Junta pide "cautela" y dice que "vela constantemente" por la seguridad de los discapacitados

SEVILLA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera para la Igualdad y el Bienestar de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, pidió hoy "respeto y cautela" ante la denuncia que la Fiscalía ha presentado por presuntos malos tratos y trato degradante cometidos por algunos trabajadores de la residencia para discapacitados que los Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca poseen en Montequinto (Dos Hermanas, Sevilla), y afirmó que la Administración "vela constantemente por la adecuada atención y seguridad" de los discapacitados que reciben atención en este tipo de centros.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Navarro confirmó que fue en diciembre de 2009 cuando la Consejería para la Igualdad presentó una denuncia ante la Fiscalía por supuestas irregularidades en la gestión de este centro que cuenta con 30 plazas para discapacitados intelectuales, todas ellas concertadas con la Junta de Andalucía.

Además, informó de que ya en septiembre, la Junta abrió un expediente administrativo por incidencias de "menos gravedad" detectadas en el transcurso de un inspección relacionadas con la existencia algunos lotes de alimentos caducados o irregularidades en las instalaciones de carácter leve.

Dicho expediente, al abrirse la investigación judicial, ha quedado "paralizado", tal y como comunicó ayer la propia Fiscalía en un oficio remitido a la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social.

Navarro aseguró que la Administración autonómica, respondiendo a su obligación, denunció las supuestas irregularidades a la Fiscalía "de modo inmediato en cuanto tuvo conocimientos de los hechos", cuya naturaleza no quiso precisar si bien incidió en que, a grandes rasgos, "presuntamente no estaban actuando de forma correcta en la atención de las personas que allí encontraban", que, insistió, "no son menores aunque si incapacitadas legalmente".

En este sentido y preguntada por la posibilidad de que se exija a la Junta responsabilidad civil subsidiaria en este caso por tratarse de una residencia concertada si prospera la investigación, dijo que "en ningún momento la Fiscalía ha requerido nada en esta línea" y que, además, es "difícil de entender que se le pueda pedir responsabilidad civil subsidiaria a la entidad que presenta la denuncia".

Afirmó que la Consejería para la Igualdad se encuentra en estos momentos a la espera de que la Fiscalía actúe y determine qué pasos hay que dar y aseguró que desconoce "a cuántas personas han podido interrogar ni cómo avanza la investigación".

La consejera subrayó que la Junta de Andalucía mantiene un servicio de inspección activo durante todo el año y a lo largo de toda Andalucía en centros públicos, privados y concertados que prestan atención a menores, mayores o discapacitados y defendió la "profesionalidad" de los trabajadores de este servicio, que "velan constantemente para garantizar la seguridad de las personas afectadas y las familias".

PENDIENTE DE REPARTO

Conviene recordar que en diciembre de 2009, el departamento que dirige Micaela Navarro elevó una denuncia ante la Fiscalía, lo que motivó que el Ministerio Público abriera una investigación que ha dado lugar a que, en fecha reciente, la Fiscalía de Dos Hermanas (Sevilla) haya presentado dos denuncias por estos hechos ante los juzgados de la localidad nazarena.

En este sentido, ha interpuesto una denuncia por presuntos malos tratos y trato degradante, y otra por un presunto delito contra la Administración Pública y por coacciones, según informaron a Europa Press fuentes judiciales, quienes dieron a conocer que la denuncia ya ha llegado a los juzgado de Dos Hermanas, aunque está pendiente de reparto.