Málaga.- La Junta niega haber firmado convenios con Roca y subraya que no se lucra de "actividades ilegales"

SEVILLA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Obras Públicas y Transportes, Concepción Gutiérrez, negó hoy que la Junta de Andalucía haya suscrito algún tipo de convenio con el presunto 'cerebro' de la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, mientras que, en relación con la recaudación del impuesto de transmisiones patrimoniales de viviendas ilegales, subrayó que la Administración autonómica "no se lucra de ninguna actividad ilegal".

Preguntada por los periodistas en rueda de prensa, Gutiérrez indicó que en 2004 se firmó un acuerdo con el Consistorio marbellí para que el Gobierno andaluz asumiera "directamente" la redacción del nuevo planeamiento urbanístico de la ciudad, un documento que "se presentó públicamente".

Así, apuntó que, "tras rechazar sistemáticamente los convenios urbanísticos de Roca en 1998, 2000 y 2003, la Junta apostó en 2004 por hacer directamente el plan y para ello se firmó un convenio con el Ayuntamiento y se contrató a Manuel Ángel González Fustegueras como persona independiente que pudiera diseñar un plan de futuro y limpio para Marbella".

Sin embargo, la consejera señaló que en 2005, cuando concluyó el Avance del Plan General de Ordenación Urbana, el acuerdo "se rompió completamente porque el Ayuntamiento no vio reflejados los convenios urbanísticos que tenía previamente", tras lo que, según recordó, la Administración autonómica retiró las competencias en materia de urbanismo al Gobierno municipal.

"El objetivo de la Junta es hacer el plan para garantizar una seguridad jurídica, que es lo que han demandado siempre todos los agentes sociales y económicos y el propio Parlamento andaluz", apuntó la titular de Obras Públicas, que remarcó que, por tanto, "no hay ningún convenio con Roca, sino todo lo contrario".

Gutiérrez, que destacó que el Parlamento avaló que la Junta asumiera las competencias para elaborar el PGOU de Marbella, incidió en que sólo "ha habido eliminación, dentro del ámbito jurídico, de todos los convenios urbanísticos firmados con Roca en 1998, 2000 y 2003, mientras que en 2004 se firmó un convenio para realizar el plan desde la Junta".

En cuanto a los posibles ingresos por la recaudación de impuestos por venta de viviendas ilegales en la ciudad --que IU cifra en unos 630 millones de euros--, subrayó que la Junta "no se lucra bajo ningún concepto de ninguna actividad ilegal". "Serán los jueces los que determinen la situación de legalidad y, por tanto, habrá que estar a las sentencias concretas de en cada caso concreto", concluyó.