SEVILLA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma 'Compromiso Social para el Progreso de Andalucía' ha exigido "la inmediata" revocación, y en su caso el indulto, de las sentencias condenatorias por ejercer los derechos fundamentales y constitucionales de libre expresión, el derecho de manifestación y el derecho de huelga.
Asimismo, en una nota ha animado al conjunto de la ciudadanía a sumarse a todas las acciones convocadas con motivo de la defensa de dichos derechos, comenzando por las convocadas por los sindicatos de clase UGT y CCOO para este miércoles.
La plataforma ha advertido de "la creciente y preocupante criminalización" del derecho de huelga y de la protesta social que desde el Gobierno de España, "en muchos casos promovidos por la Administración del Estado y el Ministerio Fiscal", se viene dando, lo que supone "una restricción ilegítima de los derechos democráticos más elementales".
"Los ataques que el Gobierno viene ejerciendo sobre la mayoría social de este país en forma de recortes, ajustes y falsa reformas están provocando situaciones insostenibles en el conjunto de la ciudadanía y "un empobrecimiento paulatino del conjunto de la sociedad española", ha subrayado.
En este sentido, ha destacado "los seis millones de personas en paro, los constantes aumentos de las personas sin ningún tipo de prestaciones sociales, los desahucios, el brutal deterioro de las condiciones laborales y salariales, el desmantelamiento de los sistemas públicos de educación, sanidad, dependencia".
Ante esta situación, la ciudadanía ha ido generando distintas formas de protesta social, que van desde las concentraciones y manifestaciones hasta las huelgas generales convocadas por las organizaciones sindicales más representativas.
Frente a estas, según la plataforma, el Gobierno ha endurecido la actuación administrativa y judicial con el objetivo de reprimirlas y acallarlas tomando medidas "ejemplarizantes" para amedrentar a la ciudadanía.
En numerosos casos, el colectivo asegura que la acusación penal que acarrea la imputación de delitos para los que se piden hasta ocho años de cárcel, supone una injerencia de los poderes públicos en el funcionamientos de las organizaciones sindicales y una restricción ilegítima de los derechos democráticos, y de manera singular del derecho de huelga.
