Parlamento pide un porcentaje de inversión igual al de población y acuerdo sobre liquidación de 'deuda histórica'

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz demandó hoy a la Junta que inste al Gobierno central a que, en el seno de la la Comisión Mixta, se acuerde el cumplimiento de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía para Andalucía, de manera que se garantice tanto la liquidación definitiva de las cantidades acordadas en la comisión bilateral en concepto de la 'deuda histórica', así como su "adecuación a la finalidad fijada por dicha disposición y el plazo de liquidación de las mismas", según una propuesta de resolución del PSOE-A planteada en el debate general sobre la repercución de los Presupuestos Generales de Andalucía (PGE) de 2010 en Andalucía, que fue rechazada por PP e IU.

De igual manera, en virtud de otra propuesta del grupo socialista, la Cámara consideró preciso que para dar cumplimiento en su totalidad a la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Andalucía, "debe incrementarse en los Presupuestos Generales del Estado el montante de inversión destinada a nuestra Comunidad Autónoma al objeto de que alcance un porcentaje igual al peso de la población de Andalucía sobre el total nacional", lo que contó con el apoyo de IU y el rechazo del PP.

En este sentido, se aprobó también una propuesta de IU en la que se instaba a la Junta a que demandara al Gobierno central el cumplimiento de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto, revisando, en consecuencia, la suma de las partidas de inversiones del Estado en la comunidad, de forma que sea el equivalente a su peso poblacional en referencia a la población total del país.

Los grupos presentaron un total de 77 propuestas de resolución en el debate general (19, PSOE; 35, PP, y 23, IULV-CA), de las que salieron adelante todas las socialistas, una del PP y otra de IULV-CA, mientras que el resto de la oposición fueron rechazadas.

En virtud de las propuestas de resolución del PSOE-A aprobadas, el Parlamento expresó su respaldo a los objetivos y la orientación del proyecto de Ley de PGE para 2010 y su repercusión en Andalucía, ya que "responden a las necesidades de la sociedad española en la actual coyuntura de crisis económica", al tiempo que consideró "adecuados los criterios marcados", priorizando la inversión social para "repartir equitativamente el coste de la crisis y para ayudar a los que más lo necesitan, así como la inversión productiva para estimular la recuperación económica y seguir avanzando en la modernización de España, haciendo un ejercicio de austeridad para concentrar los esfuerzos en el gasto productivo y social".

De igual manera, el Parlamento expresó su respaldo a un "esquema presupuestario de ingresos y gastos del Estado para el año 2010, basado en un equilibrio entre contención y ahorro del gasto corriente por un lado y modificaciones fiscales que implican un moderado aumento del otro, lo que permitirá mantener y garantizar los servicios publicos fundamentales y la protección social".

La Cámara también valoró que Andalucía sea la comunidad Autónoma de España con mayor inversión en infraestructuras de transporte, con un crecimiento del 0,8% respecto al año 2009, y un montante de 3.108 millones de euros, destacando en este ámbito que sea Andalucía la primera Comunidad Autónoma de España en inversiones en carreteras y en inversiones en aeropuertos.

Del PP-A se aprobó una propuesta en la que se instaba a la Junta a demandar al Gobierno de la Nación el cumplimiento íntegro de lo establecido en el apartado 1 de la Disposición Adicional Segunda de del Estatuto de Autonomía, de manera que los PGE de 2010 consignen unas asignaciones complementarias para hacer frente a las circunstancias socio-económicas de Andalucía, se consideren fuentes excepcionales de financiación y se especifique su destino.

PROPUESTAS DE LA OPOSICIÓN RECHAZADAS

En cuanto a las propuestas del PP-A rechazadas, se incluía el rechazo a los PGE por ser "lesivos" a los intereses de Andalucía, al estar basados "en unas previsiones macroeconómicas falsas, suponer más déficit, más paro y más impuestos, a la vez que no sirven para combatir la crisis, nos alejan de la recuperación económica y no garantizan la cohesión social y territorial del Estado".En este sentido, el PP planteó la conveniencia de la retirada del proyecto de PGE para 2010.

De igual manera, el PP-A, que demandó partidas para el desarrollo de varios planes en la comunidad en distintos ámbitos y para la ejecución de determinadas infraestructuras, pidió el rechazo a los presupuestos porque evidencian el "maltrato" del Gobierno hacia Andalucía y el "incumplimiento vergonzoso" del Estatuto de Autonomía, además de "relegar, un año más" a la comunidad a las "últimas posiciones en inversión por habitante".

Sobre la 'deuda histórica, el PP planteó instar a la Junta que exigiera la inclusión en los PGE de las cantidades pendientes de pago, con el objeto de cumplir el plazo legalmente establecido para su liquidación definitiva en el Estatuto de Autonomía, así como a hacer efectivo, previamente, y con cargo a los PGE de 2009, el anticipo de 300 millones consignados en el Presupuesto de ingresos de la comunidad.

Otras demandas del PP hacían referencia a que la Junta demandara al Gobierno que garantizara la ejecución de las inversiones en Andalucía introduciendo a tal efecto una fórmula que garantice la incorporación automática en los próximos años de partidas que compensen los déficits de inversión acumulados de ejercicios anteriores, así como el establecimiento de cláusulas específicas de responsabilidad del Estado en caso de incumplimiento de la ejecución prevista, tal y como se recoge y regula para otras comunidades autónomas en el proyecto de Ley de PGE.

El grupo popular también reclamó la inclusión de una dotación económica en los PGE para abordar un Plan Integral de Empleo en Andalucía, comunidad con mayor número de parados.

En cuanto a las propuestas de IULV-CA rechazadas, se planteaba el rechazo a los PGE por incluir cuestiones como una reforma Fiscal injusta que pretende incrementar los ingresos aumentando más la contribución impositiva de las rentas más bajas que la de las más altas" y por "incumplir" el Estatuto de Autonomía en lo que se refiere a la 'deuda histórica' y a las inversiones en función del nivel de población de la comunidad.

Concretamente, sobre la 'deuda histórica, Izquierda Unida planteó que la Junta exigiera al Gobierno central que cumpla Disposición Adicional del Estatuto consignando en los PGE una partida presupuestaria concreta de 784 millones, en concepto de su liquidación, y que procediera a la supresión de la disposición adicional cuadragésimo séptima de las cuentas estatales que prevé la posibilidad del cobro en especie.

Otra propuesta rechazada de IU hacía referencia a que la Junta reclamara al Ejecutivo nacional que abonara con carácter inmediato los 300 millones a que se comprometió como anticipo a cuenta de la 'deuda histórica.