Insisten en los sondeos no autorizados, detracciones de agua "por encima de lo estipulado" y niveles de arsénico en el agua reinyectada
Los directivos de la empresa están imputados por supuestos delitos contra el medio ambiente y de daños continuados
SEVILLA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
Los dos peritos antaño adscritos a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) llamados a declarar por el Juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla, en el que reside la causa incoada contra cuatro directivos de la compañía minera 'Cobre las Cruces', han testificado que ya en abril de 2008, un informe reflejaba el "grado general de incumplimiento" de la citada compañía en cuanto a los términos de la concesión administrativa otorgada para explotar el acuífero Niebla-Posadas. Uno de ellos ha testificando que para él "era imposible imaginar que pudiera funcionar tan mal" la mina y otro ha ratificado la "realidad" de pozos clausurados por contaminación por arsénico.
Los dos peritos de la CHG, Mariano Manuel Gregorio P.S. y Juan Luis R.M., han prestado declaración como testigos el miércoles de la semana en curso en el marco de las diligencias incoadas por dicha instancia judicial contra cuatro directivos de 'Cobre las Cruces', filial de la multinacional canadiense 'Inmet Mining', a los que se imputan sendos delitos de daños continuados y contra el medio ambiente. La causa, como se recordará, parte de la querella formulada en su contra por la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico en base a los expedientes sancionadores incoados en 2008 por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre esta explotación minera que ocupa suelos de Gerena, Guillena y Salteras.
Los imputados, en concreto, son el ya ex director general de la compañía, Françoise Fleury, el director de Minas, William Thomas Willliams, el director de Gestión de Aguas de esta empresa, Juan Carlos Baquero, y la directora del área de Medio Ambiente, Paz Cosmen.
La querella en cuestión se remonta al otoño de 2008 y, como ha sido señalado, partía de los expedientes sancionadores incoados por la CHG contra 'Cobre las Cruces' por la detracción no autorizada de 75.000 metros cúbicos de agua del acuífero Niebla-Posadas, la práctica de 20 sondeos no autorizados y el vertido de arsénico y otras sustancias contaminantes a este cauce hídrico. Estas prácticas, de hecho, motivaron que la CHG suspendiera la concesión administrativa otorgada a 'Cobre las Cruces' para el aprovechamiento del acuífero a través de un sistema de drenaje y reinyección de agua.
LA QUERELLA
Los hechos, según la querella, podrían constituir un posible "delito continuado de daños" conforme a los artículos 263 y 264.1.4 del Código Penal, así como un delito contra el medio ambiente en función de los artículos 325 y 326, en sus apartados A y B, del mismo cuerpo legal. Y es que el Ministerio Público consideraba que el incumplimiento de los términos de la concesión administrativa había desencadenado episodios de "contaminación metálica" y "contaminación por oxidación de las aguas drenadas" en el acuífero Niebla-Posadas, que además sufrió una detracción "neta" de 75.000 metros cúbicos como resultado de un desequilibrio en el sistema de drenaje e inyección.
En cuanto a estos hechos, y según las actas de declaraciones recogidas por Europa Press, el ex responsable de Aguas Subterráneas de la CHG Mariano Manuel Gregorio P.S. ha declarado ante el Juzgado de Instrucción número 19 que ya en mayo de 2008, en el marco del seguimiento de la citada concesión administrativa, participó en la elaboración de un informe que revelaba que "el grado de incumplimiento por parte de 'Cobre las Cruces' era general", pues en la autorización librada el 30 de octubre de 2003 sólo se contemplaban "cuatro o cinco sondeos fuera de la corta" y en 2008 "había 26 sondeos". "Los sondeos sin autorización en el fondo de la corta suponían un peligro, porque allí es donde se producía el contacto con el mineral que puede causar la contaminación", ha señalado este técnico.
"POR ENCIMA DE LO ESTIPULADO"
En su declaración ha ratificado que "había una detracción de agua por encima de lo estipulado" y, en cuanto a la concesión administrativa relativa al sistema de drenaje y re inyección autorizado sobre el acuífero Niebla-Posadas, ha explicado que "detectamos tal cantidad de incumplimientos y de fallos del sistema de predicción del futuro que otra cosa distinta a suspender --la autorización-- era adentrarse en unas complicaciones exageradas". Sobre el modelo matemático de previsión, en concreto, cree este testigo que "fallaba en lo más elemental", con un riesgo de "desviaciones muy importantes". Para él, todo esto fue "desconcertante", porque "era imposible imaginar que pudiera funcionar tan mal" el sistema de drenaje y re inyección y toda la gestión hídrica del complejo.
Ha declarado, igualmente, que en el otoño de 2008 fue "apartado" del seguimiento de la mina a instancias del por entonces director general de Dominio Público Hidráulico de la CHG, Javier Serrano, quien le habría dicho "que no le gustaban" sus informes en cuanto al complejo minero.
"CONTAMINACIÓN DE ARSÉNICO"
Juan Luis R.M., de su lado, ha testificado que "es una realidad que había unos pozos que fueron clausurados por contaminación de arsénico", si bien ha reconocido que no puede "precisar" si tal extremo supuso "una contaminación real de todo el acuífero" Niebla-Posadas. De cualquier forma, ha ratificado que "había un nivel de arsénico desproporcionado en la extracción", mientras antes de 2008 "no se había detectado que saliese agua con arsénico". Igualmente, ha creído que "no parecía lógico" que la consultora 'Frasa' "controlase el incumplimiento de las condiciones del contrato" porque, simultáneamente, "estaba colaborando en todo el desarrollo del trabajo" de la mina. A preguntas del juez, ha señalado que "han existido incumplimientos por lo menos de riesgo" y "es evidente que había riesgo de contaminación de las aguas".
En ese punto en concreto, Juan Luis R.M. ha ratificado que en los pozos de la corta minera "el agua que se extraía y se re inyectaba --en el acuífero-- tenían unos niveles de arsénico muy superiores a la norma de abastecimiento humano".
La empresa, filial de la multinacional canadiense 'Inmet Mining', defiende sobre estas diligencias que "en ningún momento" su actividad ha afectado a las aguas subterráneas, amparándose en el "contenido de los informes presentados por agentes externos, que avalan las posiciones de la compañía". Igualmente, la empresa minera cree haber "rebatido suficientemente" la supuesta detracción ilegal de 75.000 metros cúbicos del acuífero Niebla Posadas, la presunta instalación ilegal de balsas y la posible contaminación por arsénico de este cauce hídrico. Sobre este último aspecto, la compañía asegura que "la presencia de arsénico obedecía a la propia naturaleza del acuífero".
