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SEVILLA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
El proyecto de Ley de Servicios Sociales de Andalucía ha superado este miércoles el debate a su totalidad en el Pleno del Parlamento con los votos de PSOE-A, PP-A, Podemos y Ciudadanos (C's), que han rechazado la enmienda a la totalidad con propuesta de devolución que IULV-CA ha presentado contra una norma que ahora continúa su trámite parlamentario.
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha defendido ante el Pleno el carácter pionero en España de este proyecto de Ley aprobado en enero por el Consejo de Gobierno andaluz, que sitúa a las personas "en el centro del sistema de servicios sociales".
Ha destacado que convertirá a Andalucía en la primera comunidad autónoma que blinda con rango legal las coberturas básicas en esta materia, y en ella se introducen como principales novedades la ampliación de derechos, el establecimiento de un catálogo de prestaciones básicas garantizadas que podrán ser exigibles por la ciudadanía, la creación de la Historia Social y de la Tarjeta Social Digital para cada persona, y la constitución del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Andalucía.
Ha recordado que el texto ha contado con aportaciones de corporaciones locales, consejerías de la Junta, colegios profesionales, agentes económicos y sociales y otras organizaciones de la sociedad civil. Sus objetivos principales se dirigen a prevenir, dar cobertura y atender las necesidades individuales y sociales básicas de las personas en su medio; mejorar su bienestar y proteger de manera especial a aquellas que se encuentran en situación de abandono, exclusión social o gran necesidad.
La futura ley sustituirá a la vigente desde 1988, e introduce los nuevos derechos tales como que la persona usuaria podrá decidir su propia intervención y deberá disponer de un profesional de referencia que garantice el carácter integral y la continuidad de la atención.
Sánchez Rubio ha indicado que la norma también establece, por primera vez, el derecho de la persona a dejar constancia de su voluntad anticipada sobre los recursos que quiere recibir en previsión de una futura limitación de su capacidad de obrar.
PRESTACIONES GARANTIZADAS Y CONDICIONADAS
Respecto al catálogo de prestaciones garantizadas, estas tendrán la consideración de derecho subjetivo y, por tanto, podrán ser exigidas ante los tribunales de justicia. Formarán parte de esta lista los servicios de información, valoración, orientación y asesoramiento; los específicos de protección de menores en situaciones de riesgo o desamparo; los programas de intervención social y su seguimiento; la teleasistencia; la atención en urgencia social; las prestaciones económicas específicas y directas contra la exclusión y para la erradicación de la marginación y la desigualdad; la protección y amparo de las víctimas de violencia de género y trata, y la protección jurídica y social de personas con capacidad limitada.
Junto a la relación de prestaciones garantizadas, el proyecto prevé otras prestaciones condicionadas a la disponibilidad de recursos y a un orden de prelación establecido objetivamente, que se proporcionarán en función de las necesidades detectadas.
HERRAMIENTAS DIGITALES
Otra novedad es la creación de la Historia Social Digital para todas las personas usuarias de los Servicios Sociales en Andalucía, desde las menores de edad a las mayores, en situación de dependencia, con discapacidad o titulares de tarjeta de familia numerosa. Esta herramienta, similar a la del sistema sanitario, "permitirá una mayor coordinación de los profesionales y contará con información precisa para la mejora de la atención prestada".
Igualmente, el proyecto de ley dispone la creación de la Tarjeta Social Digital para todas las personas con derecho a los servicios sociales, las de nacionalidad española que tienen su residencia en Andalucía, las extranjeras empadronadas y residentes, las andaluzas en el exterior y todas aquellas que, encontrándose en la comunidad autónoma, sufran alguna situación de extrema urgencia personal, familiar o social.
La titular del ramo ha incidido en que la futura ley establece también la elaboración de un mapa de servicios sociales, que permitirá conocer las necesidades sociales de las distintas zonas y en el que se tendrán en cuenta criterios demográficos, geográficos, organizativos y de comunicaciones y sociales.
Finalmente, el proyecto prevé la puesta en marcha de la Red Andaluza de Investigación de Políticas Sociales, "especialmente orientada a la formación y al trabajo investigador de los profesionales", e introduce la perspectiva deontológica al disponer la creación del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Andalucía y la elaboración de un código de ética profesional y otro para las entidades proveedoras del sistema público.
ENMIENDA A LA TOTALIDAD DE IULV-CA
Tras la consejera ha intervenido la portavoz parlamentaria adjunta de IULV-CA, Elena Cortés, quien ha argumentado con "ocho razones" la enmienda a la totalidad presentada por su grupo a una ley que, no obstante, coincide con la Junta en considerar que tiene "una extraordinaria importancia", pero que "supone en algunos casos un retroceso respecto a la ley de 1988" a la que viene a sustituir, porque "quiere convertir derechos humanos en oportunidades de negocio".
"Viene a privatizar los servicios sociales", ha incidido Cortés, que en esa línea ha aseverado que "poner el botín de los servicios sociales al amparo de las empresas con ánimo de lucro" y llegar a "una alianza" con ellas constituye "motivo suficiente para interponer una enmienda a la totalidad" de la ley.
Además, la representante de IU ha criticado que "establece los mismos cauces y métodos de participación de la de 1988", de modo que "repite esquemas de participación ciudadana del siglo pasado".
El PP-A ha votado en contra de esta enmienda a la totalidad porque, según ha indicado la diputada Ana Vanessa García, creen que la referida ley es "más que necesaria" y quieren que se tramite con la esperanza de que, entre los cinco grupos parlamentarios, se pueda "hacer una buena ley".
Para ello queda "mucho trabajo", según ha apostillado García, que considera que con esta ley se ha dado "un paso atrás" y "la Consejería no compromete absolutamente a nada" en materia de financiación. "Que la memoria económica de una ley de este calibre haya sido el presupuesto de la Consejería para 2016 nos parece muy poco serio", ha resumido la 'popular'.
La enmienda a la totalidad de IU tampoco ha contado con el apoyo de Podemos porque en la formación 'morada' ha primado la "necesidad imperiosa" de una ley sobre servicios sociales a la hora de decantar su voto, según ha expuesto la diputada Esperanza Gómez, que, no obstante, ha criticado el "decepcionante" contenido del proyecto aprobado por el Consejo de Gobierno.
Así, ha señalado que "los servicios sociales, por su entidad, tendrían que ser reconocidos a todas las personas que tuvieran vecindad administrativa en la comunidad", y que en este proyecto "las prestaciones garantizadas están sujetas a la estabilidad presupuestaria y, por tanto, al pago de la deuda". "En muchas cuestiones la ley nos parece una vuelta atrás", ha resumido.
También Ciudadanos (C's), que se ha posicionado a través de la diputada Isabel Albás, ha votado a favor de la toma en consideración de la ley porque consideran "fundamental" su aprobación, ya que "los servicios sociales atienden en Andalucía a un millón de personas, que coinciden en ser las más desfavorecidas".
Finalmente, la socialista Soledad Pérez ha trasladado el apoyo del PSOE-A a una de las leyes "más necesarias y demandadas" de Andalucía y que es "novedosa e innovadora", por lo que ha rechazado la enmienda a la totalidad de IU, a cuya portavoz adjunta, Elena Cortés, le ha señalado que "se equivoca de palmo a palmo" con su planteamiento.
