La secretaria general de Consumo critica el plazo de "tan sólo 15 días" dado por el Ejecutivo para comentar la reforma de la Ley de Consumidores
SEVILLA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -
La secretaria general de Consumo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, María Dolores Muñoz, ha expresado este domingo el "rechazo rotundo" del Gobierno andaluz contra "cualquier tipo de presión" por parte del Ejecutivo central contra la asociación Facua, al entender que ese tipo de medidas "pone en riesgo la garantía de los derechos de los consumidores".
Muñoz ha reaccionado así en un comunicado a la información difundida este fin de semana por el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, según la cual, el Instituto Nacional de Consumo ha amenazado con expulsar a la organización del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios si no elimina de su página web información sobre las campañas que ha impulsado contra los "recortes" del Gobierno, al entender que dichas acciones "no se corresponden con los fines que le son propios" a ese tipo de asociaciones.
La secretaria general de Consumo de la Junta no comparte esta lectura "tan restrictiva y parcial" que, en su opinión, realiza el Gobierno de "la defensa de los intereses de los consumidores", ya que, con ella, "condiciona la independencia" de la asociación y "pone en riesgo la garantía de los derechos de los consumidores".
Además, Muñoz ha defendido la trayectoria de Facua, una entidad "de reconocido prestigio, con legitimidad y capacidad de interlocución" que "fundamenta su independencia, tal como dice la ley, en sus actuaciones no sólo hacia los operadores del mercado, sino también hacia los poderes públicos".
En este sentido, considera que la asociación "está en su legítimo derecho de realizar todas aquellas acciones que considere oportunas" para proteger a los usuarios, que es "la finalidad con la que nacen estas entidades, siempre que éstas se realicen dentro de la legalidad", cosa que, a su juicio, se ha cumplido, a la vez que considera que "las administraciones públicas deben ser garantes de la libertad de expresión y asumir las críticas".
LEY PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES
Por otra parte, Muñoz ha criticado también al Instituto Nacional de Consumo por haber remitido a la comunidad autónoma el 1 de agosto "por sorpresa" el texto del anteproyecto para la modificación de la Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuarios (RD 1/2007), "otorgando un plazo de tan sólo 15 días para que tanto autonomías como asociaciones de consumidores y empresariales se pronuncien sobre el mismo".
La secretaria general de Consumo considera que esta actitud del INC ante una "importante modificación legal" que afectará a los derechos de los ciudadanos como consumidores refleja un "intento más de acabar con la participación".
