SEVILLA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -
El sector de monitores o auxiliares administrativos en centros educativos andaluces afectados tras el anuncio de la Junta de asumir por medio de una oferta de empleo público sus funciones ha confirmado que la administración autonómica ha agilizado en los últimos días las resoluciones para propiciar la incorporación de estos profesionales a los colegios de cara al inicio del proceso de escolarización el próximo 1 de marzo.
Desde el colectivo 'S.O.S. Monitores' se ha explicado a Europa Press que, según parece, la intención es que para ese día estén todos los colegios con monitor, ya sea por reincorporación de aquellos con sentencia judicial a favor o por la integración de trabajadores procedentes de las bolsas de empleo.
A finales de diciembre el colectivo lamentaba que solo un 4 por ciento de los más de 400 profesionales que cuentan con sentencia judicial a favor había podido reincorporarse de nuevo a sus puestos, a pesar de que la administración apuntaba a primeros del pasado mes de octubre como momento en el que la situación se resolvería.
A día de hoy, 40 monitores de Jerez y Campo de Gibraltar cuyas resoluciones se publicaron a mediados de diciembre han firmado sus contratos y se incorporan este viernes a los centros, quedando aún en la provincia gaditana las resoluciones de otros 40. En Málaga se han publicado 21 y en Almería 17, y resta por llamar el resto de las plazas publicadas en diciembre, algunas de Granada y Sevilla.
La Junta ha venido publicando en boletín oficial tanto la modificación parcial de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Administración General para crear hasta 205 puestos de trabajo de monitores escolares como, a su vez, los cambios acometidos para comenzar a dar cabida a este colectivo.
Estas publicaciones, además, coincidieron en el tiempo con la finalización de la prórroga al grupo de trabajadores contratados a raíz del Plan de Choque puesto en marcha por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte al finalizar contrato con la empresa que había subcontratado en condiciones de precariedad a los anteriores auxiliares administrativos, y que en muchos casos en los que se negaron a firmar la prórroga han judicializado los despidos por considerarlos ilegales.
En este sentido, una denuncia realizada ante la Inspección de Trabajo en Málaga se ha solventado con una resolución, consultada por Europa Press, en la que se concluye que en los contratos del plan de choque no se refleja causa justificativa de la temporalidad aducida por la Junta, dado que "se cubre una necesidad de carácter permanente".
De esta forma, la Inspección de Trabajo entiende que estos empleados deben tener la consideración de indefinidos y pueden acudir a la jurisdicción competente en el supuesto de que se extinga su relación laboral.
