Un miembro de Patrimonio lamenta que "se obvien" cautelas arqueológicas en un proyecto del Arzobispado de Sevilla

SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alejandro Jiménez Hernández, miembro de la Comisión Provincial de Patrimonio de Sevilla en representación del Colegio Oficial de doctores y licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Sevilla y Huelva, ha dejado constancia por escrito de su "desacuerdo" con la cautela arqueológica aprobada para el proyecto básico y de ejecución para la restauración de la iglesia de San Pedro en el municipio sevillano de Sanlúcar la Mayor. Un proyecto para el que los miembros del citado organismo autonómico han informado "favorablemente".

En el voto emitido por Jiménez Hernández consultado por Europa Press se califica el seguimiento arqueológico aprobado de "inapropiado" y "arbitrario" ya que "a los casos presentados a esta comisión con particulares afecciones similares sí se les imponen cautelas adecuadas, mientras que en éste [caso], cuyo promotor es el Arzobispado con subvención de la Junta de Andalucía, se obvian".

"Aquí --continúa el escrito-- debía ser obligada una actividad arqueológica previa de excavación arqueológica con sondeos y análisis arqueológico de estructuras emergentes con carácter previo al inicio de las obras y un posterior control arqueológico de movimientos de tierras cuando se inicien estos trabajos".

La Comisión de Patrimonio ha concedido licencia para la rehabilitación de la iglesia de San Pedro de Sanlúcar la Mayor con la obligación de "ejecutar un seguimiento arqueológico ajustado en el reglamento de Actividades Arqueológicas" y "será necesario la presentación de un informe descriptivo de la naturaleza, alcance y resultados a la finalización de los trabajos".

Entiende el miembro de la Comisión que, en el caso de este Bien de Interés Cultural (BIC) con tipología de Monumento, debe aplicarse "la cautela de análisis arqueológico de estructuras emergentes, creada para estos casos concretos". "Las actividades arqueológicas derivadas de las cautelas tienen como finalidad la de documentar aquellos restos que puedan desaparecer o resultar dañados durante las obras y, sobre todo en los proyectos de restauración, aportar información histórica relevante que pueda incorporarse y modificar el proyecto arquitectónico para que éste cuente con la suficiente información para que sea lo más respetuoso posible con los valores del BIC".

Finalmente, Alejandro Jiménez Hernández lamenta que "el mensaje que se da a la ciudadanía es que las cautelas arqueológicas son imposiciones inútiles, simples cargas que no aportan beneficio al patrimonio histórico y que hay diferencias entre promotores, a unos recae todo el peso de la norma y otros pueden eludir a capricho".