La Junta demanda a Flamenco Festival por el impago de ocho actuaciones del Ballet Flamenco en el certamen de 2006

SEVILLA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, a través de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales (Epgpc), ha demandado judicialmente la cantidad de 56.000 euros a la empresa de Miguel Marín 'Flamenco Festival INC', organizadora del Flamenco Festival de EEUU y Londres, por el "impago" de ocho de las diez actuaciones del Ballet Flamenco de Andalucía, que contrató para su certamen de principios de 2006.

En total, esta empresa contrató diez representaciones del Ballet --dos en Washington, tres en Nueva York y cinco en Londres--, si bien, sólo se celebraron las ocho reclamadas por Cultura, ya que la compañía que dirige Cristina Hoyos suspendió las dos representaciones previstas en Washington.

Esta demanda, a la que tuvo acceso Europa Press, se presentó en los tribunales el 22 de diciembre de 2006, dándose la circunstancia de que tres días antes, el 19 del mismo mes, la propia Consejería firmó un nuevo acuerdo de colaboración con Miguel Marín, por valor de 90.000 euros, para el Flamenco Festival de 2007.

Tras la firma de aquel convenio, suscrito por el viceconsejero del ramo, José María Rodríguez, la directora de la Agencia del Flamenco, Bibiana Aído, y el empresario Miguel Marín, el viceconsejero se refirió a los problemas que se derivaron de las dos cancelaciones del Ballet en Washington en febrero de 2006, tras las quejas del Lisner Auditorium, teatro en el que iba a actuar la compañía pública y que pidió que se le abonaran los gastos generados por las cancelaciones. Rodríguez y Marín manifestaron que ya estaba "todo arreglado", apostando por "mirar al futuro", aunque ninguno aclaró cómo se resolvió el asunto.

Tres días después, Cultura presentó esta demanda, que ya ha sido admitida a trámite, según confirmaron a Europa Press fuentes judiciales. Según se relata en ésta, el 17 de octubre de 2005 se firmó un contrato de representación pública entre la Empresa Pública, a través de la Agencia del Flamenco, y la entidad Flamenco Festival INC. En concreto, la organización del certamen internacional contrataba diez funciones del espectáculo 'Viaje al Sur' del Ballet, estableciéndose un precio total de 100.000 euros, es decir, 10.000 euros por actuación.

No obstante, el 5 de diciembre de 2006, ambas partes suscribieron un anexo al contrato en el que se bonificaba a Flamenco Festival con 30.000 euros, por lo que la cantidad a pagar por las funciones era de 70.000 euros, es decir, 7.000 euros por cada representación.

Según señala la Consejería en la demanda, las actuaciones previstas en Washington los días 11 y 12 de febrero de 2006 se suspendieron por una "causa no imputable a la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales". En concreto, Cultura considera que la suspensión se debió a que no se recibió a tiempo el vestuario para las actuaciones de Washington, debido a los fallos registrados en la entonces recién inaugurada terminal T-4 de Barajas y al temporal que azotaba en esas fechas EEUU.

Por ello, la Junta reclama el pago de las ocho representaciones restantes, valoradas en 56.000 euros, no exigiendo "las dos que no se realizaron, al entender que la causa de la suspensión fue por caso fortuito o fuerza mayor".

SUSPENSIÓN AVALADA POR TRES EXPERTOS

Además, la Epgpc aporta en la demanda informes de expertos que avalan la decisión de suspender, tomada por Cristina Hoyos. Así, José María Roca, de Producciones Imperdible; Juan Dolores González Caballero, de Teatro del Velador, y Pilar Pérez Calvete, del Taller de Danza Contemporánea, emitieron informes periciales en los que, "haciendo constar la importancia del vestuario en los montajes de danza, concluyen que en su opinión no era posible llevar a cabo el espectáculo sin vestuario".

La Consejería añade en el documento judicial que "han sido inútiles cuantos intentos extrajudiciales ha realizado esta parte (Empresa Pública) para llegar a una solución amistosa". Así, relata que el 10 de julio de 2006, la Consejería pidió por carta certificada a Marín que abonase 56.000 euros por las ocho representaciones. "La entidad demandada --Miguel Marín-- se negó, pretextando que la cancelación de las dos representaciones suspendidas le habían ocasionado gastos". El 29 de agosto de 2006, se produjo un nuevo requerimiento de pago, que no fue atendido, y el 4 de septiembre de 2006, se hizo otro requerimiento de pago, esta vez por conducto notarial, del que tampoco se obtuvo respuesta.

La demanda concluye que las cancelaciones se debieron a un "caso fortuito", que el resto de actuaciones "fueron un éxito" y que la empresa de Marín "se niega a pagar", por lo que Cultura le demanda 56.000 euros, más los intereses devengados, con expresa condena de las costas.

CULTURA DICE QUE ES UNA "ACCIÓN DE NORMALIDAD"

Por su parte, el viceconsejero de Cultura, en relación a este asunto, dijo hoy a Europa Press que la Junta sigue intentando llegar a un acuerdo extrajudicial y consideró la demanda "una acción de absoluta normalidad", ya que "desde punto de vista administrativo, no podemos tener sin cobrar facturas de hace año y medio y no emprender acciones de cobro porque, de lo contrario, la Cámara de Cuenta nos lo recuerda en el Parlamento".

No obstante, aseguró que "las relaciones con Marín son excelentes, aunque tenemos estos problemas, como en las mejores familias". Si finalmente no es posible el acuerdo, confió en que la Justicia determine quién lleva razón, sin que eso impida "que se sigan haciendo cosas en colaboración".