SEVILLA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento ha aprobado con los votos a favor de los cuatro grupos de la oposición, PP-A, Podemos, Ciudadanos (C's) e IULV-CA, una proposición de ley por la que el Parlamento insta a la Junta a adoptar las medidas necesarias para que la gestión del servicio telefónico de emergencias sanitarias 061 sea prestado directamente por la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) a partir del 1 de enero de 2017, una vez vencido el contrato vigente con la empresa privada que lo tiene adjudicado hasta finales del 2016, punto al que ha votado en contra el PSOE-A.
En virtud de la iniciativa, el Parlamento también insta a la Junta a que lleve a cabo las actuaciones oportunas para la solución del conflicto laboral y la dignificación de las condiciones laborales de las plantillas de las contratas del 061, extremo que ha sido aprobado por la unanimidad de todos los grupos parlamentarios.
Diputados de los cuatro grupos de la oposición, que refrendan esta iniciativa, han defendido la propuesta ante el Pleno del Parlamento. Así, por el PP-A, la parlamentaria Rosalía Espinosa ha ensalzado la labor de los grandes profesionales del 061 que, "con faltas medios y a pesar de las condiciones laborales, le salvan la cara a la Junta y a la Consejería de Salud".
Ha tildado de "inconcebible" el despido de siete empleadas por ir a la huelga y ha afirmado que los directivos de la Consejería y de la empresa pública "han pecado dejando que este conflicto llegue adonde ha llegado". Espinosa ha explicado que con esta PNL "se le da voz a los trabajadores, pretende que se resuelva el conflicto, mostrar nuestra repulsa a los despidos y, como hay tantos problemas en la gestión del 061, que vuelva la gestión a EPES, para que preste el servicio como se merecen los andaluces y también se merecen los trabajadores".
"Una vez más la ciudadanía por delante de su gobierno", así ha comenzado el diputado de Podemos Jesús Rodríguez su intervención para defender la propuesta, cuando ha criticado que "la calidad del servicio lleva meses en juego y el Gobierno andaluz no ha intervenido, sino que han sido los trabajadores las que han puesto en riesgo su trabajo para sacar adelante un trabajo que no es cualquiera".
A su juicio, la Junta debería recuperar este servicio para "asegurar la eficacia de un servicio esencial y la condición de los trabajadores" y también "decir a las empresas que no tienen ningún interés en velar por lo público que esto no puede seguir así, eso debería hacer un gobierno de izquierdas".
Isabel Albás, de C's, ha recordado a la Junta que "aunque este servicio lo preste una empresa externa, esto no la exime de velar por su buen funcionamiento y por que se cumplan los estándares de calidad y de buena gestión", de manera que le ha reclamado que reconozca el trabajo de este colectivo "imprescindible".
Además, ha apuntado que C's defiende la colaboración público-privada "siempre que sea el sistema que proporcione el mejor sistema posible, cuando suponga un mejor servicio para los andaluces y un ahorro para la administración", y para eso "todas las adjudicaciones deberían ser llevadas con un control absoluto".
Por último, José Antonio Castro, parlamentario de IULV-CA, ha destacado que esta PNL es consecuencia de "una lucha de las trabajadoras por su trabajo, por la calidad del servicio y por la necesidad de que se recupere este servicio público".
Ha criticado que la externalización de este servicio, "que es un eufemismo de privatización", es un negocio "redondo" para las empresas privadas porque "tienen en cuenta el beneficio económico pero no el beneficio social, por lo que baja la calidad del servicio y aumentan el precio".
PSOE-A: LA JUNTA HA INTENTADO INTERMEDIAR
En su turno, el parlamentario del PSOE-A Francisco Vargas ha asegurado que la Consejería de Salud ha puesto en marcha medidas para facilitar la solución de conflictos laborales en la adjudicataria del servicio telefónico "desde el respeto a las relaciones entre el empresario y sus trabajadores".
"Llama la atención la localización de este conflicto, que principalmente afecta al centro de Málaga y al de Cádiz en menor medida", ha señalado el diputado antes de destacar que la Junta ha hecho "varios intentos de poner en marcha un proceso negociador entre la empresa y los trabajadores que no se han concretado", y que la Consejería "ha instado a un proceso de mediación que no ha logrado su objetivo después de semanas de trabajo".
Vargas ha señalado que se trata de una conflicto laboral "puntual" que ha pedido "no extender a la buena imagen que ha tenido siempre este servicio de calidad que se creó hace más de 20 años" y que está externalizado igual que en otras comunidades. Además, ha indicado que el modelo de la gestión de la atención telefónica del 061 ha funcionado durante muchos años "sin problemas" y así "lo reconocen los ciudadanos" con una buena valoración.
El PSOE-A apuesta por una solución "dentro de cauces legales dentro de la negociación colectiva y mediante el diálogo de las partes", así como defiende que las condiciones laborales sean dignas y no está a favor de los despidos, pero rechaza "el acoso sufrido en redes sociales o con escraches".
Asegura que la empresa está intentando una conciliación con los trabajadores ofreciéndoles continuar en un puesto de trabajo de la misma categoría en la que venían trabajando. "EPES ha intentado en todo momento que exista un acercamiento entre las posturas, finalice el conflicto y se restablezca el clima laboral", ha zanjado el socialista.
LOS TRABAJADORES
Esta propuesta recoge, en la exposición de motivos, las reclamaciones de los trabajadores afectados, que denuncian que la Junta ha puesto en manos de empresas privadas la gestión telefónica de los servicios públicos de emergencias y que, "sin aportar nada más que su nombre, se están lucrando con dinero público a la par que otorgan un trato deplorable a los trabajadores y los someten a condiciones sociolaborales propias de sistemas esclavistas".
"Hace más de ocho meses que se vive una conflictividad intensa en estos centros de trabajo", advierten los empleados para apuntar que esta situación se debe al "afán de enriquecimiento de las contratas que no dudan en endurecer las condiciones sociolaborales de los empleados para incrementar sus ya de por sí pingues beneficios".
Denuncian que la contrata adjudicataria "se permite el lujo de despedir a quienes exigen legalmente el cumplimiento de los mínimos legales" y critican que la Junta "consienta estos atropellos" y que "persistan en los cargos de las empresas públicas, como directivos, quienes, no sabemos bajo que intereses, son cómplices necesarios para estos abusos empresariales". Señalan que ya han sido nueve los despedidos en la EPES 061 con expedientes "intachables".
Así las cosas, se preguntan cómo la Junta mantiene como prestadora de servicios esenciales para la Comunidad a una empresa que "ha sido sancionada por la Inspección de Trabajo por fraude en la contratación, sancionada por la Agencia Española de Protección de Datos, y sancionada también por violar derechos fundamentales de sus trabajadores".
