Nuevos plazos de desalojo para los 'Caracoleños' y mañana la última tanda en el juzgado

SEVILLA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla ha dictado para varias familias pertenecientes al clan de los 'Caracoleños', --exiliado del Polígono Sur entre abril y agosto de 2009 tras un tiroteo en el que murió un menor de etnia gitana--, nuevos plazos de diez días para el desalojo voluntario de las viviendas públicas precintadas por Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) durante su éxodo, por lo que mañana comparecerá el último cupo de familias denunciadas por la Administración autonómica mientras los afectados están recurriendo sistemáticamente tales resoluciones.

José Estanislao López, el abogado que representa los intereses de este colectivo de etnia gitana, informó a Europa Press de que el Juzgado de Instrucción número ocho, conforme a las diligencias incoadas por la denuncia de EPSA, ha tomado hoy declaración a unas 12 personas pertenecientes a este colectivo de familias. Como en los anteriores casos, las comparecencias de se han resuelto con la habilitación de plazos de diez días para el desalojo voluntario de estas viviendas pertenecientes a la Administración autonómica, dado que estas personas ocuparon nuevamente los inmuebles el 31 de julio de 2009 pese a que ya habían sido precintadas por EPSA.

En todos casos, los denunciados están reconociendo que carecen de documentación en cuanto a las viviendas en cuestión, de promoción pública, y que las adquirieron a sus anteriores moradores, por lo que el Juzgado de Instrucción número ocho les atribuye una ocupación de estas viviendas públicas sin el correspondiente "título" legal que les habilite para ello.

José Estanislao López, ante la denuncia de EPSA, está esgrimiendo el "principio de igualdad y de actuación no discriminatoria" en defensa de estas familias, dado que la ausencia de documentación efectiva que les vincule con las viviendas es una situación en la que también incurren buena parte de los habitantes "del resto de pisos de esa barriada", en alusión a las Tres Mil Viviendas. Igualmente, anunció que intentará acreditar que durante varios años, el colectivo de familias habitó estos pisos "con el conocimiento de la Junta de Andalucía y sin que nadie les requiriese para abandonar las viviendas".

De cualquier forma, mañana prestarán declaración las últimas familias convocadas por el Juzgado de Instrucción número ocho, que no obstante habrá de fijar aún las comparecencias de unas cinco o siete personas que no han asistido a las declaraciones por distintos motivos.

DEL POBLADO DE LOS BERMEJALES A LAS ÓRDENES DE DESALOJO

Estas familias, que en 2004 protagonizaron el polémico desalojo del poblado chabolista de Los Bermejales al entregarles el Consistorio hispalense partidas de 42.000 euros por su marcha, se auto exiliaron del Polígono Sur en abril de 2009 por temor a represalias ante la muerte de un menor en un tiroteo, pero el 31 de julio de aquel año, tras todo un éxodo chabolista, regresaron a las viviendas que antiguamente ocupaban pese a haber sido precintadas por EPSA. Durante y después del éxodo, periodo en el que habitaron diversos asentamientos chabolistas, la ya extinta Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio inició una investigación administrativa en torno a la situación y el régimen de las 41 viviendas públicas habitadas por estas familias

De la mencionada investigación administrativa, cabe recordarlo, se desprende que al menos 36 de las 41 familias que componen el clan y que ocupaban desde aproximadamente 2004 estas viviendas públicas carecían de vinculo legal alguno con los pisos en cuestión. En concreto, la administración autonómica resolvió positivamente en cinco de los 41 expedientes instruidos para determinar la propiedad y regularización de las viviendas, mientras que en 36 casos no se pudo demostrar la propiedad de los ocupantes. De los cinco casos con resolución positiva, no obstante, una familia renunció a la vivienda y otra no pertenecía propiamente al colectivo de chabolistas.