Junta propone que la experiencia de los monitores pueda ser acreditada para obtener un Certificado de Profesionalidad

SEVILLA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, ha anunciado que la administración autonómica quiere reconocer la experiencia laboral de los monitores administrativos de los centros educativos --afectados por la intención del Ejecutivo regional de ofertar empleo público para desarrollar sus funciones-- a través de la acreditación de competencias que permite obtener un Certificado de Profesionalidad.

Esta medida, según ha explicado Alonso en el Pleno del Parlamento andaluz respondiendo a una pregunta del Grupo Popular, permitiría acceder a las próximas convocatorias de empleo a aquellos que no cuentan con la titulación específica exigida. "Seguiremos haciendo lo posible para que la experiencia tenga un valor fundamental", ha expuesto.

Este certificado sería de nivel 3 --asistencia documental de gestión en despachos y oficinas--; su aplicación no ha sido posible en el actual Plan de Choque, que permitirá cubrir las plazas a través de oferta pública del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), "porque el procedimiento de acreditación de competencias requiere tiempo y nuestra responsabilidad siempre ha sido que los centros educativos tengan estos apoyos administrativos antes del comienzo de la escolarización".

El titular andaluz de Educación, por lo demás, ha vuelto a exponer que el conflicto nace de una denuncia interpuesta por el sindicato Ustea en junio de 2013 por circunstancias de precariedad y explotación laboral, según las cuales "estos monitores no pueden volver a trabajar como hasta ahora".

Tras la extinción del contrato con la empresa con la que se mantenía la relación laboral, la Junta trabaja ahora para que el 1 de marzo estén en sus puestos las personas que desempeñen estas tareas de apoyo administrativo.

El consejero ha mostrado "su mayor respeto" y "sensibilidad" hacia quienes sufren las consecuencias de la pérdida de un empleo y ha hecho hincapié en que "no hemos dejado de buscar soluciones, y lo seguiremos haciendo, respetando siempre la legalidad, los procedimientos y los acuerdos con los agentes sociales".

LA JUNTA "NUNCA" REVISÓ LOS CONTRATOS

La réplica ha llegado por boca de la diputada popular María Francisca Carazo --ataviada, al igual que otros parlamentarios de su grupo, con camisetas reivindicativas de color morado, lo que les ha valido un comentario mordaz de Alonso sobre "la fuerza de IU"--, que ha acusado al consejero de "echar balones fuera, al tejado de los sindicatos".

"La Junta es la única responsable de apostar por este modelo desde el principio", ha recordado Carazo, lamentando que al Ejecutivo andaluz "no se le caiga la cara de vergüenza" cuando "reconoce" la precariedad laboral de estos empleados, ya que "nunca revisaron esos contratos, y era su responsabilidad".

Así, ha recordado que ninguno de los 840 afectados ha podido participar en la oferta de empleo, acusando a Alonso de "no haber sido franco en ningún momento" con los trabajadores y directores de centros educativos. "Reconozca que nunca ha querido seguir contando con ellos", ha incidido, para criticar a continuación que la solución haya pasado por un Plan de Choque para parados de larga duración consistente en "ofertar 'minijobs' de cuatro, seis u ocho horas que son insuficientes".