La Junta completa la retirada de concertinas en centros de menores

Jesús Maeztu
EUROPA PRESS/PARLAMENTO/ARCHIVO
Actualizado: jueves, 21 abril 2016 12:18
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SEVILLA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha valorado la retirada definitiva de las concertinas en los centros de internamiento de menores infractores que aún las tenían en Andalucía, así como la búsqueda de alternativas en los sistemas de seguridad de estos centros, en los que reciben atención más de 700 menores privados de libertad.

   Así lo ha indicado Maeztu en su comparecencia ante la Comisión de Justicia e Interior en el Parlamento de Andalucía, donde ha presentado el informe especial 'La atención a menores infractores en centros de internamiento de Andalucía' relativo a 2013, en el que el Defensor del Menor recogía esta situación, rechazaba este tipo de recursos y emplaza a la Consejería a su supresión.

   Maeztu ha explicado que, "atendiendo a esta demanda, a partir del pasado 1 de enero, la Consejería de Justicia dio instrucciones a todas las entidades que gestionan los centros para que retirasen las concertinas de estos establecimientos, adoptando medidas alternativas que garanticen la seguridad" de los menores. La fecha límite para la retirada de estos dispositivos fue el pasado 28 de febrero.

   El titular de la Defensoría ha considerado "que es posible la instalación de otros elementos de seguridad disuasorios sobre el vallado de los centros que dificulte su salto al exterior por los internos, pero que no produzcan los efectos negativos para la integridad física de las personas que actualmente tiene el uso de las concertinas".

   En cuanto al uso de concertinas, el titular de la institución ha argumentado que "es verdad que los centros de internamientos son establecimientos en los que los menores están privados de libertad y deben disponer, por consiguiente, de medidas que disuadan de posibles fugas. Pero no es menos cierto los dispositivos de seguridad instalados no se pueden llevar al extremo de cohibir desproporcionadamente la conducta del menor internado".

HUELVA CUENTA YA CON UN CENTRO CON 20 PLAZAS

   En su intervención en el debate, el Defensor del Menor ha subrayado otras recomendaciones aceptadas por la Administración como el desajuste de las plazas de los centros en las provincias. Ha destacado que desde el pasado abril de 2015 la Junta ha realizado una nueva reorganización y distribución de los centros, en la que se ha tenido en cuenta el incremento de la población femenina y creado nuevas unidades de internamiento terapéutico. Además, desde enero de este año la provincia de Huelva cuenta ya con un centro de internamiento con 20 plazas, dando cumplimiento a una reiterada petición de la institución.

   Maeztu ha valorado que "se ha dado, por tanto, un paso adelante en el difícil proceso de reorganización y distribución de los centros", aunque ha precisado que "la tarea no ha concluido, especialmente por lo que respecta a las provincias de Málaga y Granada". "Los menores infractores de estas provincias continúan teniendo serias dificultades para cumplir la medida de internamiento en un recurso cercano a su domicilio familiar debido a la escasez de plazas en cada uno de los centros existentes", ha subrayado el Defensor.

   También ha encontrado una respuesta positiva por parte de la Junta la demanda de una línea de ayudas económicas para aquellas familias con escasos recursos económicos que ven limitadas sus posibilidades de visitar al menor interno por encontrarse el centro alejado de su casa.

   Asimismo, ha sido subsanada la carencia detectada en el momento de elaborar el informe sobre una normativa reguladora de la organización, el funcionamiento y las características de los centros de internamiento, gracias a la aprobación del decreto 98/2015, de 3 de marzo, que "regula el funcionamiento de los centros y la creación de una comisión andaluza de centros de menores infractores".

   Entre las propuestas del Defensor para garantizar las protección de los derechos del menor durante el desarrollo de la medida de internamiento se ha aceptado que sea un único letrado el que defienda al menor en todas las causas pendientes; potenciar el uso de la videoconferencia para comunicaciones entre el letrado y el menor; o el acceso del letrado al expediente que consta en la base informática Intra, con toda la información del cumplimiento de la medida.

   Maeztu se ha referido también a los cuestiones que tienen una especial atención en el informe como la formación del menor en el centro y la prestación económica por desinternamiento. En este sentido, explica que "cuando se termina la formación no existe un certificado homologado, y dicha carencia queda suplida con un certificado del centro", un extremo que el Defensor considera "contradictorio" ya que "puede tener un efecto disuasorio por la estigmatización".

   Otras recomendaciones presentadas en el informe y cuyo cumplimiento requiere de actuaciones coordinadas entre distintas administraciones, están aún pendientes de ejecución, como es el caso de los menores con problemas de salud mental. En este sentido, el Defensor pide "un incremento de las medidas preventivas y actuaciones eficaces ante los problemas de salud mental de los menores antes de llegar a los centros".

PREOCUPACIÓN POR EL AUMENTO DE VIOLENCIA DE HIJOS A PADRES

   Por último, Maeztu ha expresado su preocupación por el aumento de la violencia de hijos a padres. Así, recordó que el número de sentencias impuestas a menores de entre 14 y 17 años por casos de este tipo de violencia "ha aumentado un 60% en sólo cinco años --de 2007 a 2013-- en nuestra comunidad", y que este tipo de delitos "supone un 11,4% del total", con un mayor aumento en el caso de las chicas. Además, alerta de que "muchos no tienen conciencia de que martirizan a sus padres" y que estas conductas se dan en todos los niveles socieconómicos.

   La intervención de los grupos se ha iniciado con María del Carmen Pérez de IU, que ve necesario que las consejerías de Igualdad y Políticas Sociales, Salud y Justicia enfoquen sus trabajos a la prevención "a través de un convenio", al tiempo que, entre otras cuestiones, no comparte el hecho de que se subcontrate la gestión de estos centros porque significa "priorizar la parte económica a la educativa".

    Begoña Gutiérrez de Podemos ha señala como prioritario la cercanía del menor a su domicilio y desea que se establezcan líneas de ayudas económicas para facilitar la visita de los familiares. Además, apuesta por aumentar las medidas de prevención para jóvenes que presentan signos de delincuencia leve y ve "contraproducente" salir con un certificado de un centro de menores, cuya situación quieren conocer de primera mano, para lo que han pedido autorización.

    José Antonio Funes de Ciudadanos ha señalado que "no puede ser que los menores estén ubicados en provincias distintas a su domicilio familiar", una cuestión que, a su juicio, "se debería atajar con prontitud y que debería incluso ser ilegal". Igualmente, y sobre el hecho de que la violencia filioparental se dé cada vez más en las familias de clase media y alta, asegura que "quizás se educa a los hijos de una manera light sin normas de referencia ni principios claros".

   Por su parte, a la diputada popular Rosalía Espinosa asegura que el Gobierno andaluz "no se está teniendo la necesaria sensibilidad", ha anunciado que presentarán sendas iniciativas en el Parlamento para la homologación de las titulaciones y mejorar la defensa jurídica de los jóvenes e instan al Defensor a que "pida un plan de justicia juvenil pero con presupuesto".

   Por último, desde el grupo parlamentario socialistas han reconocido el trabajo que se está haciendo, afirman que la educación "es una pilar clave en la reconducción de la vida de estos jóvenes" y destacan la apuesta del Gobierno andaluz "por una política orientada en la rehabilitación, en contraposición al enfoque del Gobierno central que es una política más orientada al castigo penal".