La Junta urge al Gobierno a permitir reanudar la asistencia jurídica a reclusos

Foto: EUROPA PRESS/PARLAMENTO

SEVILLA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La Consejería de Justicia e Interior ha remitido al Ministerio del Interior el acuerdo alcanzado con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados para firmar el convenio que permita la reanudación del servicio de orientación jurídica penitenciaria en Andalucía, según ha anunciado este miércoles en comisión parlamentaria el consejero, Emilio de Llera.

   El titular del ramo ha puesto de relieve el consenso alcanzado con los abogados y el Ministerio para restaurar este servicio que atenderá a la población reclusa de Andalucía y ha asegurado que, una vez solventado este trámite, el Gobierno andaluz llevará a cabo todas las actuaciones para que este último trámite "resulte lo más breve posible" a fin de que se consiga la más pronta reanudación del mismo.

   El acuerdo con el Consejo de Colegios de Abogados se cerró en la última reunión de la Comisión Mixta de la Administración Autonómica, tras el visto bueno que ya había concedido el Ministerio del Interior a la propuesta de la Junta para recuperar esta iniciativa que facilitará atención jurídica a los internos de los 13 centros penitenciarios existentes en la comunidad andaluza.

   "Por todas las partes --ha subrayado De Llera-- se ha trabajado desde la voluntad de posibilitar la reanudación del servicio, en sentar las bases que permitan su optimización ajustando su contenido para conseguir una prestación que satisfaga las necesidades del interno y que permitan unos mínimos y un control de calidad".

SERVICIO SUSPENDIDO

   La atención jurídica penitenciara se hallaba suspendida desde abril de 2012 debido a la negativa inicial del Gobierno del Estado de firmar un nuevo convenio para prestar esta asistencia letrada complementaria a la población reclusa de Andalucía. Sin embargo, el borrador del nuevo convenio, ya consensuado con la Secretaría de General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio, estaba pendiente de la valoración del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados para su análisis, tras el cual ha dado su conformidad al texto.

   En el convenio se contempla un mayor control del gasto que hacen los colegios de abogados de los fondos públicos destinados a este servicio, la elaboración de un plan de calidad y la regulación de la participación de Instituciones Penitenciarias en la certificación de las asistencias o el control de los horarios y días de prestación del servicio de orientación jurídica.

   "En definitiva, son todas cuestiones que han fijado de forma más clara, y en aras de una mejor prestación de la orientación jurídica penitenciaria en Andalucía, el marco jurídico de colaboración que permita su prestación", ha resaltado De Llera.

   No obstante, el consejero ha reiterado que el convenio no considera las asistencias de este servicio como guardias, ya que éstas forman parte de la prestación de asistencia jurídica gratuita que ya está garantizada por la Junta a la ciudadanía que cumpla los requisitos necesarios para ser beneficiaria.

   Asimismo, el titular de Justicia e Interior ha recordado que ya se han liquidado con los colegios de abogados andaluces las certificaciones pendientes de pago correspondientes al anterior convenio para la prestación de este servicio.

IULV-CA PIDE QUE LOS ABOGADOS "NO PAGUEN EL PATO"

   En el turno de intervención de los grupos, la diputada de IULV-CA Alba Doblas ha criticado que la Consejería de Justicia se "empeñe" en una postura, la firma de un convenio tripartito, mientras que el Parlamento le ha dado un "mandato claro" sobre la reanudación inmediata de este servicio. A su juicio, no hay "ninguna ilegalidad" en que no haya convenio con el Ministerio de Interior, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores.

   Doblas ha criticado que la Consejería de Justicia "no se siente" a negociar este convenio con los Colegios de Abogados, "a los que les han impuesto unas restrictivas condiciones". Además, según ha advertido, los profesionales de la abogacía no pueden "pagar el pato" a través de una "precarización" de su trabajo.

PSOE-A ADVIERTE DE LA "NUEVA CONFLUENCIA" PP-IU

   Por su parte, el diputado del PSOE-A Enrique Javier Benítez ha considerado "sorprendente" la "nueva confluencia" de PP e IU en torno a esta materia y ha asegurado que su partido está "muy tranquilo" con la respuesta "aclaratoria" que ha ofrecido el consejero del ramo.

   Tras acusar a Doblas de hacer más una "defensa de los intereses corporativos" de los abogados que de la población reclusa, ha apuntado que las mejoras de las condiciones de este colectivo no solo se consiguen con la reanudación de este convenio, sino también con inversiones por parte del Ministerio del Interior, "que no llegan".

   Benítez se ha mostrado convencido de que este convenio va a tener el "consenso" de todos los actores implicados y va a ser "más sólido, solvente y eficaz" que los anteriores, destacando además que la "insistencia" de la Consejería de Justicia ha sido "decisiva" para la reanudación del mismo.

PP-A VE UNA PROPUESTA "INSUFICIENTE"

   Finalmente, el diputado del PP-A Juan Ramón Ferreira, que ha subrayado que si no fuera por las siete veces que su partido e IULV-CA han traido al Parlamento este asunto "ahora mismo estaría en un cajón y se habría olvidado", ha criticado que una de las "primeras decisiones" del consejero tras llegar al cargo fuera "suspender" este convenio, "asegurando que era alegal o ilegal".

   Ferreira ha señalado que De Llera ha pasado de decir que este convenio no hacía falta a defender su reanudación, al tiempo que ha destacado que si finalmente vuelve a firmarse no ha sido por la insistencia de la Consejería, sino por la presión de los colegios de abogados y de la labor parlamentaria de PP e IU.

   Así, tras acusar a la Consejería de Justicia de "desoír" cuatro mandatos parlamentarios sobre este asunto, el parlamentario del PP-A ha asegurado que este departamento se ha "cargado" un servicio que funcionaba y lleva "dos años y medios dando bandazos en los argumentos" y ahora presenta una propuesta "insuficiente" que no satisface las necesidades de los usuarios ni de los abogados.

   En su turno de réplica, De Llera ha asegurado que su departamento se va a ceñir a la legalidad presupuestaria porque él no está dispuesto a sentarse en un banquillo por subvenciones "fuera de norma". "No me pidan que casi malverse caudales públicos para restablecer este servicio", ha apuntado el consejero.

   Asimismo, ha negado que este convenio no haya sido negociado con los Colegios de Abogados y también que lo suprimiera cuando lo nombraron consejero. "Cuando llegué el convenio se había extinguido e intenté que se reanudara pero el Ministerio de Interior se negó", ha concluido De Llera.