SEVILLA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Educación, Mar Moreno, ha advertido de que el Ministerio de Educación va a sacar la Constitución de la "mochila" de los estudiantes, asegurando que la reforma educativa del Gobierno de la Nación hace retroceder "cuarenta años", rompe la igualdad de oportunidades consagrada en la Carta Magna, "clasifica y separa" al alumnado en itinerarios y vías muertas, y "expulsa" del sistema a quienes tienen más dificultades.
Durante su intervención en el Pleno del Parlamento, a fin de informar sobre los resultados de la Conferencia Sectorial de Educación, Moreno ha dicho que, "por desgracia y si no se remedia", se va a aprobar la reforma educativa del Gobierno de Rajoy, "una de las leyes con menos consenso de la historia".
Moreno ha hecho hincapié en la eliminación de la asignatura sobre valores cívicos y constitucionales, que desaparece del currículum, y ha resaltado que hasta ahora era posible que "Constitución y Biblia convivieran en la mochila del alumnado". En su opinión, el Ministerio "ha escuchado a la Iglesia", pero "no escucha a quienes quieren que sus hijos conozcan y respeten sus derechos y deberes de ciudadanía".
Moreno ha lamentado que en la pasada Conferencia Sectorial celebrada el 29 de noviembre se presentara un nuevo texto que no se negoció en el Ministerio ni en el Consejo Escolar de España. El nuevo texto, según ha señalado la consejera, "se negoció en Toledo en una reunión exclusiva de las comunidades gobernadas por el PP", y se presentó con solo 24 horas de antelación a la Conferencia.
"El Ministerio ha escuchado a la Conferencia Episcopal, ha escuchado al ala más dura del PP, ha escuchado a los propietarios de la enseñanza privada, ha escuchado a los nostálgicos del pasado, pero no está escuchando a la comunidad educativa, no está escuchando a la escuela pública ni está escuchando a organismos internacionales", ha afirmado la consejera de Educación.
Asimismo, según ha apuntado Moreno, el Gobierno andaluz es partidario de que las leyes educativas se aprueben con el máximo consenso posible, como según ha destacado, fue el caso de la Ley de Educación de Andalucía (LEA), tras dos años de negociación, frente a los "tres meses escasos" de esta reforma, tras los cuales el Gobierno "ha renunciado a negociar".
Moreno ha señalado que la Junta de Andalucía ha participado "activa y de manera constructiva" en el proceso de elaboración de la nueva normativa, pese a no compartir su contenido inicial, "ofreciendo diálogo" y enviando un documento con nueve puntos de encuentro alternativos que ponían el énfasis en la equidad, la flexibilidad, la formación del profesorado, la necesidad de fomentar la cultura de la evaluación, la enseñanza de valores constitucionales, la democracia y participación y en la financiación de la educación.
Posteriormente, según ha explicado la consejera, la Junta remitió otro informe basado en dictámenes de organismos internacionales y opiniones de expertos, que fundamentaban técnicamente las propuestas de la comunidad. "Hemos ofrecido argumentos de peso y huido en todo momento de la confrontación", ha asegurado Moreno, quien ha indicado que la reforma pretende convertir la educación en "una autopista de peaje para los que puedan y en una carretera secundaria llena de obstáculos para los demás".
La consejera, que ha asegurado que el Gobierno andaluz mantendrá hasta "el último minuto" su oferta de diálogo, ha destacado que la Administración andaluza "voz institucional" a la comunidad educativa andaluza, señalando que las críticas realizadas no son exclusivas de PSOE e IU, sino de las organizaciones sociales que forman parte del Consejo Escolar de Andalucía.
Ha pedido un esfuerzo de responsabilidad a los 'populares' y ha dicho que todavía se está a tiempo de evitar "un error de consecuencias históricas". "Se está abriendo una caja de pandora", ha señalado Moreno, quien ha destacado que solo será posible un consenso si el Ministerio cede, algo que ha considerado poco probable.
PP-A CRITICA LA "CONFRONTACIÓN" CON EL GOBIERNO
En el turno de intervención de los grupos parlamentarios, la diputada del PP-A Marifrán Carazo ha considerado que el Gobierno andaluz ha optado por la "confrontación" con el Ejecutivo central en materia educativa, utilizando "la demagogia y la descalificación". Ha considerado "necesaria y beneficiosa" para Andalucía la reforma educativa del Gobierno de la Nación, frente a la "autocomplacencia y prepotencia" de la Administración andaluza.
Carazo ha acusado a la Junta de no haber sabido gestionar la educación en Andalucía y marcar prioridades, lo que, a su juicio, ha llevado a las elevadas tasas de fracaso escolar. Así, tras indicar que la Junta ha "malgastado" en programas "inútiles", ha pedido al Gobierno andaluz que haga frente al debate de la reforma educativa de una manera "responsable" y que no desaproveche esta oportunidad "con teatros y golpes de pecho".
Por su parte, la diputada del PSOE-A María Luisa Bustinduy ha considerado que el borrador de esta normativa mete "en el túnel del tiempo" a la educación, volviéndola "segregadora y rompiendo con la igualdad de oportunidades". En su opinión, este anteproyecto responde a criterios "ideológicos de la derecha más rancia de este país".
La parlamentaria socialista, que ha advertido de que el Gobierno de Rajoy no va a perder la oportunidad de usar su mayoría absoluta como "una apisonadora para la educación", ha indicado que los 'populares' pretenden convertir este derecho en "una carrera de obstáculos", primando la educación privada y los intereses de la Iglesia católica.
IULV-CA PIDE LA DIMISIÓN DE WERT Y LA RETIRADA DEL ANTEPROYECTO
Finalmente, la diputada de IULV-CA Marina Segura ha considerado que el PP ha pasado de tener un anteproyecto de reforma educativa "malo y rechazado" por el Consejo de Educación a otro "verdaderamente nefasto". En su opinión, los cambios realizados hacen que esta "contrarreforma" gire "aún más hacia la derecha" y vuelva a los tiempos en los que "solo estudiaban los ricos y algún que otro pobre gracias a la beneficiencia del señorito de pueblo".
La parlamentaria de IULV-CA, que ha indicado que en esta reforma educativa la Iglesia católica "vuelve a dirigir los designios educativos", ha pedido la dimisión del ministro de Educación, José Ignacio Wert, la retirada del anteproyecto de ley y el apoyo de la ciudadanía a las movilizaciones convocadas en contra de dicha reforma educativa, "que convierte la educación en una mercancía".
