Organizaciones agrarias andaluzas exigen precios justos, mecanismos de mercado y aplicar la preferencia comunitaria

Actualizado: miércoles, 28 octubre 2009 16:00

SEVILLA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones agrarias en Andalucía --Asaja, COAG y UPA-- exigieron hoy de forma conjunta unos precios justos en origen, mecanismos de mercado en la Política Agraria Común (PAC) y la aplicación del principio básico de la preferencia comunitaria frente a los productos de terceros países.

Asimismo, estas son las demandas que reivindicarán las tres organizaciones agrarias en el paro convocado a nivel nacional el día 20 de noviembre y con la movilización en Madrid que se celebrará al día siguiente bajo el lema 'El campo se arruina. Exigimos soluciones', a la que se unirán desde Andalucía --donde el sector agrario supone un tercio de la agricultura y la ganadería del Estado--, y con la que llamarán la atención sobre la situación "crítica" que atraviesa el sector agrario, con "la mayor crisis andaluza de los últimos tiempos".

Las tres organizaciones explicaron que en las movilizaciones exigirán que se garanticen unos precios justos y el poder negociar unos precios mínimos ligados a los costes de producción, así como poner "coto a la posición de dominio de la gran distribución".

Asimismo, destacaron que se debe exigir las mismas condiciones de producción y garantías sanitarias para los productos de terceros países como para los comunitarios, aplicando el principio de la preferencia comunitaria.

En cuanto a la PAC, insistieron en el establecimiento de una Política Agraria Comunitaria "sólida más allá de 2013" aprovechando la presidencia de España en la Unión Europea a partir del mes de enero.

"FALTA DE RENTABILIDAD"

Esto es necesario, según explicaron, ya que "la falta de rentabilidad" es uno de los mayores problemas del campo que esta viendo reducida su renta agraria real en un 26 por ciento, con la pérdida de 124.000 empleos.

A esto se suma, el incremento "espectacular" de los costes de la producción agraria frente al descenso "generalizado y acuciante" de los precios en origen. Según indicaron, la cadena de distribución agroalimentaria presiona hacia abajo los precios al productor, retrasa los pagos en el tiempo, provoca un exceso de importaciones y la inexistencia de contratos-tipo efectivos.

En este sentido, apuntaron que "la gran distribución alimentaria presiona a la cadena agroalimentaria imponiendo sus condiciones e impidiendo el normal funcionamiento del mercado", ya que "el 82 por ciento de las compras se realizan ya a través de él".

RECONOCER LA SITUACIÓN

El secretario general de COAG-A, Miguel López, destacó a Europa Press que la UE está "maltratando" a la agricultura del Mediterráneo, mientras que está abriendo el camino para países terceros con acuerdos preferenciales que "machacan la capacidad competitiva y económica de España en el mercado".

"Andalucía tiene que pegar un zapatazo dentro del Estado para que se establezca un nuevo diseño comunitario del sector agrario, de manera que los fondos públicos sean para mantener la actividad y no para desmantelar".

Por su parte, el presidente de Asaja-A, Ricardo Serra, llamó la atención sobre que "el sector tiene unos problemas a corto plazo a los que no se les está haciendo frente mientras que en otros sectores sí se le está haciendo". Esto está llevando, según destacó, a "una situación crítica" donde es necesario que "la gente se movilice".

"Hay que tomar conciencia de que el campo tiene problemas" y de que es "un motor para todas las zonas rurales", subrayó, por lo que se mostró esperanzado en que poco a poco el sector vaya conociendo las movilizaciones y acuda a ellas.

Por último, el secretario general de UPA-A, Agustín Rodríguez, destacó el "fracaso" de la PAC en cuanto a la regulación del mercado, ya que ha desmantelado los mecanismos y "tanto el Gobierno como las comunidades se han refugiado bajo la marca de Bruselas y el mercado libre para no actuar".

"La UE tiene que acometer reformas que se necesitan, y hay que aprovechar la presidencia de España, pero las comunidades también tienen que hacer su parte", subrayó en referencia a la Ley de interprofesionalidad y los contratos tipos.