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SEVILLA, 13 May. (EUROPA PRESS) -
La plantilla del servicio municipal de grúa de Sevilla ha avisado este lunes de un supuesto "amaño" en el nuevo contrato promovido por el Ayuntamiento para una nueva adjudicación del servicio, en favor según los trabajadores de que el mismo siga siendo gestionado por la unión temporal de empresas (UTE) conformada por Talleres y Automóviles Diego y Tranfocar, cuya trayectoria al frente de este servicio ha estado marcada por un enquistado conflicto laboral.
Santiago López, portavoz del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en el servicio municipal de grúa, ha asegurado que los pliegos que regulan la nueva licitación de este servicio "no salvaguardan la libre competencia".
Y es que "al suprimir" el requisito de grúas nuevas, "se pierde la mejor relación calidad-precio y se permite concurrir con 15 grúas con hasta un año de antigüedad y que ronden cada una los 100.000 kilómetros, y aún así, obtendrían la máxima puntuación; con el único objetivo de beneficiar a la actual concesionaria, cuyas grúas rondan el año de antigüedad".
Los pliegos, además, "impiden la posibilidad de presentar una declaración responsable, con el compromiso de comprar las 15 grúas,( como suele ser habitual), sustituyéndola por la obligación de tener 15 grúas matriculadas en el momento de la oferta, algo que atenta gravemente contra el libre acceso de las empresas a la licitación, porque ninguna empresa hace una inversión en grúas de un millón de euros sin garantía de la adjudicación, y por tanto, la mayoría de empresas no se presentarán al concurso".
LAS GRÚAS DE LA ACTUAL CONCESIONARIA
"La actual concesionaria casualmente sí dispone de 15 grúas matriculadas, con independencia de que no cumplan ni por maniobrabilidad ni por capacidad de carga con el pliego", expone la representación de la plantilla, anunciando que impugnará los pliegos, al tiempo que sus miembros han iniciado "un encierro" desde la mañana de este lunes en el Ayuntamiento, concretamente en las dependencias del grupo municipal de Podemos-IU, en demanda de rectificar estos pliegos.
Ello, en un contexto en el que la plantilla ha protagonizado una convocatoria de paros parciales durante la Feria de Abril, tras haber renunciado a la misma medida en Semana Santa, al acordar con la empresa la readmisión de los dos empleados despedidos como "represalia" por las movilizaciones de la última Navidad, con el abono del salario dejado de percibir; y una "pequeña subida de sueldo" para los 16 trabajadores de menor antigüedad.
"La plantilla lleva cuatro años sufriendo una congelación salarial, que ha provocado una pérdida de poder adquisitivo por encima del 17 por ciento, además de que la UTE se niega a la renovación de el convenio colectivo y no lo respeta, realizando descuentos económicos injustificados", sostiene la representación de los trabajadores, encabezada por el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España.
En su anterior escrito de preaviso de huelga para el periodo navideño, los representantes sindicales de la plantilla señalaban que la entidad gestora de este servicio público no estaría cumpliendo el acuerdo alcanzado el pasado mes de abril de 2023 precisamente en el seno del Sercla, para poner fin al conflicto laboral que atravesaba ya entonces el servicio, huelga incluida.
EL CONFLICTO DE LA GRÚA
Para la convocatoria de huelga promovida entonces, el sindicato avisaba de que la unión temporal de empresas (UTE) Grúa Sevilla, como entonces nueva adjudicataria de este servicio municipal y encabezada entonces por el Grupo SSG, no había "subrogado las condiciones de los trabajadores de la anterior empresa concesionaria del servicio, limitándose a darles de alta en la Seguridad Social acogiéndolos a un convenio colectivo diferente (convenio colectivo andaluz de grúas móviles autopropulsadas) y no al convenio colectivo de retirada e inmovilización de vehículos, depósito y gestión de cobros de la grúa municipal de Sevilla (...), con la evidente pérdida de derechos económicos y sociales".
El acuerdo alcanzado el pasado mes de abril de 2023 para levantar la convocatoria de huelga implicaba la aplicación del convenio colectivo de empresa del que ya disfrutaba esta plantilla antes de la nueva adjudicación del servicio, pero de manera "transitoria" hasta que pese una resolución judicial que resuelva qué convenio corresponde aplicar, si el convenio propio esgrimido por los trabajadores o el de ámbito autonómico que defiende la empresa.
"INCUMPLIMIENTO" DE LOS ACUERDOS
Pero desde entonces, según el comité de huelga, encabezado por el Sppme, la entidad estaría "faltando de forma recurrente a su compromiso , incurriendo en numerosos, variados y continuos incumplimientos", como el correspondiente a la aplicación transitoria del convenio colectivo "hasta que hubiese resolución judicial que delimite cuál es el convenio aplicable", extremo que según la plantilla aún no ha sucedido.
También avisa del supuesto incumplimiento de los acuerdos correspondientes a los contratos de relevo, al imponer a los trabajadores "cláusulas abusivas de movilidad geográfica"; criticando en paralelo la instalación de "sistemas de videograbación" en el centro de trabajo, con "pretensión" de hacerlo además en los vehículos grúa, con una "más que probable vulneración del derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen" de los trabajadores.