SEVILLA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento andaluz ha aprobado este jueves, por unanimidad, una proposición no de ley (PNL), impulsada por el PP-A, por la que insta al Consejo de Gobierno a incluir en el proyecto de ley de los Presupuestos de Andalucía para 2016 una partida específica que, junto a las medidas de competencia estatal, dote de medios personales y materiales necesarios a la administración de justicia, destinada a reforzar desde la Junta los juzgados que instruyen 'macrocausas', del Tribunal Superior de Justicia y de la Fiscalía Superior de Andalucía, de forma que puedan luchar de forma más eficaz contra la corrupción.
En la comisión de Justicia e Interior, el diputado del PP-A Ramón Ferreira ha defendido que hay que dotar al sistema de más medios en la lucha contra la corrupción y también de medios que sean "más adecuados". Ha advertido que el sentimiento general sobre la administración de justicia en Andalucía "es mejorable" cuando muchos órganos judiciales e instancias "no reúnen todas las condiciones necesarias para desarrollar una labor adecuada".
Durante el debate, el PP-A ha rechazado una enmienda del PSOE-A, si bien finalmente ambos grupos han acordado una transaccional que ha servido para que la iniciativa finalmente cuente con el respaldo de todos los grupos.
Ferreira ha justificado esta PNL cuando muchas de las demandas que se hacen por los órganos judiciales no son atendidas de manera completa por parte de la Junta, una situación que es "especialmente delicada" cuando los órganos instruyen 'macrocausas'.
Ha subrayado que estos tribunales "soportan un volumen de trabajo tan ingente que un órgano judicial dotado de una estructura normal resultan claramente insuficientes". Ha puesto el ejemplo del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla para ilustrar este asunto.
Por todo, y tras recordar que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, se ha manifestado en varias ocasiones "implacable" contra la corrupción, el diputado del PP-A defiende que el Gobierno andaluz debe colaborar "con todos los medios y sin escatimar en recursos" para que ese compromiso de Díaz "no se quede en un titular y se concrete en hechos".
LOS GRUPOS
En su turno, el diputado del PSOE-A Diego Ferrera ha defendido que el Gobierno andaluz, dentro de sus competencias, viene trabajando en hacer posible que las instancias judiciales que luchan contra la corrupción "cuenten con los mayores medios posibles" para realizar su labor; así como ha subrayado que la Fiscalía debe contar con unas estructuras más especializadas y medios suficientes para poder atender a este tipo de delincuencia.
A su entender, con la propuesta inicial del PP-A, que después ha sido modificada merced de una enmienda transaccional acordada con los socialistas, "se olvida el PP de que en esta cuestión hacen falta más medidas al margen de los medios", y ha recordado las medidas necesarias planteadas por los jueces decanos de Andalucía. Además, censura que con el PP en el Gobierno central se han ido mermando los fondos que en los PGE se destinan al sistema judicial. "La inversión del Gobierno central demuestra que el PP no está tan preocupado por la situación de la justicia como parece estarlo en Andalucía", ha advertido.
Por su parte, el parlamentario de Podemos Juan Antonio Gil de los Santos ha saludado la proposición no de ley al entender que "es necesaria una dotación suficiente para los juzgados y tribunales y que es necesario desbloquear los atascos judiciales de los asuntos que preocupan a los andaluces".
Irene Rivera, de Ciudadanos (C's), ha justificado su voto positivo al texto defendiendo que "se debe luchar contra la corrupción", que es causa de "la desafección entre los ciudadanos y los políticos". Además, ha afirmado que el pacto anticorrupción alcanzado por su formación política y el PSOE-A, merced del pacto de investidura, "es más amplio" que la PNL debatida este jueves, de manera que ha invitado a los demás grupos a sumarse al mismo.
Por último, la parlamentaria de IU Carmen Pérez ha esgrimido la Memoria del TSJA para defender la necesidad de que se refuerce el sistema judicial. "La justicia funciona como hace 180 años", ha afirmado antes de pedir que se democratice la justicia y hacer del sistema un mecanismo "ágil y de calidad", así como también ha pedido que se apruebe una carta de derechos de la ciudadanía. Ha lamentado que "todos los órganos judiciales sufran situaciones próximas al colapso".
