'Manos Limpias' pedirá que la juez reclame a la Junta "todos" los ERE bajo apercibimiento de desobediencia

SEVILLA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato 'Manos Limpias', personado como acusación popular en las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla sobre la posible "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la Junta de Andalucía, reclamará "formalmente" a la juez Mercedes Alaya que exija a la Consejería de Empleo la documentación correspondiente a "todos" los expedientes de regulación de empleo susceptibles de ser indagados, bajo apercibimiento incluso de posibles delitos de "obstrucción a la justicia y desobediencia" en el caso de no dar satisfacción a este mandato. Y es que 'Manos Limpias' sospecha de una "presunta destrucción de pruebas" para "minimizar" los hechos investigados.

La querella promovida por 'Manos Limpias' ante el Juzgado de Instrucción número seis, como se ha informado, ha sido admitida parcialmente por la juez Mercedes Alaya en cuanto a posibles delitos continuados de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y estafa.

La querella, así, señala como conocedores de los hechos al ex consejero de Empleo Antonio Fernández; al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, al ex delegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas, al exalcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo y a los exmiembros de la Agrupación socialista de Camas (Sevilla) Ricardo Medina y Juan Manuel López Espada, además del vigente responsable de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA).

PREJUBILACIONES FRAUDULENTAS

Además, va dirigida contra los responsables de una treintena de empresas que "se han beneficiado" de los fondos autonómicos destinados a estos expedientes de regulación de empleo en los que habrían sido localizadas 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancias administrativas", según la información trasladada por la Consejería de Empleo a raíz de la investigación interna promovida a tal efecto. Se trata de empresas como Altadis, SOS Cuétara, Intersur, Astilleros de Huelva, Hitemasa, Incosol, 'Cash Lepe', Calderinox, Bonpunt, Saldauto, Graficromo, Cydeplast, Smurfit, Surcolor, Springer Arteferro o Germans.

En la querella, en esa misma línea, figuran el administrador de 'Hermes Consulting', Francisco Limón, y los directivos de la empresa de previsión social 'Vitalia Vida' Antonio José Albarracín y Francisco González, dado que tales empresas habían mediado en los trámites correspondientes a estos expedientes de regulación de empleo.

Como es conocido, según la Policía Judicial, gracias a la firma de un acuerdo entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el por entonces Instituto de Fomento de Andalucía, la última de las instituciones se convertía en la pagadora de estas subvenciones "evitando los controles y la fiscalización propia" de este tipo de libramientos. Las ayudas libradas mediante este método, ni siquiera publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y valoradas en 647.869.157,45 euros, constituyen según la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante" de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

PETICIÓN "URGENTE" A LA JUEZ

A tal efecto, este miércoles el coordinador nacional de 'Manos Limpias', Pablo Cañete, su secretario general, Miguel Bernat, la representante de su equipo jurídico, Virginia López, y el abogado José María López León han celebrado en Sevilla una rueda de prensa para anunciar sus próximos movimientos en estas diligencias. En concreto, han anunciado que este mismo jueves, el sindicato reclamará que la juez Mercedes Alaya exija "urgentemente" a la Consejería de Empleo la entrega de "todos" los expedientes de regulación de empleo susceptibles de ser incluidos en la investigación, bajo apercibimiento incluso de posibles delitos de "obstrucción a la justicia y desobediencia" en el caso de no ser cumplida la orden.

Esta petición obedece a que, según Cañete, la Junta "se muestra perezosa" a la hora de enviar a la juez Mercedes Alaya la documentación requerida. "Puede existir, presuntamente, una destrucción de pruebas para minimizar" los hechos, ha señalado el coordinador nacional de 'Manos Limpias', quien ha señalado que la Consejería de Empleo ha trasladado a l juez solo la documentación "incompleta" de una docena de expedientes de regulación de empleo.

LAS "APARIENCIAS" DE LA JUNTA

Y es que, a su juicio, la personación de la Junta de Andalucía en las diligencias como acusación, es un mero gesto hacia la galería, una cobertura de "apariencias" para "blindarse" ante la opinión pública y tener además acceso a las diligencias. Además, Cañete ha advertido de que la querella promovida por su organización es susceptible de futuras ampliaciones en función del avance de la investigación, porque la intención de 'Manos Limpias' es "llegar a las altas instancias" por lo que a estas diligencias se refiere.

"Ha podido haber una responsabilidad por complicidad o encubrimiento por parte de las altas instancias de la Junta de Andalucía", ha señalado Pablo Cañete lamentando que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, fije en aproximadamente diez millones de euros la cuantía defraudada a través de las prejubilaciones falsas. Desde su perspectiva, se trata de un intento de "minimizar" los hechos.

Además, Cañete ha anunciado que su organización extenderá su querella contra "todos" los beneficiarios de las prejubilaciones fraudulentas o 'intrusos', cuyo número se elevaría a 72 según la última actuación de la Consejería de Empleo, que detecta además incidencias o "discordancias" en otras 111 prejubilaciones.