requerimiento del Gobierno", toda vez que "en el primer caso, esto es, fijar como supletoria la normativa estatal, se retuerce el sentido del texto andaluz queriendo ver una desobediencia al derecho estatal que en modo alguno se introduce en la orden, pues el texto de nuestra orden no introduce una prelación dando prioridad a la normativa andaluza sobre la estatal, sino que simplemente dice que la concesión de las ayudas se hará conforme a la orden y supletoriamente se aplicará la normativa estatal, pero no hay elementos contrarios entre unas y otras normas".

   "Simplemente quiere decir que la orden regula todo el procedimiento que está en línea con la normativa estatal; por lo que es una cuestión absolutamente artificial, de forma y no de fondo", ha agregado la Consejería.

   En cuanto a la segunda cuestión planteada por el Gobierno central, que sí es de fondo, puesto que "considera que hay que exigir a los beneficiarios de las ayudas, de acuerdo a la ley de subvenciones, estar al día en el pago de impuestos y con la Seguridad Social", Serrano apunta que "no tiene sentido esta exigencia tratándose precisamente de dar ayudas a colectivos desfavorecidos de la sociedad".

   A juicio de la consejera, "la inclusión de esta exigencia alejaría de la ayuda a los que más la necesitan". Asimismo ha recordado que "convocatorias anteriores de la Consejería incluían esta exceptuación sin que haya habido nunca problema".

   La Junta ha recordado que la propia Ley de Subvenciones prevé la excepción de alguno de los requisitos impuestos a los beneficiarios según la norma general --en este caso estar al día en el pago de impuestos-- cuando "por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora".

   La Consejería añade que "precisamente por la naturaleza social de la orden exceptuamos de este requisito a los solicitantes". En ese sentido, ha apuntado que la orden incluye como criterios baremables "haber sido víctima de un desahucio; tener todos los miembros de la familia en paro; tener discapacitados en la unidad familiar; tener casos de dependientes en la unidad familiar; ser víctima de violencia de género; o ser víctima de terrorismo".

   "La exigencia del requerimiento supone el sinsentido de dejar al margen de estas ayudas a colectivos sociales que están siendo duramente golpeados por la crisis", ha lamentado la consejera.

   La Junta reitera que la excepción del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social "no es algo novedoso que aparece por primera vez en esta orden", tras lo que ha citado una serie de órdenes donde se recoge como excepción el citado cumplimiento de estar al día en el pago de impuestos.

   Además, la Consejería ha recordado que en diciembre la Junta de Andalucía remitió al Ministerio en trámite de audiencia un borrador con el texto de la orden "sin que hubiera objeción alguna por su parte".

DESPRECIO A LA LEALTAD INSTITUCIONAL

   Serrano asimismo considera que "el acudir directamente a los instrumentos que recoge la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, amenazando con la impugnación en dicha vía, supone actuar por parte del Gobierno de España con desprecio absoluto a los principios de cooperación, coordinación y lealtad institucional".

   A su juicio, "el propio Gobierno demuestra su desconfianza en los instrumentos de que se dota el convenio en el que se fundamenta la orden", suscrito en su día con la Junta de Andalucía para el seguimiento conjunto y coordinación de sus actuaciones en orden al cumplimiento de las obligaciones contraídas.

   En este sentido, la Consejería ha recordado que la cláusula decimoséptima "establece la creación de la comisión bilateral de seguimiento, formada por tres representantes de cada administración y con funciones como comprobar y verificar el efectivo intercambio de información entre ambas Administraciones y analizar su contenido; establecer la metodología específica para evaluar la eficacia en el desarrollo y cumplimiento del convenio; y velar por el adecuado cumplimiento de lo convenido".

   Para Serrano, "por pura lealtad entre instituciones, no parece muy coherente interponer directamente el requerimiento y amenazar con la denuncia del convenio cuando se actúa al margen de los medios contemplados en dicho instrumento, como es esa comisión bilateral de seguimiento, que podría haber sido oportunamente convocada al efecto". En ese sentido, este martes la Consejería de Fomento y Vivienda ha solicitado al Ministerio de Fomento la convocatoria de dicha comisión bilateral.

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