SEVILLA 21 May. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Fomento y Vivienda en funciones, María Jesús Serrano, considera "lamentable" la "falta de sensibilidad" del delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, hacia las familias desfavorecidas que solicitan ayudas al alquiler, tras lo que ha rechazado que haya "fraude" en la orden de ayudas al alquiler de la Junta.
Serrano ha hecho estas declaraciones después de que el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha pedido este jueves colaboración a la Junta para "cambiar la normativa" sobre la orden de ayudas al alquiler para familias desfavorecidas, ya que actualmente es "irregular" y la comunidad andaluza "está incumpliendo una normativa estatal". Sanz ha dejado claro que la pretensión del Gobierno es "evitar un fraude en la norma que impida conceder estas ayudas".
Todo ello después de que la Consejería de Fomento y Vivienda haya criticado que el Gobierno central le haya enviado un requerimiento por el que se solicita cambios en la orden de ayudas al alquiler, dirigido a familias desfavorecidas, según han indicado fuentes de la Consejería, que apuntan que el Ejecutivo central les da un mes para realizar dichos cambios "o de lo contrario anuncian que irán a la vía contencioso administrativa".
Ante esta situación, Serrano se ha mostrado "indignada y enfadada" cuando se hace "manipulación de la información para hacer una campaña sucia" y cree "lamentable" que Sanz "pida colaboración a la Junta para cambiar la norma de ayuda al alquiler", y también considera "lamentable" que diga que la Junta "ha actuado de mala fe".
En ese sentido, ha asegurado a Europa Press que la Junta "no plantea nunca una normativa irregular, jamás lo ha hecho ni lo hará, siempre cumple con la ley".
Serrano ha recordado que "el objetivo último de las ayudas es atender a familias con escasos recursos económicos y favorecer a colectivos con dificultades concretas, pero no tiene sentido que exijamos ciertos requisitos que los dejarían fuera de la convocatoria".
A su juicio, "no parece lógico que esta línea de ayudas excluya a personas que tengan contraídas deudas con la Seguridad Social o con Hacienda". "La idea de las ayudas es ayudarles a poder tener un alquiler", ha añadido.
Lamenta que Sanz diga que su intención es "evitar fraude", lo cual muestra "una falta de sensibilidad lamentable; pues considera un fraude que las personas más desfavorecidas traten de acceder a una ayuda". "Ni estamos fomentando una irregularidad ni el fraude", asevera.
Serrano ha recordado que la Ley de Subvenciones "contempla la posibilidad de sensibilizar las condiciones por la propia naturaleza de la ayuda", tras lo que ha citado el artículo 13.2 de dicha ley "que literalmente establece esa posibilidad de exceptuar a las personas que no se hallen al corriente del cumplimiento de obligaciones tributarias y de pagos a la Seguridad Social; expresamente se puede excepcionar a determinadas personas".
Asimismo, ha recordado al Gobierno que "la excepción del cumplimiento de las obligaciones tributarias no es algo novedoso que aparezca por primera vez en esa orden, y además en ningún otro momento se ha exigido el requisito en ayudas similares a éstas ni el Gobierno central ha realizado requerimientos similares a éste".
"Es norma que estas familias no puedan estar al corriente de esos pagos", ha añadido la consejera, quien recuerda que por el momento han recibido 22.658 solicitudes para optar a estas ayudas.
COMISIÓN BILATERAL
Por ello, Serrano lamenta la "falta de lealtad institucional", toda vez que "en el convenio entre Gobierno y la Junta se prevé que, si hay discrepancias, se convoque una comisión bilateral, pero no la han convocado ni nos han llamado por teléfono, es lamentable".
En ese sentido, ha precisado que ya el pasado miércoles pidieron que se convocara la comisión bilateral, ante lo que el Gobierno les ha convocado para la próxima semana, en concreto el próximo martes. Serrano espera que "el Ministerio tenga sensibilidad y esa discrepancia entre administraciones se resuelva en beneficio de las personas más necesidades".
A su juicio, si se modificara la orden "lo único que va a pasar es que se perjudicaría a las personas más humildes y vulnerables".
Serrano cree que "no debería haberse llegado a ese punto, pues es la primera vez que el Gobierno nos pone una reclamación previa donde advierte de que si en el plazo de un mes no cambia, irá al contencioso administrativo".
La consejera ha recordado que "lo primero que hizo la Junta que trasladarle la orden al Gobierno antes de publicarla, estamos dispuestos a cumplir la normativa, a colaborar y tratar de tener un entendimiento".
En ese sentido, se ha mostrado "dispuesta a hacerle ver al Ministerio que esto está avalado por informes jurídicos que indican que se puede exceptuar, estamos dispuestos a hacerle ver que es una cuestión que afecta a muchas familias que lo están pasando muy mal; ahora es tiempo de pensar en las personas".
Por ello, espera que "el Gobierno entre en razón y se intente llegar a acuerdo en la redacción en algunos de los artículos, pues el objetivo es beneficiar a esas personas que lo están pasando mal, poder ayudarles y no poner más trabas ni más piedras en el camino".