Lamo de Espinosa (ANCI) pide a los partidos que no usen a las empresas de la construcción en su pugna política

SEVILLA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI), Jaime Lamo de Espinosa, pidió a los partidos políticos "más responsabilidad" y que no utilicen a las empresas de la construcción y las adjudicaciones públicas en su pugna política para evitar "que se pierda prestigio" en las empresas.

Asimismo, pidió que "no se demonice al sector" de la construcción, puesto que "las empresas de la construcción seguirán su actividad y construir otro tipo de viviendas", de forma que "los españoles necesitan al sector de la construcción para vivir y serán necesarias entre 250.000 y 300.000 viviendas, cifra similar a las de Reino Unido y Francia", por lo que insistió en la idea "de ser prudentes y no se debe decir que el sector no es necesario".

Lamo de Espinosa pronunció hoy en Sevilla una conferencia sobre 0la obra civil como motor de recuperación económica', pronunciada en el seno del Club Cámara 500, donde destacó la importancia de la asociación en el sector de la construcción de forma que ANCI está formada por 25 empresas --entre ellas tres andaluzas, en concreto Azvi, Sando y Detea-- que "pasaron de ser adjudicatarias de entre el seis y siete por ciento de las obras públicas del Gobierno central y las comunidades autónomas, a aglutinar entre el 30 y 32 por ciento" de las obras.

En su intervención, Lamo de Espinosa, hizo una descripción de la situación económica y de la crisis económica registrada en España, con problemas en los sindicatos del PIB, el paro y las cuentas del Estado, de forma que "tenemos una crisis singular, severa y sincrónica, en la que debemos salir todos juntos o no salimos".

Recordó que la crisis financiera "surgió cuando ya llevaba un año la crisis inmobiliaria", una crisis en el sector de la construcción sobre la que "unos y otros criticaron la burbuja inmobiliaria pero ahora añora la creación de empleo". Agregó que esta burbuja "en vez de pincharse poco a poco con la crisis económica ha explotado y ha provocado una caída drástica del sector y un reajuste, con una pérdida de 650.000 empleos, a lo que se suman los efectos en la industria complementaria".

Sobre el año 2010, Lamo de Espinosa reconoció que "no será precisamente un año cómodo" y, tras apuntar que no se considera 'keynesiano', sí valoró el modelo propuesto por Keynes de defender la gestión pública productiva para salir de la crisis, de manera que "es importante el gasto social pero también es importante el gasto productivo".

En ese sentido, destacó la importancia de la obra civil como forma de salir de la actual situación, puesto que "cada 10.000 millones invertidos generan 100.000 empleos directos y 80.000 indirectos".

Auguró que la segunda fase del Plan E del Gobierno "tendrá un impacto positivo" y dará "más tiempo a los ayuntamientos para preparar mejor sus proyectos, pues el primer Plan E hubiera sido interesante si hubiera habido menos aceras y más obras de calado".

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Lamo de Espinosa valoró asimismo el modelo de colaboración público-privada propuesto por el Gobierno para la financiación de infraestructuras, para lo cual "será necesaria financiación" de entidades financieras, algo en los que se mostró optimista.

Además apostó por un adelgazamiento de los gastos públicos de Estado y comunidades autónomas y una reducción de gastos corrientes, puesto que las comunidades autónomas "se han convertido en grandes centrales de gasto que ponen en peligro su propia existencia", de forma que "la productividad y competitividad en el sector público es meramente institucional".

LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE

Asimismo, también valoró el proyecto de Ley de Economía Sostenible, sobre el que Lamo de Espinosa hizo algunas consideraciones, como la necesidad de cumplimiento de los plazos de pago de las obras en 30 días para las administraciones a sus empresas contratistas y de 60 días de los contratistas a sus proveedores, algo que entrará en vigor en 2013 y que "debería haber entrado en vigor antes", ya que "el Gobierno tarda en cobrar 140 días, las comunidades autónomas tardan 155 en pagar y las locales 232 días", de forma que "no se por qué la gente se lamenta de que las empresas tengan impagos".

Ene ese sentido, en materia energética, tras recordar que el 85 por ciento del abastecimiento energético es importado, abogó por una energía "más limpia y mas barata", por lo que defendió la energía nuclear y apostó por "duplicar la potencia instalada de las actuales centrales nucleares existentes, más que por hacer nuevas centrales, un aumento de la potencia que generará obra civil por valor de 20.000 millones de euros". Agregó que las energías renovables "son más caras que las nucleares, que son las más baratas".

Asimismo, apostó por luchar por la unidad de mercado "pues las comunidades autónomas han roto violentamente esa unidad, alejando la inversión exterior", por aumentar la inversión en I+D, mejorar el sistema educativo y no generar confrontación con las empresas.

El representante de estas 25 empresas, que suman un negocio de 12.000 millones y emplean a 36.000 empresas, reiteró su petición de que en la adjudicación de obras "todas las empresas tengan los mismos derechos y la misma igualdad de oportunidades", y pidió que "se adjudique por exigencias técnicas y objetivas".