SEVILLA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno ha aprobado este viernes el proyecto de Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, que "consolidará" las políticas autonómicas dirigidas a este colectivo de más de 700.000 personas en la comunidad, que tiene una memoria económica que supera los 1.300 millones de euros anuales y que, entre otras novedades, contempla la reserva de plazas en formación y empleo en la administración autonómica.
Según ha explicado la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el proyecto, que será remitido al Parlamento andaluz para su aprobación definitiva, acomete reformas en profundidad con el objetivo de "avanzar hacia una sociedad más justa, inclusiva y accesible, primando la garantía de derechos de igualdad de oportunidades más allá del enfoque asistencial".
"De acuerdo con las exigencias de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificado por España, incorpora la consideración de las condiciones externas de tipo social junto con las circunstancias personales o de salud, de manera que se actualiza así un concepto legal hasta ahora centrado en un modelo médico-rehabilitador", ha señalado Sánchez Rubio.
Ha indicado que, a diferencia de la ley de 1999, "se reconocen las situaciones de especial vulnerabilidad dentro de la discapacidad, como la pluridiscapacidad, y se prevén las necesidades de apoyo a la toma de decisiones de las personas afectadas".
De igual modo, la norma considera "el mayor riesgo de sufrir abusos que presentan las mujeres y las niñas de este colectivo y establece las correspondientes medidas para su incorporación a las políticas sobre violencia de género", con actuaciones como la adecuación de las casas de acogida y la implantación de servicios de atención telefónica a mujeres sordas mediante sistemas similares a la videoconferencia.
La consejera ha señalado también como novedoso el reconocimiento del uso de los perros de asistencia para el acompañamiento, conducción, ayuda y auxilio, una categoría general que incluye los perros guías para invidentes y que deberá regularse en el plazo de un año a partir de la aprobación de la nueva ley por el Parlamento. Además, también se concederá la tarjeta de aparcamiento para discapacitados a vehículos de transporte colectivo.
FORMACIÓN Y EMPLEO
En el ámbito formativo y del empleo, la principal novedad es el establecimiento de una reserva para personas con discapacidad del tres por ciento del número de plazas (con un mínimo de una) en los cursos de formación organizados por la Administración autonómica. Esta cifra se eleva al 5 por ciento en el Programa de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo, "un cupo igualmente de nueva creación". Además, prevé otra reserva en las bolsas de trabajo temporal de empleo público, que será concretada en un posterior desarrollo reglamentario.
En el área laboral, la futura ley obligará a mantener en vigor un plan de empleabilidad y con un enfoque de género para intentar igualar las tasas de hombres y mujeres con discapacidad.
Otra novedad destacada es la fijación de una reserva del cinco por ciento del importe anual de toda la contratación pública de la Junta a favor de los centros especiales de empleo. En esta misma línea, se introduce una cláusula de desempate obligatoria a favor de las empresas que tengan un mayor número de personas con discapacidad, según ha explicado la consejera.
SALUD Y EDUCACIÓN
Respecto a la salud, el proyecto recoge el impulso a la atención temprana para menores de seis años, "haciendo hincapié en la coordinación de los servicios sociales, sanitarios y educativos". En este sentido, se definen las condiciones mínimas del modelo regulado en el decreto que aprobó el Gobierno andaluz el pasado de 26 de abril.
En el área educativa, las universidades andaluzas "deberán elaborar un censo del alumnado con discapacidad y aprobar un plan especial de accesibilidad" a los entornos físicos y de la información y la comunicación. También novedosa es, ha señalado Sánchez Rubio, la prohibición expresa que se establece para los centros docentes, tanto públicos como privados, de denegar por motivos de discapacidad el acceso al alumnado o a los demás miembros de la comunidad educativa a sus servicios y actividades.
A diferencia de la anterior ley, el nuevo texto define los criterios que deben orientar las prestaciones de servicios sociales destinadas a los discapacitados, de forma que se atiendan sus necesidades personales y de inclusión. Así, se introduce la figura del concierto social para impulsar la colaboración con la iniciativa privada, ha detallado la titular de Igualdad.
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
"Garantizar la vida independiente y la accesibilidad universal", ha señalado Sánchez Rubio como otro de los objetivos de la nueva ley que, a diferencia de la de 1999, "sólo se centraba en la accesibilidad arquitectónica o física". Para ello, la Administración autonómica estará obligada a incluir en su regulación sobre la materia todos los entornos físicos y de información y la comunicación para permitir su uso por el mayor número de personas con independencia de cuáles sean sus capacidades.
En el texto también se reconoce específicamente el derecho de las personas en situación de dependencia a la asistencia personal para llevar una vida independiente. Entre otras medidas, la ley obligará a impulsar viviendas tuteladas o compartidas para la promoción de la autonomía personal.
La futura normativa también mantendrá la posibilidad de que la Administración autonómica otorgue prestaciones económicas complementarias a las estatales para las personas en situación de necesidad y subvenciones que favorezcan la inclusión social.
En el apartado de vivienda, ha explicado que se consolida la reserva de un cuatro por ciento de las protegidas para personas con discapacidad y, como novedad, se dispone la regulación de la figura de las denominadas 'viviendas convertibles', mientras que los discapacitados tendrán preferencia en la concesión de ayudas para la adaptación de las viviendas.
Otra novedad respecto a la ley anterior es la inclusión expresa del turismo entre las actividades de ocio en las que se debe garantizar la igualdad de oportunidades. En este sentido, se dispone que si los alojamientos de uso residencial público accesibles y los espacios reservados se ubican sólo en las zonas de mayor precio, "los discapacitados tendrán derecho a abonar el precio de la zona más económica", ha añadido la consejera.
También incluye, en materia de comunicación, imagen y publicidad, que el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) deberá elaborar anualmente un informe sobre el tratamiento de la imagen de las personas con discapacidad; así como también contempla la previsión de crear un órgano de resolución extrajudicial de conflictos en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación, que estará adscrito a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
Por último, el texto incluye un régimen sancionador en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal con multas que van desde 301 a un millón de euros dependiendo de la calificación de la infracción. Se califican como muy graves todas aquellas conductas de acoso o dirigidas a generar deliberadamente situaciones de riesgo o daño grave para la integridad física o psíquica.
Por último, la consejera ha destacado que el proyecto ha contado con la participación de las entidades pertenecientes al Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad, así como de las organizaciones y asociaciones relacionadas con esta materia.
