SEVILLA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento ha acordado este miércoles, por unanimidad --107 votos a favor y ninguno en contra ni abstención--, tramitar como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia el decreto-ley que modifica la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía (GICA) para adaptarla a la Ley 21/2013 estatal de Evaluación de Impacto Ambiental.
Como se recordará, este decreto, que fue aprobado el 3 de marzo por el Ejecutivo, ya fue convalidado por la Diputación Permanente del Parlamento a finales de ese mismo mes.
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha explicado la ratificación del decreto-ley por el procedimiento de urgencia responde a la necesidad de adaptar la legislación ambiental autonómica a la estatal, sin menos cabo de nuestra capacidad legislativa "para garantizar la protección y la prevención ambiental de las actividades industriales y económicas que se desarrollan en Andalucía y la seguridad jurídica de los operadores económicos que intervienen en la misma". Así, confía en que, al respaldar el texto, la iniciativa "pueda ser mejorada en la tramitación parlamentaria con las aportaciones de los grupos políticos".
Ha defendido que se tramite por urgencia porque por procedimiento ordinario "habría sido muy engorroso a nivel administrativo y muy inestable a nivel jurídico", lo que, según Fiscal, "habría supuesto un menoscabo en derechos de empresas y ciudadanos".
El decreto-ley tiene como principal objetivo evitar problemas de interpretación y discrepancias entre ambas normas, garantizando tanto el mantenimiento de los procedimientos simplificados vigentes en la comunidad autónoma como la seguridad jurídica para los distintos operadores económicos e institucionales.
Junto con esta adaptación, el decreto ley también incluye un cambio en la Ley 9/2010, de Aguas de Andalucía, con el fin de reforzar la protección de los recursos hídricos en los procesos de elaboración de la planificación urbanística y de ordenación del territorio, así como una habilitación para adquirir vacunas contra el virus de la lengua azul que afecta a las cabañas bovina y ovina, y una actualización de las tasas por inspecciones sanitarias en buques congeladores y factoría.
En relación con la legislación de calidad ambiental, se introducen tres novedades principales. Por un lado, los ajustes normativos permitirán mantener el modelo de Autorización Ambiental Unificada (AAU), vigente en Andalucía desde la entrada en vigor de la Ley GICA en 2007 pero no previsto en la legislación básica estatal. En segundo lugar, se unifican los procedimientos de evaluación ambiental de los planes y programas de las administraciones públicas, lo que agilizará los trámites que afectan al planeamiento urbanístico y a otras estrategias de planificación.
Finalmente, se elimina el procedimiento de calificación ambiental hasta ahora aplicable a 35 actividades económicas de bajo impacto, para las que tan sólo será necesaria la presentación de una declaración responsable de los efectos ambientales por parte de sus promotores.
POSICIÓN DE LOS GRUPOS
Durante el debate en la Cámara, el parlamentario del PP-A Jaime Raynaud, aunque ha defendido el voto a favor de su grupo a la tramitación como proyecto de ley de este decreto-ley, se ha referido al mismo como un "batiburrillo" de medidas, "un prodigio de cohesión y de unidad para un decreto de carácter urgente", según ha ironizado antes de remachar que el Gobierno andaluz tuvo "más de un año", el de 2014, para modificar la norma autonómica.
En esa línea, el 'popular' ha cuestionado que el Ejecutivo considerase, en este 2015, que esta adaptación normativa era "prioritaria para la mejora de la actividad económica", y justificase así su aprobación por la vía del decreto-ley.
La diputada de Podemos Mercedes Barranco ha reivindicado la importancia del medio ambiente, porque "no tendremos calidad de vida si no lo protegemos", y ha defendido que se sitúe "en el corazón de las políticas que se desarrollen". Ha criticado que se antepongan los intereses económicos a los medioambientales y ha demandado a la Junta consenso en esta materia, al tiempo que le ha reprochado que sea "cómplice" del Gobierno central a la hora de "rebajar" los requisitos medioambientales.
Por su parte, el parlamentario de Ciudadanos Sergio Romero ha señalado que la formación naranja ratifica este decreto-ley por la necesidad de que haya un "verdadero consenso" en las decisiones legislativas y para "estudiar con más detenimiento" algunos aspectos del referido texto en el trámite parlamentario. Abogando por una sociedad sostenible, el diputado ha puesto en valor que el texto unifique doctrinas y evite lagunas jurídicas, ya que "debemos ser ágiles" a la hora de hacer adaptaciones en la simplificación de los trámites.
El diputado de IULV-CA José Antonio Castro ha explicado que su formación apoya la ratificación del decreto-ley, del que hacen una "valoración positiva", ya que unifica leyes, simplifica procedimientos administrativos, da seguridad jurídica y permite preservar nuestro sistema de prevención ambiental. Es "fundamental" para IU la tramitación parlamentaria para modificar algunos puntos del texto porque, aunque "hay más elementos favorables que negativos", "hay que perfilarlo" en el trámite.
Por último, el parlamentario socialista Julio Millán ha concluido el debate defendiendo que con este decreto el Gobierno andaluz buscaba "seguir dando una respuesta ágil y eficaz a los retos y demandas que plantea la sociedad andaluza", y que en el trámite parlamentario los grupos puedan agregar mejoras al mismo. Así, ha expuesto que los socialistas respaldan el texto por la regulatoria de informes ambientales "que tienen tanta incidencia en el desarrollo económico por afectar a muchos proyectos empresariales".
